Chilpancingo, Guerrero, a 14 de noviembre de 2025.- En el Parlamento Abierto Ciudadano en Guerrero, para la consulta de la nueva Ley de Aguas, participantes de la sociedad civil, núcleos agrarios y ciudadanos plantearon que la legislación deje de favorecer a las empresas para defender los intereses de la gente.
En el Instituto de Estudios Eduardo Neri del Congreso local, denunciaron que en la Ley de Aguas Nacionales vigente, promulgada en 1982 por Carlos Salinas de Gortari, contaminar el agua no es un delito, sólo es una infracción y quien contamina prefiere pagar multas, antes de corregir el problema de contaminación.
Señalaron los casos de los ayuntamientos de Iguala, Chilpancingo y del proyecto minero Los Filos en Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri.
Indicaron que en Iguala está contaminado el río San Juan y el Ayuntamiento prefiere pagar la multa, “que no es tanto, comparado con asumir el compromiso de tener una planta de tratamiento, para regresar agua tratada al medio ambiente”, indicó unas de las participantes.
Sobre el de Chilpancingo, que sí tiene un planta tratadora de agua, denunciaron que no está tratando al 100 por ciento las aguas residuales, pues sólo capta una pequeña parte de las descargas contaminantes.
Asimismo, señalaron que la mina Los Filos, parada por la falta de acuerdos con el ejido de Carrizalillo sobre la continuidad de la operación o el proceso de cierre de la mina, es una bomba de tiempo por el cianuro de los patios de lixiviados. Agregaron que basta unas milésimas de gramos para intoxicar a una persona hasta la muerte y que la minera se retiró sin hacer ningún proceso de saneamiento.
Aunque una bióloga también señaló que si en Los Filos hubiera un desastre ecológico, por el derrame de lixiviados, se sabría “a todas luces”, pero de acuerdo con las auditorías ambientales, el proceso de uso de agua de las mineras es de circuitos cerrados, que se recicla y no perjudica a los cuerpos de agua.
Pero cuestionó: “¿Cómo sabemos que los inspectores ambientales especializados están trabajando con la tecnología avanzada para comprobar que lo que dice la empresa es verdad?”. Señaló que la ley también debe incluir mecanismos para garantizar que las autoridades ambientales apliquen la ley.
De consenso, plantearon que considere como un delito penal la contaminación de agua con descargas residuales o industriales.
Así como que los servicios públicos, como el agua, mantengan el carácter público y no permitir la privatización, que ha sido una tentación recurrente en Chilpancingo.
Restablecer todos los derechos a los núcleos agrarios y las comunidades indígenas, como estaba en la distribución de tierras original.
Como referencia, señalaron el caso del ejido El Jagüey, una comunidad indígena de Chilapa, que perdió su concesión de agua después de que caduco durante el periodo de pandemia y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se las negó después, por “saturación” en la cuenca.
De la Coordinadora Nacional Agua para todos, convocante del foro, Alfredo Méndez Bahena señaló que de los planteamientos de las dos mesas de trabajo de este parlamento abierto, se puede concluir en que se pide garantías para la justicia social y la justicia hídrica en el país.
Explicó que a raíz de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, organizaciones se acercaron a la Comisión Nacional del Agua para abrir el diálogo. Aclaró que no fue la Cámara sino la presidenta la que aceptó abrir los espacios de parlamentos abiertos, 17 en el país, con la idea de recoger las sugerencias de la gente para enriquecer la propuesta.
En Guerrero convocaron en conjunto a las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, así como a la Cámara de Diputados y el Congreso local.
Acudieron alrededor de 120 personas, entre universitarios, biólogos, autoridades agrarias y de colonos; 16 representaciones del sector social, de colonias, colegios de profesionistas, autoridades agrarias, siete escuelas y tres dependencias de gobierno.
Entre los coordinadores del parlamento se mencionó a la ex diputada local Nora Velazquez, el asesor del Consejo de Ejidos y Comunidades Agrarias, Arturo García Jiménez; de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Javier Baylón, y las universitarias Rosa Icela Méndez y Karina Guadalupe.
Asistieron también la diputada local Leticia Rodríguez Armenta, secretaria de la Comisión de Agua Potable e infraestructura; la diputada del Verde, Gladys Cortés Genchi, y de Morena, Glafira Meraza Prudente.
Méndez Bahena informó que como sociedad civil llevan 13 años pugnando por la ley reglamentaria del 4 constitucional y ahora se retoma. Sin embargo, observaron que se mantenía la tendencia de favorecer a las empresas.
Por ejemplo, señaló un artículo de la iniciativa elaborada por Conagua, que permite a las mineras verter desechos en cuerpos de agua y cuando se le preguntó a la presidenta Sheinbaum, en una conferencia matutina, se le observó confundida y respondió que era un error, que no se va a permitir.
Señaló también que la propuesta se divide en dos leyes, lo que generó confusión y controversia, porque abre paso a las inconsistencias, “¿cómo se garantiza el derecho al agua, si se permite la contaminación y el acaparamiento de las empresas?”. Las organizaciones plantean que sea haga una sola ley.
Deudas por concesiones de agua
El biólogo señaló que la Conagua tiene mucha resistencia para extinguir el proceso de concesiones que tiene a la fecha, sin importar que se estima que ha dejado de recaudar al año 44 mil millones de pesos.
Desde Guerrero exigen el cobro real a las empresas, que además de registrarse en el esquema agrícola o ganadero, para pagar menos no cubren sus adeudos.
“Hay muchísima opacidad, ¿cómo crees que en la misma dependencias hay diferentes áreas para el padrón de cobros de descarga, el padrón de conexiones y otro de concesiones?”.
Señaló que si se presume de ser un gobierno progresista, que está desmantelando lo que dejaron los gobiernos neoliberales, “justo la Ley del Agua es de las más neoliberales, tendríamos que estarla sepultando”.
Señaló que todas las concesiones a nombres de empresas deben pagar impuesto por uso de agua, así como una televisora y radiodifusora debe pagar por el espectro radioeléctrico.
Con el tema de recuperar ese dinero que no se paga, se propuso generar una bolsa que permita hacer la obra pública en materia hídrica, para garantizar el abasto, saneamiento, y la inspección de las descargas.
Asimismo, para instalar un sistema nacional de monitoreo pluviométrico, para alertar de posibles crecidas de río y prevenir desastres.
Por otro lado, señaló que en las concesiones para comunidades indígenas se tiene que respetar el espíritu de la ley agraria. Explicó que los núcleos agrarios, tienen por decreto el usufructo de fracciones del territorio, que originalmente incluían el agua.
Señaló que ahora, para poder acceder al agua deben pedir concesión, lo cual consideró absurdo porque el agua se utiliza para riego, pero les quieren pedir a los comités de agua de un pueblo que se constituyan en una asociación civil.
El planteamiento es que los comités de agua comunitarios tengan derecho a la concesión, porque están atendidos del derecho humano al agua. Piden que se reconozcan como sujetos colectivos de derecho público.
Lourdes Chávez / Foto: El Sur
