Texto: Hazel Zamora Mendieta, Apro-Cimac / Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ciudad de México, 13 de agosto de 2018. La representación paritaria en el poder Legislativo es fruto de 25 años de lucha del movimiento de mujeres por el reconocimiento de sus derechos político-electorales. Escalaron entre resistencias de un sistema de cuotas hasta ver materializada su presencia igualitaria con sus pares varones en el Congreso de la Unión.
En la próxima LXIV Legislatura, que toma posesión en septiembre, habrá 241 diputadas y 63 senadoras; es decir, se quedaron a sólo un punto de asegurar la paridad.
Éste es el mayor número de legisladoras que ha tenido el Congreso mexicano, por ello, Apro-Cimac realizó un recorrido de los 25 años que costó al movimiento de mujeres alcanzar la paridad, apoyados en artículos y libros de las expertas en participación política femenina como Clara Scherer, Adriana Ortiz Ortega, Blanca Olivia Peña y Cecilia Lavalle.
El sufragio femenino en 1953 permitió a algunas mujeres ocupar paulatinamente escaños en el Legislativo federal. Con su presencia, estas pioneras abrieron camino a otras legisladoras, pero fue hasta 1990 cuando las feministas pugnaron por las cuotas de género inspiradas en el movimiento de Argentina que logró en ese tiempo la Ley de Cupos (30-70).
En 1993, las mexicanas obtuvieron la primera conquista: se reformó el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe) que incitó a los partidos políticos a promover “una mayor participaron de mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.
Para sorpresa de ellas, el llamado fue atendido en la LVI Legislatura. La presencia de mujeres en la Cámara de Diputados aumentó 5%
y en el Senado 8%, aunque se debe acotar que en las elecciones de 1994 incrementaron los escaños de senadurías (de 64 a 128), conocidos como primera minoría.
Las legisladoras no se conformaron con un exhorto. Apoyadas en los acuerdos de la Conferencia Mundial de Beijing (1995), discutieron dentro de sus partidos y convencieron. Lograron definir en la ley los escaños que les correspondían y el 22 de noviembre de 1996, comenzó el sistema de cuotas de género.
La fracción XXII del artículo 5 del Cofipe precisó que las candidaturas a diputaciones federales y senadurías no debían exceder 70% de un mismo género. El año siguiente, los partidos políticos postularon a más mujeres, pero en las suplencias.
Ésta fue también una constante en las elecciones del 2000. Los partidos llanamente no tenían la intención de cambiar la asimetría del ejercicio del poder, las colocaban en las suplencias o al final de las listas de candidaturas.
Las resistencias llevaron nuevamente a las legisladoras a organizarse y avanzaron. El 24 de junio de 2002 se reformó la ley electoral. En principio, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) volvió a reiterar que los partidos y –agregó– coaliciones políticas, en ningún caso podían incluir más de 70% de candidaturas propietarias del mismo género.
Y sumó: “las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto”.
Las modificaciones las presentó la diputada del PRD, Hortensia Aragón, con aliadas multipartidistas del PAN y PRI.
A quien contraviniera la ley, el Consejo del IFE le requería modificar el registro de candidaturas hasta cumplir con la cuota 70-30, o de lo contrario, ameritaban sanciones que iban desde una amonestación pública a la negativa del registro de las candidaturas.
Los resultados fueron visibles, la cámara baja pasó del 16 a 23% de ocupación de mujeres.
Las presiones de las legisladoras se volvieron a mostrar en 2007, cuando aún con un sistema de cuotas eran despojadas de sus cargos para dejar en su lugar a los suplentes varones. Un grupo de diputadas –Martha Tagle, Elsa del Conde y Marisela Contreras– reclamaron por la presentación 50-50 pero sólo consiguieron la cuota 40-60.
El 14 de enero de 2008 se publicaron las nuevas modificaciones al Cofipe: se llamó a los partidos a procurar alcanzar la paridad de género; se ajustó la cuota de 70% a 60% de candidaturas de un mismo género; la integración de las listas de representación proporcional se modificó por segmentos de cinco candidaturas en las que se colocara alternamente un mujer seguida de un hombre o viceversa; asimismo se añadió el deber de los partidos de destinar 2% de sus recursos para la capacitación de liderazgos femeninos.
Sin embargo, en las elecciones de 2009 los partidos se burlaron de la ley y, a escasos días de tomar posesión, ocho diputadas “desistieron” de sus cargos favoreciendo a los hombres.
El fraude llevó a las legisladoras a aglutinarse como observadoras del proceso electoral 2012. Crearon la red “Mujeres en Plural”, impulsada por Patricia Mercado, Clara Scherer y Alejandra Latapí, entre otras.
Sus preocupaciones acrecentaron por el Acuerdo del Consejo General del IFE, que afectaba su derecho para ser registradas como candidatas a diputaciones federales y senadurías por el principio de mayoría relativa, por lo que 10 legisladoras encabezadas por la feminista María Elena Chapa Hernández presentaron una demanda para impugnarlo.
El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la histórica sentencia 12624 donde estipuló que la cuota 60-40 no es una recomendación, sino una obligación.
Además, definió numéricamente que cada partido debía presentar por el principio relativo 120 candidaturas a diputaciones y 26 al Senado del mismo género. En el caso de las candidaturas de representación proporcional, mínimo 40% debían ser del mismo sexo.
Los partidos presentaron las listas de candidaturas sin cumplir los lineamientos de la sentencia, por lo que el Consejo General del IFE les dio 48 horas para que corrigieran las postulaciones. El resultado: la Legislatura 2012-2015 alcanzó la representación femenina más alta: 184 diputadas y 43 senadoras.
La última reforma que permitió en las elecciones 2018 estar cerca de alcanzar la paridad se dio el 5 de diciembre de 2013.
En el contexto del “Pacto por México” que contempló una amplia reforma en materia político-electoral, la cámara baja aprobó la iniciativa presidencial que exigía la elaboración de una Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (sustitución a la Cofipe) y una Ley General de Partidos Políticos, en las que se debían establecer las reglas para garantizar la paridad de género constitucional, pues no sólo contempló al legislativo federal, sino su exigibilidad se amplió a los congresos locales.
Así, tras 25 años de exigencias del movimiento feminista, las legisladoras federales y locales gozarán de representación en igualdad con los hombres. El reto para ellas será ejercer el poder de la misma manera.
