El coordinador de la Unidad de Violaciones Graves a los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García señala que “lamentablemente” en Guerrero están desbordadas la desaparición de personas, la violencia en contra de las mujeres, los periodistas y defensores, así como la violación de los derechos de las personas en un contexto de vulnerabilidades e impunidad
Chilpancingo, Guerrero, 30 de enero de 2024. El coordinador de la Unidad de Violaciones Graves a los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos declaró ayer que la militarización en Guerrero no sólo no ha dado resultados en materia de seguridad, sino que ha multiplicado las violaciones a derechos humanos y la violencia.
Opinó que el proceso electoral que está actualmente en su proceso, “pinta preocupante” en términos de la violencia política, que ya se ha manifestado en fechas recientes en las precampañas.
El defensor de derechos humanos estuvo ayer en Chilpancingo en el informe número 29 que rindió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), y a pregunta de reporteros después del evento, habló de su percepción de la violencia e inseguridad que hay en Guerrero.
Dijo que precisamente el informe número 29 de Tlachinollan es un referente que habla de la situación de violencia, inseguridad y de las violaciones a los derechos humanos en esta entidad.
“Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas atesoramos este ejercicio que nos permite acercarnos a las problemáticas más recónditas por las que atraviesa la entidad”.
Recordó que recientemente México fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que se vieron reflejadas algunas de las principales problemáticas a nivel nacional, como la desaparición de personas, la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de los periodistas y defensores, así como la violación de los derechos de las personas en contexto de vulnerabilidades y la impunidad.
Agregó que “lamentablemente” esas problemáticas en Guerrero se perciben exacerbadas y prácticamente a ninguna de estas escapa.
“Hay una dimensión de personas desaparecidas, entre los que están los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y como el informe mismo de Tlachinollan lo reporta, son múltiples los colectivos que sufren la crisis forense, la ausencia de leyes en materia de desaparición de personas, pero además, las múltiples violencias, fundamentalmente la violencia criminal y la violencia institucional”.
Añadió que ello, en un contexto de impunidad, se ven multiplicadas por las condiciones de marginación, exclusión y pobreza que enfrentan particularmente las comunidades indígenas, así como la violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes.
Esto, dijo, marca una particular preocupación por la condición de las infancias que deben ser sujetos especiales de protección.
“Yo diría que esas problemáticas se ven lamentable y dolorosamente reflejas en el estado de Guerrero de manera más acentuadas de lo que uno puede percibir a nivel nacional”.
También en respuesta a una pregunta, dijo que respecto a la participación del Ejército, desde Naciones Unidas se ha cuestionado a las fuerzas armadas por sus actividades que resultan impropias.
“En estas circunstancias en México, lamentablemente, la expansión del roll del Ejército ha sido creciente en los últimos años y los organismos internacionales hemos sido muy enfáticos en que ese paradigma de seguridad militarizada, no solamente no ha materializado los objetivos para los que supuestamente fue concebida, sino ha multiplicado las violencias y la violación a los derechos humanos”.
Ello dijo, bajo un régimen de impunidad y falta de rendición de cuentas, “pero además, como lo refleja el caso Ayotzinapa, falta colaboración con las entidades encargadas de materializar la verdad y la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Declaró que ese es un tema de particular preocupación para Naciones Unidas y que, “desgraciadamente”, en Guerrero la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que resultan impropias existe ancestralmente “y de una manera desproporcionada y excesiva, y lo vemos en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones y masacres que datan desde al menos la década de los sesentas y particularmente en la década de los setentas”.
Dijo que ahora todavía se ve más agudizada por la designación de militares en puestos que deberían ser ocupados por autoridades civiles, para ser operados desde un paradigma de la seguridad ciudadana, que es muy distante de un paradigma de la seguridad militarizada.
Opinó que el proceso electoral que está actualmente en periodo de intercampañas pero que ya próximamente será de campañas abiertas y formales, “pinta preocupante en términos de la violencia política que ya se ha manifestado en fechas recientes en las precampañas”.
Recordó que el proceso electoral del 2021 fue el más violento en el estado de México y en este sentido “es fundamental que se garanticen condiciones de seguridad y protección para todos los actores que participen en el proceso electoral, no solo candidatos, sino funcionarios electorales.
Declaró que para ello se requiere un compromiso de Estado para que la elección no sea lastimada en su integridad por brotes de violencia de cualquier índole, “porque al final esto refleja la interferencia del crimen organizado que pretende silenciar a la prensa y las problemáticas como la inseguridad y la violencia.
“Ojalá los candidatos, las candidatas y los partidos políticos construyan agendas claras en materia de derechos humanos, robustas, donde se pueda visualizar cuál será la oferta que las diferentes plataformas colocarán en el espacio público”, llamó.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
