La nueva agonía de los venezolanos: vecinos que cierran las puertas
25082018
Texto: DPA/ Foto: EFE
Bogotá, Colombia, 24 de agosto de 2018. Los venezolanos que están dejando su patria para huir de la crisis económica y social no solo deben enfrentarse a una nueva vida en el extranjero, sino también a brotes de xenofobia y barreras fronterizas que están haciendo de los países vecinos un destino cada vez más hostil.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula en 2.3 millones el número de personas que desde 2014 han abandonado Venezuela, lo que equivale aproximadamente al 7 por ciento de su población total. La oposición venezolana eleva esa cifra hasta los cuatro millones. En todo caso, se trata de la mayor crisis migratoria que Sudamérica ha vivido.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la crisis venezolana como una de las mayores en la historia moderna. El otrora próspero país, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, se ha convertido en uno de los pocos en los que el Producto Interior Bruto (PIB) se ha contraído cerca al 50 por ciento en cinco años. El FMI cifra en un 18 por ciento el derrumbe para este año, el tercero consecutivo de dos dígitos. Cientos de migrantes venezolanos llegan desde Ecuador al Centro binacional de atención fronteriza en la región norteña de Tumbes (Perú) este viernes 24 de agosto del 2018. Perú espera que unos 20 mil venezolanos golpeen sus puertas este fin de semana, cuando entra en vigor el requisito de presentar pasaporte para poder acceder a su territorio.
Colombia es el país que más venezolanos recibe: cifras oficiales dicen que unas 870 mil están instalados allí. Las autoridades temen que se produzca una especie de estancamiento después de que Perú y Ecuador anunciaran que exigirán el pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar en sus territorios.
“El hecho de solicitar pasaporte no va a parar la migración. Eso lo que va a generar es la irregularidad migratoria”, advirtió el director de Migración Colombia, Christian Krüger.
Esta semana, cientos de venezolanos se aglutinaron en los bordes con Colombia. Una de ellas, Sol Ortega, comentó a la emisora Blu Radio que viajó de Maracaibo hacia Medellín “antes de que Colombia cierre las fronteras, tal como lo están haciendo los otros países”.
Es el caso de Ecuador y Perú, el primero empezó a pedir pasaporte a los venezolanos el sábado pasado y el segundo lo hará a partir de este fin de semana. Antes, a los venezolanos les bastaba mostrar su identificación para poder entrar. Muchos no tienen pasaporte, ya que se trata de un documento difícil de obtener.
A raíz de esto, en Ecuador se ha sentido un aumento de venezolanos intentando cruzar por caminos fronterizos irregulares desde Colombia. Quienes lograron hacerlo deben iniciar una larga caminata para llegar a Quito (240 kilómetros) y luego alcanzar la frontera con Perú (838 kilómetros), si su intención es dirigirse hasta allí.
En los buses de pasajeros, la Policía revisa los documentos de identidad y pasaportes, por lo que caminar es la única alternativa. Ecuador calcula que 250 mil venezolanos viven allí.
Para aliviar la situación, el Gobierno ecuatoriano anunció la creación de un corredor humanitario a lo largo de su territorio para que los venezolanos que ingresen al país sean trasladados en buses hasta la frontera con Perú. La medida obedece a que buena parte de los ciudadanos del país caribeño quieren trasladarse a Perú, Bolivia, Chile y Argentina y muchos emprenden la travesía a pie.
En Perú, el segundo país donde más venezolanos llegan, la exigencia del pasaporte aceleró el flujo de entrada en el departamento de Tumbes, fronterizo con Ecuador. Según el departamentro de Migraciones, hay 400 mil venezolanos viviendo en Perú y se estima que para noviembre la cifra suba a medio millón.
“El Perú otorga plazos más que razonables. Con la pronta regularización estamos desalentando la informalidad y la explotación de personas”, sostuvo el superintendente de Migración, Eduardo Sevilla, descartando posturas xenófobas.
Lejos de las cifras que manejan Colombia, Perú y Ecuador se encuentra Brasil, a donde los venezolanos han llegado principalmente caminando.
Lo hacen a través de la región de Roraima, llegan a la ciudad de Paracaima, la más cercana a la frontera, y de allí deambulan hasta la capital regional, Boa Vista, donde están los centros de acogida.
Sin embargo, la saturación de personas en una ciudad como Paracaima, de apenas 12 mil habitantes, y que en los últimos tres años ha elevado su población en un 10 por ciento, ha hecho que los lugareños exploten tintes xenófobos.
El sábado pasado residentes quemaron carpas de dormir y pertenencias de los inmigrantes, obligando a unos mil 200 a recoger lo poco que les quedaba y retornar a su país. En todo el estado de Roraima se calcula que habitan 50 mil venezolanos, que huyen del hambre de su país.
Según cifras oficiales, 128 mil venezolanos entraron a Brasil desde 2017, pero menos del 40 por ciento se quedó allí.
Otros han llegado a Argentina, donde entre enero y junio de este año se radicaron 25 mil, y se tienen cuenta que en los últimos dos años han llegado 530 mil. A Chile ingresaron unos 100 mil venezolanos entre 2016 y 2017, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Estados Unidos no es ajeno, en lo que se lleva de este año unos 9 mil 500 han solicitado asilo en este país según ACNUR. El número de solicitudes se ha disparado en un 2 mil por ciento desde 2014. De acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, entre el 2014 y el 2016, el país le ha concedido asilo a mil 265 venezolanos.
En Europa, España es el principal destino elegido por muchos de los venezolanos que abandonan su país: casi el 40 por ciento de los solicitantes de asilo en Madrid procede del país suramericano, según cifras facilitadas a la agencia de noticias dpa por ACNUR. En total, hasta el 15 de agosto habían pedido asilo en España en torno a 12 mil 780 venezolanos, lo que representa el 39 por ciento del total de solicitudes, 32 mil 600. Organismos no gubernamentales calculan que son más de 300 mil los venezolanos llegados a España, al margen de los que piden asilo.
Ante la dimensión del problema migratorio, Ecuador convocó a los gobiernos de 13 países de Centroamérica y Sudamérica a una reunión en Quito en septiembre, mientras que Colombia pide a Naciones Unidas que designe a un enviado especial para coordinar la gestión de la crisis.
Un millar de venezolanos son vistos este viernes 24 de agosto del 2018, al llegar al paso fronterizo de Huaquillas (Ecuador) luego de haber abordado el puente terrestre habilitado por el Gobierno ecuatoriano para trasladarlos desde el norte hasta el sur del país, desde donde cruzarán a Perú. Foto: EFE
Esta mañana, un grupo de venezolanos sin pasaporte solicitó refugio a Perú después de no haber llegado a tiempo para entrar al país antes de la medianoche de este sábado, momento en que se cerró la frontera para los inmigrantes de Venezuela que no cuentan con ese documento de viaje.
Los solicitantes de asilo acudieron a la oficina que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tiene en el puesto fronterizo de Tumbes, en el límite con Ecuador, por donde llegan a Perú la mayoría de los inmigrantes venezolanos, según pudo constatar la Agencia Efe.
Los afectados lamentaron que las autoridades ecuatorianas les habían prometido que llegarían a la frontera de Perú antes de las 0:00 hora local (5:00 GMT) de este sábado, pero al final llegaron más tarde y ahora su ingreso a territorio peruano es incierto.
Las autoridades migratorias de Perú solo permiten el paso de venezolanos sin pasaporte en caso de tratarse de niños acompañados de sus padres, mujeres embarazadas o ancianos.
Los últimos venezolanos que consiguieron entrar a Perú, entre ellos algunos sin pasaporte, tomaron un autobús facilitado por las autoridades peruanas para viajar desde Tumbes a Trujillo, capital de la región La Libertad.
Para la mayoría es la última frontera que cruzarán en su travesía por Suramérica, mientras que un grupo menor continuará hacia el sur, rumbo a Chile y Argentina.
Los que se queden en Perú deberán tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), documento que les permite residir en el país, y de los que ya se dispensaron unos 75 mil, mientras que otros 100 mil están en trámite.
Perú es el segundo país que alberga a más inmigrantes venezolanos, con alrededor de 400 mil residentes, la mayoría llegados en el último año, de ellos el 80 por ciento con pasaporte y el 20 por ciento con cédula de identidad, según los datos de Migraciones de Perú.
Maduro y Venezuela: ¿Llegará el caso a la Corte Penal Internacional?
Varios países latinoamericanos están analizando la posibilidad de pedir a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Para mí no cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos”, manifestó hace unos días el presidente de Argentina, Mauricio Macri, avanzando una acción con varios socios de la región. El primero en hablar de ella, no obstante, fue el Gobierno peruano de Martín Vizcarra en julio.
Nunca en la historia de la CPI un Estado ha denunciado a otro. Y en este caso serían varios los que lo harían. ¿Qué países se han pronunciado?
Macri aseguró que respaldan la iniciativa los presidentes de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; y Paraguay, Mario Abdo Benítez.
El canciller peruano, Néstor Popolizio, habló ya en julio de una acción conjunta. Como base, “existe un informe de expertos solicitado por la OEA sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con ejecuciones extrajudiciales que se imputan al régimen chavista. Además, están los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas en derechos humanos”, dijo. Informe de expertos pedido por el secretario general de la OEA
En mayo, tres juristas internacionales seleccionados por Luis Almagro para investigar la situación en Venezuela presentaron un informe de 400 páginas que denuncia ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el Gobierno de Maduro, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias que en casos llevaron a “desapariciones forzosas”. Aseguraron que hay un “ataque generalizado y sistemático” con intención política y pidieron denunciar al Gobierno de Maduro a la CPI. ¿Quién más se ha pronunciado?
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sugirió en junio que la corte debe investigar. “Dado que el Estado (venezolano) parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”, dijo. ¿Por qué se acude a ese tribunal?
La CPI, con sede en La Haya (Holanda), es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él. Creado por el Estatuto de Roma, comenzó a operar en 2003. Tiene competencia en los países que ratificaron el tratado -que son los que pueden denunciar y ser denunciados-. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en ratificarlo. ¿Hay denuncias previas contra Venezuela ante la CPI?
La fiscalía de la CPI abrió en febrero un examen preliminar por crímenes supuestamente cometidos desde al menos 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos. No es una investigación, sino una fase que puede llevar a ella o no. “El propósito es determinar si existe base razonable para proceder con una investigación”, dijeron fuentes de la CPI a dpa. “Eso requiere un estudio de jurisdicción, de actuaciones nacionales, gravedad de los presuntos crímenes y del interés de la justicia”.
La oficina de la fiscal, Fatou Bensouda, evalúa actualmente la información, tanto la pública como la remitida a La Haya. Entre quienes han remitido información está la destituida fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y un grupo de legisladores latinoamericanos. Almagro envió el informe de los juristas.
“La remisión de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación”, indicaron a dpa las fuentes de la CPI. Tampoco es preciso para que la fiscalía decida abrirla. Pero si al concluir el examen preliminar considera que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma, la remisión de un Estado podría acelerar la apertura de una investigación, dijeron. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones negativas de una denuncia?
Geoff Ramsey, investigador sobre Venezuela de WOLA, organización que promueve los derechos humanos en América, considera que Macri y los demás presidentes sentarían un “impactante precedente” refiriendo el caso a la CPI. “Sentar el precedente les haría vulnerables al mismo proceso”, advierte.
Además, apunta a posibles efectos negativos sobre una posible solución a la situación venezolana.
“Quienes siguen la crisis en Venezuela entienden que debe haber algún tipo de incentivo para Maduro para resolverla, una especie de rampa de salida”, dice, y lanza una pregunta: “¿Qué podría llevar a Maduro a dejar el poder si teme ser arrestado por crímenes contra la humanidad?”. https://suracapulco.mx/2018/08/19/reconvertira-venezuela-su-moneda-en-medio-de-torbellino-economico-y-social/
