La política es así
Ángel Aguirre Rivero
Por considerarlo de interés, retomo un fragmento del libro autobiográfico recientemente publicado por la editorial Sustantivo, donde narro los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014, a la vez que hago diversos cuestionamientos sobre la actuación de varios personajes, que hasta la fecha no tienen respuesta.
“Al enterarme de la grave situación, dí la indicación al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, lo mismo que al fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y al entonces secretario de Seguridad Pública, teniente Leonardo Vázquez, para que se trasladaran al lugar.
Pedí también el acompañamiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien documentó la actuación de los funcionarios y el personal a su cargo.
A las once de la noche, la Fiscalía General de Guerrero tomó conocimiento de los hechos, cuando un médico de guardia del Hospital General, doctor Jorge Soberón Acevedo, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común, del ingreso de tres personas lesionadas.
A las once y veinte de la noche es atacado un autobús que trasladaba al equipo Avispones; en ese incidente fallece un futbolista, el chofer que conducía ese autobús, y una mujer que viajaba en taxi.
Luego, los 43 estudiantes fueron entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y conducidos a diferentes lugares que no han sido determinados.
En las primeras horas del 27 de septiembre, elementos de la Fiscalía de Guerrero localizaron a 68 estudiantes que huían de sus persecutores y se refugiaban en las colonias aledañas.
El mismo 29 de septiembre, la fiscalía guerrerense consignó a 33 personas vinculadas a Guerreros Unidos, 22 de ellas agentes de la policía de Iguala (Los Bélicos al servicio de Guerreros Unidos), como probables responsables de la agresión.
Ninguno de los detenidos por el Ministerio Público de Guerrero ha alcanzado su libertad, contrario a lo que ocurrió con los detenidos por la PGR, quienes fueron liberados al existir violaciones graves a sus derechos humanos o al debido proceso (abusos de autoridad y tortura).
El gobierno federal estuvo enterado en todo momento de la situación, a través de los informes que les dábamos y de sus propios elementos federales y militares.
El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) era controlado por el Ejército, la PGR recibió una llamada de dicho lugar a las 09:35 horas. En Iguala había una subdelegación de la PGR, una subestación de la Policía Federal e instalaciones militares, (entre ellas el 27 Batallón de Infantería).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), monitoreaba lo ocurrido en toda la entidad. No comenzaron a investigar 11 días después, sino desde el mismo 26. Si bien el gobierno federal pretextó que era un asunto local, siempre supieron que era un tema de delincuencia organizada de competencia federal; sin embargo, decidieron tomar distancia y dejar al gobierno de Guerrero las investigaciones y se vieron forzados a ejercer la facultad de atracción cuando la fiscalía estatal les envió un desglose de hechos de su exclusiva competencia.
¿Qué seguimiento se dio a los sucesos por parte del Cisen, a cargo de Eugenio Imaz?
¿Qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en esta ciudad, en auxilio de los jóvenes desaparecidos?
¿Por qué le negaron el uso de las instalaciones del Ejército al fiscal Iñaki Blanco Cabrera para proceder al desarme de la policía municipal de Iguala, así como en otras tres ocasiones a peticiones de apoyo relacionadas con la investigación en las horas que siguieron a la noche del 26 de septiembre?
¿Por qué si el Ejército manejaba el C4, no recibí ninguna información de lo que estaba aconteciendo en Iguala, en mi carácter de gobernador?
¿Quién requisó el video de las horas cruciales frente al Palacio de Justicia en Iguala?
¿Hasta cuándo se descubrirá el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón?
¿Por qué el PRD llevó como su candidato a José Luis Abarca cuando eran del dominio público sus posibles vínculos con la delincuencia organizada?
¿Por qué la Segob se negó a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), donde se exponían los problemas de seguridad de Iguala y las regiones?
¿Qué relación guardaba el entonces director de la escuela normal de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según el informe de la CNDH?
Cuando sucedieron esos hechos, insistí en que se rescataran las actas que se levantaban de las reuniones del GCC, integrado por las instituciones del gobierno federal más importantes en materia de seguridad y de justicia: el comandante de la Región Militar; el comandante de la Región Naval; el delegado de la Policía Federal; el delegado de la PGR y el delegado del CISEN, quien fungía como secretario técnico. Se lo dije a Alejandro Encinas en una reunión que sostuve con el subsecretario: “Alejandro, ¿por qué hasta esta fecha no se nos ha querido entregar copias de las actas?”.
¿Por qué es importante remitirnos a esos registros? Porque al término de las reuniones del GCG se elaboraban minutas, en éstas se asentaban los temas que se habían tratado y los compromisos adquiridos. Siempre se hablaba de dinámica e incidencia delictiva”.
Hasta aquí la cita del libro.
No estamos de acuerdo cuando se alude que hubo omisión por parte de los tres niveles de gobierno por lo que a nosotros toca, de otra forma no hubiéramos establecido las bases de la investigación que aún persisten, no hubiéramos rescatado a más de 60 jóvenes y no hubiéramos detenido a los 33 policías municipales que hoy siguen detenidos
Tiempo atrás, advirtiendo la problemática con el presidente municipal de Iguala, solicité a Murillo Karam su intervención para que se detuviera a José Luis Abarca mucho antes de los acontecimientos de Ayotzinapa. El funcionario federal me dijo que a él lo iban a operar, por lo que me derivó con una subprocuradora que nunca me atendió.
Como gobernador del estado hice lo que tenía que hacer en aras de esclarecer este doloroso episodio.
No perdamos de vista que el asunto nos fue quitado de tajo por parte de federación días después de que ellos intervinieron.
Hoy me sigo preguntando: ¿por qué el Ejército nunca me compartió la información que estaba recibiendo en tiempo real en el C-4?
¿Por qué se negaron a facilitarnos sus instalaciones para el desarme de la policía municipal?
¿Por qué nunca fui informado que tenían un soldado infiltrado en las instalaciones de la escuela normal de Ayotzinapa?
¿Por qué el comandante de la Región Militar me informó dos días después de los hechos, que los jóvenes desaparecidos se encontraban en la normal de Ayotzinapa y sólo se trataba de un montaje?
Derivado del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, he negado y lo vuelvo a ratificar: no sostuve ninguna reunión con Jesús Murillo Karam para construir “la verdad histórica”. Por el contrario, Tomás Zerón tuvo toda la intención de encontrarme elementos que me llevaran a la cárcel.
Espero y le pido a Dios que esta pesadilla ya se termine. Comprendo el dolor que están viviendo los padres y madres de los 43 porque he vivido en carne propia la pérdida de un hijo, para ellos toda mi solidaridad
Sobre la propensión de manejar versiones falsas sobre mi persona en esos días, sólo diré que no se llega a la verdad a través de la mentira.
Por último, agradezco todas, pero todas las muestras de amor, de cariño, de solidaridad que he recibido en estos últimos días del pueblo de Guerrero, lo que me anima para seguir adelante.
* Fragmento del libro La Otra Verdad, Autobiografía, Editorial Sustantivo, Pags. 34,. 35 y 36
