De Norte a Sur
Silber Meza
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una habilidad poco común: sabe marcar la agenda como ningún otro político mexicano. Lo hizo desde la oposición, y ahora ha tomado el megáfono de gobierno para amplificar el mensaje.
Ha propuesto una consulta para investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes de México que han ocupado la silla los últimos 30 años. Y lo ha hecho con la repetida decisión de que si se realiza el sondeo, él votaría en contra. ¿No es extraño que la persona que propone semejante acto político desee que no proceda?
El 15 de septiembre integrantes del Comité Promotor de la Consulta entregaron al Senado 2 millones y medio de firmas con el objetivo de activar el mecanismo.
Sin embargo, ese día por la mañana, y para garantizar el procedimiento, López Obrador leyó la pregunta que él enviaría al Senado, y que éste a su vez canalizaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine si es procedente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Desde ese momento el tema saturó noticiarios, periódicos, sitios web, redes sociales. Un buen número de personas se han expresado en contra de la pregunta; oposición o técnicos han mencionados que es poco probable que sea validada por la Corte porque el ejercicio de la autoridad no puede estar en discusión.
El ministro en retiro José Ramón Cossío, por ejemplo, mencionó en el programa de Carmen Aristegui que la consulta es inconstitucional porque sería decirle a los órganos de gobierno que tienen que cumplir con sus obligaciones. Además de que actualmente, comentó, los expresidentes sí pueden ser procesados por las fiscalías mexicanas sin necesidad de ninguna consulta popular.
“En el momento en que dejan de ejercer su cargo no tienen ninguna condición particular, ninguna inmunidad, fuero”, mencionó Cossío.
Entonces, ¿por qué se aferra López Obrador a la consulta popular y el posible castigo a expresidentes al que, según sus dichos, ni él desea que suceda?
Miembros del opositor Partido Acción Nacional (PAN) han dicho que el presidente busca desviar la atención de los problemas de México, como el de la pandemia, la economía, la seguridad, entre otros. Pero AMLO insiste en el tópico, como si sintiera que la crítica lo hace más fuerte, como si fuera un marinero que aprendió a navegar entre tormentas y no desea apartarse de ellas.
Abrir el frente de batalla contra un expresidente es complejo, abrirlo contra cinco es meterse al ojo del huracán. Así, el 15 de septiembre pasado soltó una exposición de motivos que él considera suficientes para llevar a juicio a los expresidentes mexicanos. Sin duda, muchas de sus anotaciones son reales: México ha vivido periodos de altísima corrupción, de impunidad rampante, de violación sistemática a los derechos humanos, de violencia generalizada, de complicidades con el crimen organizado, de fraudes electorales, de ampliación de la desigualdad, entre muchos otros problemas. La duda es si se podrá responsabilizar a los expresidentes con delitos vinculados a esos problemas.
López Obrador sabe que la población mexicana desea que se castigue a los expresidentes, pero en realidad no es una tarea fácil porque el sistema está diseñado para que el presidente en turno no tenga verdaderas responsabilidades directas; todas éstas son asumidas por algún secretario de Estado, quien a su vez las traslada al subsecretario, y éste al director, y si se puede van al subdirector, y así hasta que los de menor cargo no puedan deslindarse de una decisión superior.
El presidente ha decidido embarcarse en un mar profundo y picado, del cual es imposible conocer su desenlace.
Todo en una pregunta.
