Guillermo Álvarez Nicanor
“Un campesino sin su tierra es como sacar a un pez del agua: ¡Se muere!”.
Marco Antonio Suástegui Muñoz
Corría el mes de octubre de aquel 1990. En nuestras comunidades de la región indígena del Alto Balsas, Guerrero, preparábamos el pan de muerto para las ofrendas y recibir a nuestros ancestros. Fue en ese contexto de calma ancestral cuando un aviso nos convocó a una asamblea regional en San Agustín Oapan. Por casualidad me tocó asistir.
Aquel 21 de octubre, bajo aquel viejo árbol de tamarindo en el atrio de la iglesia de Oapan, se reunieron autoridades y ciudadanos de diferentes municipios. Entre la desconfianza hacia los representantes gubernamentales, de Ayuntamientos municipales, y el apoyo de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero y organizaciones sociales, supimos la verdad: la CFE y el Gobierno de México promovían el proyecto de la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo.
Con asombro nos enteramos que la pretensión del gobierno implicaba la reubicación forzada de 22 comunidades indígenas, destruiría nuestro entorno natural, inundaría los panteones donde descansan nuestros antepasados, desaparecería nuestros sitios sagrados, desintegraría a comunidades y familias, dejaría sin sustento a los productores de maíz, ajonjolí, frijol, calabaza, chile, entre una gran variedad de productos agrícolas para el sustento de familias. La fuerza de esta resistencia no radicó solo en la indignación, sino en nuestra unidad cultural y lingüística. Al ser hablantes del náhuatl, nuestra asamblea pudo deliberar en nuestra propia lengua, evitando la intromisión de funcionarios ajenos a la causa, como el entonces presidente municipal de Tepecoacuilco, que pretendía asumir la representación e todo Gobierno y decir que era un beneficio para los pueblos. Este acto de reafirmación cultural selló la hermandad entre comunidades de municipios vecinos como Copalillo, Atenango, Zitlala, Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, Eduardo Neri y Huitzuco. Olvidamos viejos conflictos agrarios para convertirnos en una sola voz por el rechazo a la obra, allí mismo, en ese atrio, constituimos un comité que pronto se convertiría en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB). Así nació nuestra lucha.
A muchos compañeros de la región les cambió su vida para atender la causa, como fue el caso de Sixto Cabañas Andrés, Marcelino Díaz de Jesús, Pedro de Jesús Alejandro, Sabino Estrada Guadalupe, Getulio Ramírez Chino, Lucila Ferrer Chino, Tomasa Marcos Guevara y a infinidad de compañeros más. Al ver la inminente amenaza a nuestra tierra y a nuestros hermanos indígenas, tomé la decisión de dejar mi trabajo remunerado en la Capital del Estado para dedicarme de lleno a esta causa. Este no era un proyecto político, sino la defensa de nuestra existencia misma.
El caso de Tetelcingo se convirtió en un hito. Nos organizamos rápidamente, alertados por las experiencias negativas de desplazamientos previos, como el drama de los mazatecos de El Temascal en Oaxaca, donde unas 22,000 personas fueron desarraigadas, o los abusos vistos en Cerro de Oro, en Oaxaca; en el caso de la Presa El Caracol, en Guerrero. Implementamos una estrategia multifacética: informar comunidad por comunidad afectadas, plantones, marchas, y jornadas de información y boteo sobre la carretera federal México – Acapulco a la altura de Xalitla, de denuncia internacional, una carta al Papa Juan Pablo Segundo, la solidaridad de Organizaciones No Gubernamentales del País y extranjeras, hasta una carta de apoyo recibimos del Grupo de los Cien.
Logramos la cancelación del proyecto el 12 de octubre de 1992, una carta firmada por el entonces Presidente Salinas y el Gobernador de Guerrero José Francisco Ruíz Masieu. Demostramos que la voz organizada del pueblo es la única capaz de frenar la imposición estatal. Si Tetelcingo fue nuestra victoria temprana, la resistencia contra la Presa La Parota es el espejo de la represión y la violencia que ha escalado en Guerrero.
Más de una década después, en 2003, la CFE volvió a la carga con La Parota sobre el Río Papagayo, amenazando con inundar 17,000 hectáreas y desplazar a cerca de 25,000 campesinos. La oposición se consolidó bajo el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), una lucha que ha durado más de dos décadas y se ha caracterizado por la brutal respuesta del Estado: intimidación, detenciones arbitrarias y criminalización.
El movimiento ha sido “bañado en sangre”. El costo más reciente y doloroso para el CECOP fue el asesinato de su líder histórico y vocero, Marco Antonio Suástegui Muñoz, en abril de 2025 en Acapulco. Marco Antonio había resistido encarcelamientos y amenazas durante años. Este crimen atroz se suma a la desaparición forzada de su hermano, Vicente Suástegui Muñoz, en 2021, tal como lo ha documentado el Centro Tlachinollan.
Estos hechos demuestran la profunda injusticia que persiste en México, donde los sectores más pobres absorben los riesgos —como las fallas estructurales o el peligro de desbordamiento por eventos extremos— sin recibir los beneficios (según el Gobierno de México, hay 101 presas de generación en operación que han representado un costo social y ambiental significativo).
Las instituciones siguen procediendo con intimidación y sin consultas adecuadas, violando sistemáticamente nuestros derechos a la información y al consentimiento, como lo señalan investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (2010) y la Universidad Iberoamericana (2023).
Los casos de Tetelcingo y La Parota, ambos en nuestro estado, nos recuerdan que los costos sociales de los megaproyectos son ineludibles y que la justicia social es la primera víctima.
Nuestra victoria en San Juan Tetelcingo estableció que la resistencia puede triunfar. La Parota sigue sin construirse, un logro firme gracias a la organización de base que mantiene plantones permanentes y utiliza la vía jurídica. Pero esa victoria es amarga. Exigimos que antes de cualquier beneficio energético, se garantice la justicia, el respeto territorial y la integridad física y cultural de las comunidades.
Con nuestra cosmovisión como Pueblos Indígenas, descrito por el *Pueblo Suquamish y Duwamish, originario del País vecino del Norte, en 1854: la Tierra es sagrada y es la Madre de la humanidad, no una simple propiedad o un objeto que pueda comprarse, venderse o saquearse. Todo está enlazado, como la sangre que une a una familia. El hombre es solo un hilo en el tejido de la vida, y lo que le haga a la Tierra se lo hace a sí mismo. Cada elemento—el aire, el agua, los ríos, las flores y las cenizas de los antepasados—es sagrado y está enriquecido con la vida de su pueblo. Los gobernantes ven la tierra como una enemiga a conquistar, solo dejará un desierto, ya que su “hambre insaciable” consume todo sin importarles el futuro de sus hijos.
La tierra no se vende, y la vida de nuestros defensores tampoco. La voz de los pueblos es la única que puede validar un proyecto de desarrollo, y por eso, hoy exigimos justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz y el cese a la criminalización de todos los que defendemos el territorio.
