El abogado de los padres y madres de los 43 desaparecidos advierte que otra señal de que la investigación sobre la desaparición de los normalistas “va en picada” es la renuncia de Alejandro Encinas, único funcionario que implicó al Ejército en los hechos
Chilpancingo, Guerrero, 6 de noviembre de 2023. El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que la prisión domiciliaria dictada al ex procurador, Jesús Murillo Karam, en un día de asueto por un juez de guardia, es una maniobra política que evidencia el desaseo y descomposición de la investigación “en picada”.
Una de las señales fue la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, fue relegado del mecanismo, indicó.
Aclró que el funcionrio fue relegado porque insistía en que la Secretaría de la Defensa Nacional entregara información relevante para el esclarecimiento de los hechos, incluso cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, negaba la existencia de más documentos del caso, afirmó.
Consultado vía telefónica sobre la resolución de un juez en favor de Murillo Karam, para que éste pudiera dejar la prisión, con la condición del uso de un brazalete electrónico, el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunció que, igual que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, “la investigación va camino a la impunidad, la injusticia, y a la exoneracion de los responables”.
“El caso Ayotzinapa viene en picada en este gobierno, y se están sentando las bases para cerrar el caso, para dejarlo en la impunidad, olvidándose del compromiso que hicieron”, y que sirvió para la campaña del presidente.
Aseguró que el Poder Judicial actuó de manera indebida, porque el juez que dictó la prisión preventiva analizó las mismas circunstancias que luego revisó un juez de guardia para resolver que Murillo siguiera el proceso en libertad.
“Su edad y salud eran las mismas de cuando un juez de control negó la medida cautelar porque había riesgo de fuga. Fue procurador de la República, todavía hay funcionarios subalternos de su gestión en la FGR, y los recursos que posee, son los elementos que configuran el riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso”.
El ex procurador general de la República está acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia dentro del proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El pasado 2 de noviembre, feriado por el Día de los Muertos, un juez concedió a Murillo el cambio de prisión preventiva por prisión domiciliaria con brazalete electrónico, aduciendo motivos de salud en el en el primer peoceso penal que se le inició por dichos delitos. Pero el ex funcionario no se irá de inmediato a su casa porque tiene un segundo proceso por el mismo caso Ayotzinapa, y faltaría un fallo similar para que saliera de prisión.
Vidulfo Rosales agregó que los abogados de Murillo tenían que haber ido a otras instancias, para revocar la decisión del juez de control, pero no lo hicieron, volvieron a solicitar la medida cautelar cuando el juez a cargo del caso estaba de descanso. El juez de guardia adoptó un criterio contrario al establecido previamente.
Aclaró que el Código de Procedimientos Penales dice que, para conceder cambio de medida cautelar deben haber cambiado las condiciones del detenido, que eran las mismas; “fue un movimiento político para cambiar la medida cautelar en día de muertos”.
Adelantó que se tiene información de que todo lo avanzado en el caso, en adelante irá en una ruta regresiva, y pronto habrá liberaciones de militares vinculados a diferentes delitos.
El Ejército “ensucia el proceso de nueva cuenta”, afirma
Vidulfo Rosales indicó que una de las señales claras de la descomposición, fue la renuncia de Encinas, con la cual quedó desmantelada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa.
“Quien lo sustituye (Félix Medina Padilla) no tiene conocimientos del caso, y responde a los intereses del Ejército mexicano. Tenemos en la Covaj a un subsecretario cuidándole la espalda al Ejército”.
Para confirmarlo, indicó que es allegado a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, “que hoy en día responde a los intereses del Ejército”.
Afirmó que quien ensucia y manipula el caso es el Ejército, con la incidencia que tiene en el poder público, de quitar y poner funcionarios.
Recordó que Encinas era el único del gabinete que impulsaba la investigación, al punto de que se determinó la responsabilidad al Ejército. A instancias de los padres de los estudiantes desaparecidos, Encinas insistió en que se impulsara esa línea de investigación.
Añadió que el presidente decía que lo respaldaba, “pero ese respaldo se desdibujó. Incluso cuestionó en la conferencia matutina las posiciones de Encinas, sobre la responsabilidad del Ejército.
Dijo que la reactivación de 16 órdenes de aprehensión que habían sido canceladas y la solicitudes de información y el acceso a los archivos del Ejército, que se ha negado deliberadamente, fueron lo que generó crisis en septiembre, cuando Encinas fue relegado de reuniones de trabajo que él gestionó como responsable del Covaj, y renunció.
Texto: Lourdes Chávez/Foto: Archivo
