Vidulfo Rosales Sierra
De las cañerías hediondas del imperio emerge el tufo fascista que yacía reprimido en EU. Con un mandatario narcisista que arenga contra los migrantes, los neonazis se soltaron. Investidos de autoridad expresan su odio contra los que luchan. “Los aplastaremos, los mataremos”, y otras expresiones xenófobas salen a relucir ante el silencio de los grandes medios de comunicación.
De las autoridades estadunidenses escuchamos la misma narrativa de los nazis contra los judíos: “son delincuentes, quitan los empleos a los locales, socavan la riqueza del país en detrimento de los nuestros”. Estas expresiones secundadas por la oligarquía capitalista derivaron en el horror del holocausto en la Alemania nazi. Un día sí y otro también el gobierno estadunidense reedita esta ideología rancia, ante el silencio cómplice de muchos.
Las protestas en varias ciudades de EU son un rechazo a este nacionalismo autoritario que los de abajo no están dispuestos a soportar. Lo preocupante es que en México tanto la derecha como la fuerza política gobernante, condenan las protestas legítimas de los oprimidos y al igual que los neofascistas las criminalizan.
Desde la tribuna presidencial se dictan las formas de lucha del pueblo trabajador. Se condena a aquellos que en Los Ángeles aparecían ondeando las banderas de México mientras algunos carros yacían incendiados. Los mexicanos no somos así, somos gente de bien, gente trabajadora, expresaron, como si alzar la voz y rebelarse contra la injusticia y los opresores fuese un delito, como si la digna rabia de la clase trabajadora fuese ilegítima.
Las formas de la protesta social es un airado debate entre los de abajo y las oligarquías. En México, desde el plano gubernamental se descalifica, deslegitima y reprime violentamente. Ni qué decir de Guerrero que está marcado por las masacres contra luchadores sociales, campesinos y estudiantes. Del 30 de diciembre de 1960 al 26 de septiembre de 2014 los de abajo han tenido que pagar con sangre su osadía de exigir justicia y pelear por sus derechos.
El gobierno actual dice que ya no reprime, pero se descalifica la protesta social y desde las redes sociales se despliegan mensajes de odio contra los que reclaman sus derechos. Así ocurrió cuando las madres y padres de los 43 que se plantaron en Palacio Nacional el año pasado o con las recientes protestas de la CNTE. Cientos de insultos, vituperios y amenazas contra los dirigentes pulularon por las redes sociales, al tiempo que desde Palacio Nacional se deslegitimaba la lucha de los inconformes. Ese golpeteo al movimiento social independiente genera un marco permisible para que gobiernos estatales o actores armados agredan a luchadores sociales como sucedió con los estudiantes de las normales rurales de Tiripetío, Michoacán y Mactumactzá, Chiapas, que fueron asesinados recientemente.
Pero la protesta social no es un delito, forma parte de la libertad de expresión. Las formas que adopte dependen del pensamiento, creencias y valores de quienes la organizan y la llevan a cabo.
Este tópico forma parte de airados debates en EU y América Latina. En 1984 Gregory Lee Johnson miembro de la brigada de la Juventud Comunista Revolu-cionaria participó en una protesta contra las políticas bélicas de Ronald Reagan. En las instalaciones municipales de Dallas se llevaba a cabo la Convención del Partido Republicano. La manifestación fue calificada de violenta. En el trayecto los participantes grafitearon edificios públicos y privados, destruyeron macetas y otros inmuebles a su paso, y al llegar al Ayuntamiento Johnson tomó una bandera de aquel país y le prendió fuego. La acción horrorizó a propios y extraños. Horas más tarde, el infractor fue arrestado. Lo condenaron a un año de prisión y al pago de una multa. Johnson apeló el fallo y el caso llegó a la Corte Suprema, por mayoría de cinco contra cuatro votos resolvió que la quema de la bandera formaba parte de la libertad de expresión de Johnson, derecho protegido por la Primera Enmienda. El fallo fue cuestionado por los republicanos e incluso legislaron para tipificar la profanación de la bandera como delito federal, pero de nuevo fue invalidado por la Corte e incluso el emblemático criterio judicial fue confirmado en casos posteriores.
Por su parte en América Latina han generado tensiones los bloqueos de carreteras o tomas de edificios públicos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han ocupado de resolver varios casos en lo que se ven comprometidos el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Han establecido que, en las sociedades democráticas, el ejercicio del derecho de reunión puede distorsionar la rutina del funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas e inclusive generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen la protección y garantía estatal, como el derecho a la libre circulación. Sin embargo, este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse.
La protesta social es un derecho legítimo de campesinos, colonos, maestros, trabajadores y estudiantes para exigir el cumplimiento de su derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a la justicia, pero también para inconformarse contra políticas o acciones de gobierno que los afecten o alguna omisión para reconocer sus prerrogativas, como la reforma indígena. Estos derechos no pueden ser menos que el de libre circulación, de comercio, derecho al ocio u otros que muchas veces entran en tensiones. Como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a la autoridad ponderar si el derecho al libre tránsito está por encima del derecho a la vida. Por ejemplo, en un bloqueo de la autopista por las madres de los 43, correspondería a la autoridad ponderar qué derecho tiene más peso, la lucha por la vida y la integridad de las personas o el libre tránsito de turistas y comerciantes que van a Acapulco. En este caso no se puede emitir un juicio apriorístico calificando de delincuentes y violentos a los que protestan y restringiendo sus derechos para que prevalezca el de los turistas.
Las formas de manifestación no las pueden dictar los gobiernos por decreto, porque es inherente a la pluralidad de pensamientos, creencias y valores de los grupos sociales que la llevan a cabo. Unos creerán que un mitin es suficiente y eficaz para hacerse escuchar, otros que lo mejor es bloquear la autopista, otros consideran que quitarse la ropa o irrumpir en un evento artístico o político los visibiliza. Por lo tanto, un gobierno no debe imponer una forma de protesta, porque atenta contra la libertad de expresión.
