Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
La mayor preocupación que comparten los guerrerenses es la embestida de las organizaciones criminales y su omnipresencia en las siete regiones del estado. En contrapartida, las fuerzas de seguridad del Estado se achican y se apertrechan con el Ejército y la Guardia Nacional. El número de efectivos castrenses que han llegado a Guerrero para brindar seguridad, no logra contener la avalancha delincuencial. Los asesinatos siguen escalando en Acapulco, Iguala y Chilpancingo, donde se ubican los refuerzos de la Guardia Nacional. Los grupos de la delincuencia se expanden y establecen pactos con otras organizaciones para tomar el control territorial y los giros comerciales en las principales cabeceras del estado. Los presidentes municipales han optado por cogobernar con los jefes de la plaza para que sus huestes se erijan en las fuerzas de seguridad y sean quienes se encarguen de imponer el orden entre los habitantes.
La llamada de auxilio de ocho presidentes municipales de Tierra Caliente y tres de la región Norte, a través de una carta que enviaron a la gobernadora donde expresaban sus fundados temores por las amenazas de muerte que han tenido por parte del grupo de Los Tlacos, tuvo una respuesta inmediata al concretarse la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el cuartel del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano. Previamente la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde fue informada por el Ejército sobre las acciones delictivas que prevalecen en la región y el modus operandi de los grupos de la delincuencia que tienen el control de la Tierra Caliente. Seguramente apareció La Familia Michoacana, como la organización que se ha expandido en esta zona fronteriza con Michoacán, que se encuentra ahora en disputa con la organización de Los Tlacos. Desde el 5 de octubre de 2022 cuando asesinaron al presidente municipal Conrado Mendoza y 20 personas más en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, la violencia se exacerbó, al grado que no hay una fuerza del Estado que logre replegar y someter al grupo delincuencial para garantizar la seguridad de la población. Por el contrario, se han suscitado irrupciones armadas en varias comunidades de la Tierra Caliente causando varios asesinatos y desplazamientos forzados de familias serranas. Esta situación ha generado malestar entre los pobladores porque no atienden a sus llamados de auxilio y más bien los han dejado a su suerte. Hay la percepción de que las fuerzas de seguridad del Estado han sucumbido o se han coludido con La Familia Michoacana porque le han permitido que se expanda en todo el territorio de la Tierra Caliente.
Las denuncias de los presidentes y presidentas municipales se focalizaron contra el grupo de Los Tlacos que consideran como la principal amenaza para sus actividades políticas y sus desplazamientos a la capital del estado. La reunión de más de tres horas fue una gran oportunidad para que la gobernadora, su gabinete y los miembros de la Mesa de Seguridad presidida por el Ejército contaran con un panorama delictivo, desde el sentir de los alcaldes y algunos diputados locales de la Tierra Caliente. Se desconocen los compromisos y acuerdos que se tomaron para darle salida a los planteamientos de las autoridades municipales.
El viernes 28 de abril como a las 2 de la tarde un grupo de la Policía Ministerial, apoyado por la Guardia Nacional, realizó un operativo en la bodega de la localidad Tierra Blanca, donde sacaron ocho vehículos de lujo que fueron llevados a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán. Posteriormente la Guardia Nacional apoyó para el traslado de estos coches al aeropuerto de Santa Bárbara. Ante este decomiso inesperado, varias organizaciones de transportistas se movilizaron para bloquear la carretera federal que va de Altamirano a Iguala a la altura del cuartel del 34 batallón con el fin de impedir que realizaran otro decomiso. En poco tiempo se apostaron varias unidades del transporte público para bloquear las principales entradas de las cabeceras municipales de esta región.
Lo inaudito fue la presencia de algunos alcaldes en los lugares donde se realizaban los bloqueos. No sólo se solidarizaron con la población, sino que también fijaron postura sobre las malas actuaciones de la Policía Ministerial, a quien acusaban de cometer robos en comunidades, exigiendo la salida de los agentes de la Fiscalía. El alcalde de Pungarabato Cuauhtémoc Mastachi se dijo burlado por la gobernadora, quien se había comprometido a garantizar el orden y la paz en la Tierra Caliente, sin embargo, lo que hizo fue mandar a la Fiscalía para cometer desmanes y robarle a la gente lo poco que tiene. Por su parte la presidenta de Cutzamala de Pinzón Mayté Arce denunció que no quieren más atropellos de los ministeriales. La alcaldesa de Tlalchapa Tania Mora señaló que los policías ministeriales utilizan vehículos que no son oficiales y que entran a las casas sin orden de cateo. Para el presidente de Arcelia Bulmaro Torres estas protestas son justas porque la gente se siente agredida por la Fiscalía en lugar de que investigue y persiga a Los Tlacos que son una amenaza para la población.
Ante estos bloqueos, los miembros de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz difundieron un boletín en el que manifiestan que los bloqueos fueron instigados por grupos delictivos, en respuesta a las acciones acordadas con la gobernadora. Manifestó que estas protestas son una reacción al incremento de las fuerzas de seguridad y a las acciones emprendidas desde la Mesa de Coordinación. Reiteraron que las instancias de seguridad, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, mantienen el control de las vías de comunicación que fueron afectadas por los bloqueos promovidos por grupos delictivos que operan en la zona. En un segundo boletín la Fiscalía General del Estado rechazó los señalamientos que hicieron algunas autoridades municipales y calificó como actos constitutivos de delito las acciones que encabezaron al afectar las vías de comunicación a través de varios bloqueos. Los ánimos se exacerbaron y las posturas de los presidentes municipales se radicalizaron al mantener su apoyo a la gente que permaneció en los bloqueos exigiendo la salida de la Policía Ministerial.
Lo que sucede en la Tierra Caliente es la expresión de una lucha protagonizada por grupos de la delincuencia que se disputan los territorios, los giros comerciales y las mismas presidencias municipales como parte del botín que han logrado tomar en sus manos para afianzar su poder. En estos enclaves la población queda sometida a los dictados del nuevo jefe de la plaza quien establece acuerdos con las autoridades municipales para imponer el orden y garantizar la seguridad en el municipio. No hay más autoridad que la impuesta por quien ha demostrado su capacidad de fuego, se ha erigido en el máximo poder causando terror entre la población. Su presencia a través de los grupos de civiles armados que patrullan las calles y caminos le da fuerza y legitimidad entre la población. En lugar de que los cuerpos de seguridad del Estado tengan presencia y mayor arraigo, son los grupos del crimen organizado los que aparecen como los nuevos actores que velan por el orden y la seguridad de la población, a cambio de que sus libertades y derechos fundamentales queden suspendidos.
El problema es mayúsculo por la ausencia de las instituciones del Estado y porque las pocas instancias que existen están acotadas y corroídas. En lugar de demostrar fortaleza en sus actuaciones sobre todo cuando se trata de investigar delitos y velar por la seguridad de la población, la gente constata que tienen muchas falencias y los funcionarios públicos son fácilmente permeables para coludirse con quienes tienen el poder del dinero.
En este clima enrarecido por la violencia y la corrupción, los grupos de la delincuencia son los que toman la delantera porque no hay contrapesos por parte de las instituciones del Estado y hay un gran potencial para hacer negocios tomando el control de los principales giros comerciales. Esta forma de imponer el control económico y político solo genera miedo, desmovilización y resignación entre la población que prefiere obedecer y guardar silencio para sobrevivir.
Hay un gran desafío para las autoridades estatales y federales porque el vacío que han generado en estas regiones no lo pueden cubrir en el corto plazo, por lo mismo se requieren intervenciones inmediatas con la participación de la población. Tiene que haber mayor presencia de las instituciones gubernamentales para atender las necesidades más apremiantes de la gente que no cuenta con ingresos seguros por el terror impuesto por la delincuencia. Las redes que se han tejido se tienen que desbaratar y sobre todo diseccionar los lazos que dañan la vida pública y la convivencia pacífica. No se puede permitir que haya este contubernio del poder público con el crimen organizado, mucho menos tolerar que el control de la economía quede supeditada al grupo delincuencial que dicta los precios de cada producto.
El abandono ancestral de la mayoría de comunidades rurales ha sido el caldo de cultivo para el arraigo de la delincuencia. La ausencia de las instituciones gubernamentales y su ineficacia para atender y resolver los problemas más sentidos de la población ha dado la pauta para que grupos de la delincuencia lo suplanten y se erijan como los nuevos redentores del pueblo.
Esta rebelión de los alcaldes muestra el nivel de descomposición en que se encuentra el aparato estatal y la incapacidad de las autoridades para imponer el orden y limpiar a las instituciones infestadas por la corrupción. Esta desatención le ha dado legitimidad a los grupos de la delincuencia para presentarse como un mal menor ante una población empobrecida y desorganizada. El fango de la corrupción que persiste dentro de las instituciones gubernamentales permite que pululen personajes y grupos que han hecho del crimen un negocio, utilizando el poder público para el enriquecimiento ilícito y el enquistamiento de cacicazgos políticos. Esta coyuntura política está generando mucha turbulencia porque las disputas por los futuros cargos se dirimen en todos los frentes. En esta lucha participan actores políticos y sociales de todo tipo que encuentran una veta de oro para afianzar negocios apostándole a determinadas candidaturas. El ambiente contaminado por los intereses delincuenciales deja en total indefensión a una población que se siente amenazada, no solo por la delincuencia, sino por los mismos grupos políticos que han encontrado en los espacios del poder público un modo de vida basado en la corrupción para perpetuarse en el poder y mantener sus alianzas con el crimen organizado.
