Marcos Matías Alonso
En la República Mexicana se están realizando las Asambleas Regionales del seguimiento de la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desde el 19 de junio y hasta el 25 de julio, realizan un amplio diálogo para promover un gran consenso nacional sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional en referencia. A la fecha han realizado Asambleas informativas en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Baja California Sur y Guerrero.
Incluyendo uno, que se realizará en Los Ángeles, California, falta celebrar más asambleas. Van a mitad de camino y se vienen escuchando las voces indígenas y afros de cada una de las más de 30 Asambleas que llevaban realizadas hasta el 4 de julio pasado. Con paciencia y prudencia se construye un gran consenso nacional indígena. Las voces son plurales y diversas las sugerencias y observaciones que se escuchan a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, se vislumbra un consenso en los grandes bloques temáticos que sustentan la Iniciativa de Reforma Constitucional.
El 4 de julio se celebraron cuatro asambleas regionales en Guerrero. En Tlapa de Comonfort, Ometepec, Ayutla de los Libres y Chilpancingo de los Bravos, participaron autoridades comunitarias y diversos representantes de los pueblos nahuas, mixtecos, tlapanecos, amuzgos y afromexicanos.
Participé en la Asamblea de Chilpancingo y presenté algunas ideas sobre la exposición de motivos y las consideraciones primordiales sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
Primero: Desde la última reforma constitucional en 2001 sobre “Derechos y Cultura Indígena”, pasaron 20 años de larga espera para que la Constitución Federal incluyera nuevos derechos que fueron omitidos en ese año. Ese tiempo ha llegado. Esta es una de las razones para que la Iniciativa de Decreto, que hoy presentan, cuente con un consenso y respaldo nacional, con una legitimidad nacional incuestionable.
Segundo: En los últimos 15 años se aprobaron instrumentos jurídicos y tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; de allí la importancia de armonizar nuestra Carta Magna con las normas y estándares internacionales establecidos por la ONU y la OEA. La armonización de nuestro marco Constitucional representa uno de los grandes desafíos del Estado nacional.
Tercero: La Iniciativa de Reforma Constitucional representa la oportunidad de cumplir con las recomendaciones que el Estado mexicano ha contraído en el contexto internacional. La Iniciativa responde a las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Desde 2003, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial, recomendó reabrir el debate sobre la reforma constitucional para establecer todos los derechos de los pueblos indígenas con base a la legislación internacional vigente y con apego a lo pactado en los “Acuerdos de San Andrés”. Pasaron 18 años y, hasta hoy, existen las condiciones políticas para saldar este compromiso inconcluso.
Cuarto: Como recordarán, el 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron los “Acuerdos de San Andrés” sobre “Derechos y Cultura Indígena”. Muchos de sus preceptos no fueron cumplidos por el Estado mexicano. La Iniciativa que comento responde a los planteamientos de los “Acuerdos de San Andrés Larrainzar”. Transcurrieron 25 años para desempolvar estos “Acuerdos” y retomar sus planteamientos en la Iniciativa.
Quinto: La Iniciativa de Reforma Constitucional está sustentada en un amplio proceso de consulta y diálogo con los pueblos indígenas y afros de México. Se cumplió con la obligación del Estado mexicano de consultar a dichos pueblos. De su voz se sistematizaron sus opiniones, propuestas y recomendaciones. En cada uno de los Foros Regionales y el Foro Nacional se analizaron ampliamente los 16 temas que han sido incluidos en la Iniciativa que propone modificar 15 artículos de la Carta Magna.
A modo de ejemplo, en la parte normativa de la Iniciativa, cito cuatro temas relevantes y los artículos que proponen modificar:
“El objetivo de esta Reforma Constitucional es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica para ejercer sus derechos” (Artículo 2° párrafo séptimo). En el apartado A de las fracciones VIII y IX del artículo 2° se reconoce el derecho al “territorio, entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que habitan, ocupan o utilizan de alguna otra manera; asimismo, se reconoce la relación especial con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra”. El derecho al territorio de esta propuesta se inspira en el artículo 13 del Convenio N° 169 de la OIT.
En dos fracciones del apartado A y B del artículo 2° Constitucional “Se eleva a rango constitucional el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y la correlativa obligación del Estado, con las características establecidas en el derecho internacional”.
De importancia es la adición del artículo 115 de la Carta Magna: “Se reconocen las instituciones de prevención y conservación de la paz y seguridad pública de los pueblos y comunidades indígenas. La Ley establecerá los mecanismos de cooperación y respeto con los sistemas de seguridad pública y la jurisdicción estatal, con base en los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y derechos humanos, garantizando los recursos para su buen funcionamiento”. Este artículo es de alta importancia para Guerrero, en donde existen las policías comunitarias y diversos sistemas de seguridad pública entre los pueblos indígenas. La aprobación de este artículo protegerá derechos de seguridad comunitaria para los pueblos indígenas y afros de nuestro estado.
Además de los anteriores temas prioritarios, la Iniciativa de Reforma Constitucional incluye la protección de derechos a la autonomía y libre determinación, las mujeres y los niños indígenas y afros, biodiversidad y medio ambiente, sistemas normativos indígenas, participación política, patrimonio cultural, educación y comunicación comunitaria, medicina tradicional, desarrollo sostenible, migración indígena, jornaleros agrícolas, etcétera.
En Chilpancingo hubo un amplio debate, desde temas conceptuales hasta adiciones a diversos artículos de los 16 bloques temáticos. Los miembros de la Comisión de Seguimiento, así como las autoridades comunitarias presentes en la Asamblea, aprobaron el contenido general de la Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional que se puso a su consideración. Guerrero suma su esfuerzo rumbo al gran consenso nacional. El tiempo se acorta y se prevé qué, en este mismo año, la Iniciativa será entregada al presidente de la República y quién a su vez, lo turnará al Congreso de la Unión.
Hay mucha esperanza en la reforma constitucional y consideramos que 2021 quedará registrado como el año en que se reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano. Este proceso inédito en el país marcará una nueva relación del Estado con sus pueblos indígenas y la tercera raíz de los pueblos de origen negro.
