Silvestre Pacheco León
Lo espectacular de la mañanera del miércoles pasado no fue tanto el anuncio de la iniciativa de reforma a las pensiones de los trabajadores, sino la asistencia de los representantes de los empresarios junto al de los trabajadores y los coordinadores parlamentarios de Morena, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar el compromiso tripartita que se propone mejorar el sistema de pensiones.
Pues aún cuando está fresco el desencuentro que el primer mandatario tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por desoír su propuesta en la gestión de la crisis económica provocada por la epidemia del coronavirus en el mundo, lo que expresa es ese entendimiento que hay para no dilatar los márgenes del sistema capitalista en aras de combatir la pobreza y la desigualdad.
Si se recuerda, fue en un desplegado al principio de la pandemia cuando la cúpula de los empresarios propuso al gobierno federal conseguir recursos de las agencias internacionales para apoyar a las empresas que cerraron, bajo el criterio de que en tiempos de crisis económica lo prioritario es salvar las fuentes de trabajo antes que a los trabajadores.
Como aquella propuesta clásica del neoliberalismo fue rechazada por López Obrador bajo la inspiración del plan del Partido Liberal Mexicano de 1906, proponiéndose invertir el modelo para apoyar a los trabajadores, antes que a sus patrones mediante adelanto en el pago de la pensión universal y con préstamos del presupuesto a las pequeñas empresas y a los empleados informales para asegurar su sustento durante el confinamiento, el distanciamiento con ese poder de facto parecía haber marcado la coyuntura.
En ese contexto la reaparición de Carlos Lomelín Salazar, presidente del CCE en la mañanera, firmando el compromiso de que los patrones incrementarán sus aportaciones para fortalecer el fondo de pensiones fue una sorpresa.
Y más cuando fue avalando el esquema que permitirá que los trabajadores de más bajos ingresos, que ahora reciben el 34 por ciento en su retiro, obtengan más y que las semanas de cotización se reduzcan.
Lo anterior contradiciendo a los especialistas que han insistido en que la iniciativa firmada se aparta de la tendencia mundial que consiste en alargar el plazo para el retiro, exprimiendo hasta el último respiro la vida de sus trabajadores, mientras se deja de lado lo verdaderamente importante de quitar a la iniciativa privada el manejo de las pensiones para hacer negocios con esos recursos, empezando por el alto cobro de las comisiones que también se alejan de la tendencia mundial en el capitalismo.
Aunque el gobierno de López Obrador, explicó que la iniciativa busca incrementar las aportaciones para que existan fondos suficientes que aseguren el pago a los pensionados, sobre todo a los de menos ingresos que ahora reciben apenas el 34 por ciento de lo que aportan, aún falta su aprobación en el Congreso y luego su aplicación que no será de un día para otro porque los beneficios totales se planea que se obtengan en un plazo de ocho años.
En todo caso la iniciativa que ha logrado el reencuentro del gobierno federal con los patrones establece que ellos incrementarán sus aportaciones hasta más allá del 13 por ciento, lo que permitirá la reducción de mil 250 semanas a 750 semanas de aportación para el retiro y de 25 a 15 años laborados.
Pero independientemente de lo que se opine de la iniciativa de reforma que comenzará a discutirse en el Congreso en el mes de septiembre la generalidad ha convenido que representa un paso importante en beneficio de los trabajadores.
En ese sentido el gobierno de la 4T sigue moviéndose dentro de los estrechos marcos del capitalismo para alcanzar el bienestar de todos los mexicanos, combatiendo la desigualdad social que ya es histórica porque no solo ha sido obra de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, sino del propio modelo porfirista denunciado en 1906 en el programa del Partido Liberal Mexicano, en el que los magonistas describen la extendida pobreza en la que vive la mayoría de los trabajadores y sus familias como parte de en un sistema donde los empresarios se beneficiaban de las agotadoras jornadas laborales de 12 horas, pagando salarios miserables que apenas alcanzaban para no morirse de hambre mientras que el gobierno del dictador mantenía ese orden con el empleo de la fuerza.
En aquella noticia de los principios de la revolución mexicana en la que AMLO dijo que se inspiró para acometer los daños económicos del coronavirus, los magonistas no dejan de destacar la presencia de esa casta privilegiada conocida como los “científicos” heredera de lo que ahora eufemísticamente se define como la “mafia del poder”, los políticos inescrupulosos, hábiles para corromper y hacer negocios, amasando sus fortunas al amparo del gobierno, como lo hizo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien apenas es un ejemplo del enorme grado de corrupción.
Pero salvo porque haya sido imposible bajo el régimen neoliberal prianista implementar una política redistributiva del ingreso para reducir la desigualdad, lo que el nuevo gobierno está poniendo a prueba es la eficacia de la propuesta del Partido Liberal Mexicano para que después de más de un siglo la nación acceda a un estado de bienestar, mediante la ampliación del mercado interno, favoreciendo la capacidad de compra de las familias para que incrementen su consumo de los bienes básicos suficientes promoviendo el desarrollo de la industria, en un clima social, económico y político que pueda ser atractivo para los grandes capitales foráneos. Porque ese era el sueño de los anarquistas plasmado en aquel manifiesto.
Ese es el margen que deja el capitalismo a un gobierno que no se propone ir más allá de sus límites, y dentro de ellos destinar parte del presupuesto en apoyo de las familias pobres, generar empleos masivos con proyectos de infraestructura, aunque no todos compartan su férreo combate a la corrupción que apenas está dando sus frutos, pues todos saben que también el pleno respeto al Estado de derecho significa un atractivo para los inversionistas que dicen que cuidan la sustentabilidad, de ahí que en esa lógica puede entenderse los desencuentros y encuentros entre la clase de los empresarios con el presidente de México.
Es seguro que en la discusión de la propuesta del Ejecutivo para dar vida a la iniciativa de reforma a las pensiones se haya visto la necesidad del fortalecimiento de la economía de los trabajadores como parte de la estrategia para enfrentar la crisis económica, y hasta es posible que entre los patrones haya quienes compartan la visión de aquellos liberales de principios del siglo pasado quienes pensaban en la necesidad de atenuar la pobreza como mecanismo para el desarrollo del país.
