Saúl Escobar Toledo
Oxfam, una organización internacional que se autodenomina como “un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad”, acaba de dar a conocer un documento acerca de los impuestos a las grandes fortunas en México (ver: oxfammexico.com). No es el único colectivo que ha hablado del tema. Un grupo de distinguidos economistas crearon un “laboratorio mundial de la desigualdad” que se puede consultar en wid.world. Por su lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha publicado regularmente diversos ensayos e informes acerca de América Latina. En México, la UNAM ha contribuido con reflexiones muy importantes a través de sus institutos (IIE y IIS), la Facultad de Economía y el PUED, para no mencionar otros centros de estudio prestigiados. También, organismos como la Fundación Ebert, la cual publicó hace un par de años un conjunto de ensayos de autores mexicanos, del cual dimos cuenta en este espacio.
Vale la pena llamar de nueva cuenta la atención acerca de la desigualdad y la reforma fiscal, ya que la pandemia, sumada a otros acontecimientos mundiales, como la guerra en Ucrania y la inflación, han agravado estos fenómenos. Según Oxfam, “los súper ricos fueron los grandes ganadores de estas crisis en México, pues han visto crecer sus fortunas en un 33 por ciento desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, mientras la economía nacional creció apenas en 0.28 por ciento en ese mismo período… Las fortunas de los súper ricos crecieron 117 veces más rápido que el resto de la economía…”. Ello, por supuesto, aumentó las desigualdades en “un país en el que el 1 por ciento más rico de la población —apenas 1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza nacional”. Y sumió en la pobreza a un número mayor de mexicanos.
Lo anterior, a pesar de algunas medidas tomadas por el gobierno como el aumento de los salarios mínimos y otras reformas legales como la que regula la subcontratación y las que tienen que ver con la democracia sindical, la justicia laboral y la contratación colectiva legítima. Igualmente, hay que tomar en cuenta los programas sociales, destacadamente el de la pensión para adultos mayores de carácter universal. Y, además, el esfuerzo para recaudar más, sobre todo de los grandes contribuyentes.
No obstante, el saldo ha sido muy favorable para los más ricos. Según Oxfam, a pesar de los beneficios extraordinarios que este pequeño sector de la sociedad obtuvo en los últimos años, su aportación para sufragar los gigantescos costos de las crisis derivadas de la pandemia de Covid-19 no aumentó significativamente. El problema radica en que pagan pocos impuestos: “Los causantes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03 por ciento de la recaudación total de impuestos y el 13.6 por ciento de la contribución de las personas físicas en 2021”. Por su parte, “las grandes empresas en México pagaban hasta 2021 unas tasas efectivas de impuesto sobre la renta (ISR) entre el 1 y 8 por ciento del total de ingresos, dependiendo de la actividad económica, muy por debajo del 30 por ciento que establece la ley”. Esto ocurre debido a la capacidad de elusión y evasión de los poderosos, pero también a que las leyes disponen una carga muy baja para los ingresos de los grandes contribuyentes y a la ausencia de un gravamen a la riqueza (es decir, al patrimonio material y financiero).
Lo anterior ha tenido como resultado que la recaudación total de impuestos sea equivalente al 17.8 por ciento del PIB, inferior al promedio de los países de América Latina y el Caribe y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una situación que se arrastra desde hace décadas.
Consecuentemente, los recursos que destina la federación a rubros tan importantes como la salud, la educación, y la infraestructura son cada vez más insuficientes. Por ejemplo, “el gobierno federal en 2021 invirtió prácticamente lo mismo en salud pública que en los pagos del servicio de la deuda”.
De ahí la necesidad de una reforma fiscal que, como propone Oxfam, grave las grandes fortunas. “Este impuesto debe tener una tasa del 2 por ciento para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3 por ciento para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5 por ciento para los milmillonarios –es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones de pesos o mil millones de dólares. (De esta manera) se podría recaudar hasta 270 mil millones de pesos anuales”.
También se proponen modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes que “aspiren a un incremento sistemático del impuesto sobre la renta a los causantes de mayores ingresos”; igualar las tasas que se cobran tanto al trabajo como el capital; fijar gravámenes a las grandes herencias y donaciones; y revisar los impuestos actuales a la propiedad, como el predial y la tenencia.
Oxfam subraya que, “tras décadas de una falsa creencia de que los impuestos a las grandes fortunas desincentivan la inversión y reducen el crecimiento… (éstos) empiezan a formar parte del futuro de América Latina… nuevos gobiernos progresistas han iniciado una ola de reformas fiscales progresistas”. Hasta ahora, podemos contar con los casos de: Argentina con la Ley de 2020, que estableció un impuesto no recurrente al patrimonio de las grandes fortunas en el país; Bolivia instauró un gravamen a las fortunas superiores a los 4.3 millones de dólares de manera anual y permanente, y tasas progresivas para las fortunas mayores a 7.2 millones de dólares.
Colombia, por su lado, aprobó recientemente una reforma fiscal que incluye un impuesto a las fortunas, eleva las contribuciones de las rentas y las ganancias de capital, y aplica un nuevo impuesto a los súper beneficios de empresas del sector extractivo.
El presidente de Chile mandó al Congreso una reforma tributaria que busca recaudar ingresos equivalentes al 4.1 por ciento del PIB, incluye un mayor impuesto sobre la renta para los ingresos más elevados, un nuevo gravamen a las mayores fortunas del país, y mayores regalías al sector minero.
Y Brasil, con el flamante gobierno de Lula, ha indicado que busca avanzar con una reforma tributaria progresiva que se presentaría en abril de 2023.
La necesidad de instrumentar modificaciones legales para obtener mayores recursos ha tenido amplio consenso académico y de las instituciones internacionales (incluyendo el FMI). Sin embargo, en México, la reforma fiscal sigue siendo un tabú, incluso para el gobierno de AMLO, el cual ha negado reiteradas veces incluirlo en su agenda y discutir su viabilidad; tampoco la mayoría parlamentaria de Morena ha mostrado interés en una reforma impositiva a la riqueza o a los ingresos más elevados, y a disminuir lo que pagan los trabajadores más pobres.
La postura de la administración actual tiene precedentes que Oxfam recuerda: particularmente, en 1961, el gobierno de Adolfo López Mateos encargó un informe especial al economista Nicholas Kaldor, el cual propuso una reforma fiscal que, entre otras cuestiones, incluyó gravar las grandes fortunas. Este informe fue desechado y sólo tuvo utilidad para la discusión académica. Habrá que recordar también la fallida reforma del presidente Echeverría a mitad de su sexenio, entre otros episodios históricos. Los secretarios de Hacienda de este gobierno han considerado inoportuna una reforma como la aquí descrita u otra similar, alegando que se vive un proceso inflacionario y un panorama internacional muy incierto.
Sin embargo, señala el informe Oxfam, la principal razón ha sido “la oposición y resistencia activa de las élites económicas”.
El asunto es pues, sobre todo político. Ante la negativa oficial, muchos dan por sentado que no habrá reformas este sexenio y esperan que la próxima administración sea más sensible a este reclamo. Puede ser. Por lo pronto, ahí están los datos duros y las propuestas. La presión social seguramente será cada vez más fuerte ante las carencias del país. A ver cuán tiempo aguantan los gobiernos de la república.
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