Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 3 de mayo de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León de ordenar la represión durante su sexenio y de autoritarismo.
En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum exhibió un video documental de cinco minutos en el que expusieron las distintas represiones civiles en el sexenio de Zedillo, como Aguas Blancas, Acteal, Ayutla de los Libres, y El Bosque.
“¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure?”, cuestionó.
“Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México”.
La presidenta criticó que se le tache de autoritaria por la oposición, cuando en el sexenio de Zedillo hubo distintas represiones a movimientos sociales e indígenas y se atentaba contra dirigentes sociales desde el Estado.
“Así como hay una acusación directa a la Presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo.
“Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escuche a los medios pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya la ciudadanía tenga información suficiente”, dijo.
En el video mostrado en Palacio Nacional, se relatan la masacre de Aguas Blanca, Guerrero, el 28 de junio en 1995, donde 17 campesinos murieron por disparos de policías; la represión de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, donde un grupo paramilitar disparó en contra de la organización indígena Las Abejas, lo que dejó 45 muertos, entre los que habían mujeres embarazadas, niñas y niños; la de El Charco, municipio Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, el Ejército mexicano asesinó a 10 miembros de la comunidad indígena en una escuela; así como una en el Municipio de El Bosque, Chiapas, donde más de mil elementos del Ejército fuerzas policiacas y atacaron tres comunidad dejando un saldo de ocho muertos y decenas de detenidos.
Alfonso Ramírez Cuéllar exige a Zedillo una disculpa pública
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó al ex presidente Ernesto Zedillo una disculpa pública por el daño causado al país al haber avalado el Fobaproa, el cual calificó como un gran crimen a la economía nacional.
En la mesa de diálogo Fobaproa, el horror de diciembre y el saqueo de Zedillo, consideró que “el país merece una disculpa pública de Zedillo, de Guillermo Ortiz, de Eduardo Fernández, y creo que habríamos de hacer una revisión para fincar responsabilidades por todo lo que hicieron. Creo que estas tres, entre otros, pero particularmente él (Zedillo) que era el presidente del país, el que era Secretario de Hacienda, el que era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son directamente responsables”, dijo.
Crítica al Fobaproa, una distracción, insiste Zedillo
El ex presidente Ernesto Zedillo aseguró que la campaña iniciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para acusarlo del Fobaproa y de la represión a los movimientos indígenas solo pretende desviar la atención.
En una nueva carta dada a conocer a la opinión pública, insistió: “al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado, por individuos como López Obrador, y hasta elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior”, señaló.
Sheinbaum realiza una “venganza vil” contra Zedillo, denuncia el PAN
El PAN cuestionó a la presidenta por emprender una “venganza vil y vulgar” contra Ernesto Zedillo.
“Es una venganza vil y vulgar de la misma línea que utilizó López Obrador. Por un trabajo de análisis plasmado en una revista, se emprende ahora una cacería en contra de un ex presidente y de su familia”, explicó Jorge Triana.
Para Triana, este caso “viene a confirmar que la 4T sí quiere censurar con su ley de telecomunicaciones: si a la primera persona que habla la persiguen, pues qué podemos esperar”.
Recuerda Sheinbaum masacres de Guerrero y dice que la represión fue “sello” de Zedillo
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se recordaron las masacres en Guerrero de Aguas Blancas en 1995, y la de El Charco en 1998, como parte de las represiones ocurridas durante la presidencia de Ernesto Zedillo.
Por medio de un video expuesto en la conferencia, la presidenta mostró la recopilación de las represiones ocurridas en el periodo 1994 al 2000, sexenio de la administración de Zedillo, que se asegura causó escándalos internacionales.
Durante la semana se ha dado un enfrentamiento entre Sheinbaum y Zedillo, luego de que el ex presidente afirmó en una entrevista en la revista Nexos y en un ensayo publicado en Letras Libres que la democracia había sido “asesinada” con la reforma judicial, a lo qy en respuesta la mandataria criticó la política económica durante el sexenio del priista y las consecuencias del empobrecimiento en el país.
Este viernes, la presidenta enfocó una parte de la mañanera la crítica hacia Zedillo por las represiones. En dicho video se afirma que fueron “sello del gobierno” de Zedillo dichas acciones contra movimientos sociales, liderazgos de izquierda y opositores a su administración.
“Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de junio de 1995, en la masacre de Aguas Blancas 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros”, se dijo en el video.
De igual forma, se indicó que en la masacre de los campesinos hubo participación del funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
“Un acto atroz que el resto de los integrantes de la Organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero, por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, se menciona en el video que mostró una imagen del ex gobernador.
En el video se indicó que el gobierno estatal acusó a los campesinos de agredir a policías, pero se desmintió dicha versión y Figueroa terminó por solicitar licencia, además se asegura que los supuestos responsables gozan de impunidad por el caso.
“El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y tres meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad”.
El 7 de junio de 1998 el Ejército mató a diez indígenas y a un estudiante de UNAM que se encontraban con integrantes del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en la escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres.
Al respecto, en el video gubernamental aparece que los indígenas y el estudiante fueron “asesinados” por elementos del Ejército mexicano y que las víctimas no se encontraban armadas.
“La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, diez miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron a participar en una consulta popular, no estaban armados”.
El video recordó que en ese episodio, “luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante seis horas, algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días más de 3 mil indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar”.
La presidenta señaló que si se proyectó dicho video con la recopilación de las represiones, es para que los jóvenes conozcan el ambiente que se vivía durante ese periodo y que se exponen dichos casos en el marco de críticas de autoritarismo de la presente administración.
“Esto es solamente para que los jóvenes, de nuevo, conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo, así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure?”.
Sheinbaum indicó que será decisión de cada persona si considera, debidamente informada, dónde hay autoritarismo, libertad y democracia.
“Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, a movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablamos de autoritarismo”, planteó.
Entre las represiones recordadas, también se mencionó los 45 muertos de Acteal en 1997, los ocho muertos en el municipio El Bosque en Chiapas y el movimiento social El Barzón.
Critica la OCSS uso político del caso Aguas Blancas y no para acabar la impunidad
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, declaró que no es legítimo que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum tome sólo como referencia la masacre del vado de Aguas Blancas, “y no como un asunto de terminar con la impunidad”.
Por medio de un video, Sheinbaum Pardo se refirió en su conferencia matutina de este viernes, a la masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995 en Coyuca de Benítez, y la de El Charco, municipio de Ayutla, el 7 de junio de 1998, como parte de las represiones durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo.
La mención de ambas masacres en Guerrero, se hizo en medio de la disputa política que surgió esta semana entre la presidenta morenista y el ex presidente priista.
Consultada por teléfono, la dirigente de la OCSS, agrupación a la que pertenecían los 17 campesinos masacrados en el Vado de Aguas Blancas, consideró que no es legítimo que hoy la presidenta tome sólo como “referencia” la masacre de Aguas Blancas y no como un asunto de terminar con la impunidad”.
Criticó que no haya un compromiso que lleve al castigo del ex presidente Zedillo “y a todos los responsables, como al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, contra quienes debe haber una investigación expedita”.
Dijo que Aguas Blancas sigue siendo un caso impune; “un archivo olvidado, como muchos casos de compañeros miembros de la OCSS que hemos sobrevivido a gobiernos represivos, y, lo peor, todavía ahora en este gobierno de la Cuarta Transformación”.
Citó el caso del sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Antonio Barragán Carrasco, preso desde el 2001, víctima de torturas, perseguido y encarcelado en el penal de Atlacholoaya, Morelos, por Genaro García Luna “y el gobierno de la Cuarta Transformación no lo haya puesto en libertad”.
Para la líder de la OCSS, el caso de la masacre de Aguas Blancas se mencionó no como un compromiso de acabar con la impunidad, sino “como una cuestión de cobertura política” pues se mencionó sólo como referencia “y así no vale, porque esos temas no sólo se deben de mencionar, sino reabrir para hacer justicia”.
Mesino exigió a la presidenta que haga justicia “e indemnice a los que sobreviven de esa masacre, porque muchos ya murieron, pero algunos sobreviven mutilados”.
Además, pidió que como un acto de justicia ponga en libertad a Barragán Carrasco “y no solamente exponga el caso de Aguas Blancas para cubrir una forma de decir: ‘esto hicieron los gobiernos pasados’, ¿pero y qué han hecho los gobiernos de hoy?”, cuestionó la líder.
Añadió que es lamentable que la presidenta de la República use políticamente el caso por su conflicto con el ex presidente y no se comprometa en serio a terminar con la impunidad en el caso.
Insistió que si de verdad ve como un acto de injusticia y de represión la masacre, que proceda con el encarcelamiento de Ernesto Zedillo y del ex gobernador Rubén Figueroa.
Dijo que lo criticable es que todavía en este gobierno se sigue asesinado a los defensores sociales, como a Marco Antonio Suástegui, “al que la OCSS se suma a la demanda de justicia porque también tenemos casos impunes, como la masacre de Aguas Blancas y los asesinatos de Rocío y Miguel Ángel Mesino, así como el de Ranferi Hernández Acevedo y muchos otros asesinatos de compañeros que han quedado en la impunidad”.
Insistió que si la presidenta quiere acabar con la impunidad de estos casos que empiece por el castigo al ex presidente Ernesto Zedillo y a todos los responsables, como al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
“Son 30 años a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una recomendación, igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no ha habido ningún avance”.
Que no quede en palabras y se investigue, pide Efrén Cortés a Sheinbaum sobre El Charco
El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, pidió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que de su “declaración política” pase a los hechos y pida a la Fiscalía General de la República (FGR), una investigación en contra del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero porque tuvieron responsabilidad legal en esa masacre ocurrida el 7 de junio de 1998.
Sheinbaum anunció que en su conferencia de prensa de este viernes se informaría de la matanza de El Charco, comunidad na savi del municipio de Ayutla, donde el Ejército mató a diez indígenas y a un estudiante de la UNAM que se encontraban en una reunión en la que participaron combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y población civil. La referencia al caso de El Charco, como un hecho represivo del gobierno de Zedillo, se dio en un video que presentó la presidenta en el que se habla de la masacre de Aguas Blancas, y de otros casos como la masacre de Acteal, Chiapas.
El caso salió a colación en medio de señalamientos que se hicieron en esta semana el ex presidente Ernesto Zedillo y la presidenta Sheinbaum.
Cortés Chávez criticó que la presidenta se haya referido a esa masacre en medio de su “disputa política” con los gobiernos anteriores, “cuando la impunidad se mantiene a 27 años de la masacre, por eso esperamos que la mención se convierta hechos y lleve a la justicia a los autores materiales e intelectuales de ese crimen”, dijo.
“Como víctimas exigimos que se investigue y se castigue este caso que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) y que sigue pendiente por resolver”, dijo.
“Que no quede sólo en declaraciones, el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Ángel Aguirre tienen responsabilidad legal porque debieron pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara el caso y no lo hicieron”.
Para el sobreviviente, se tiene que investigar el “exceso” de las fuerzas armadas en este caso, “porque después de que se dio la rendición, se vino la masacre y eso es lo que no se investigó”, declaró por teléfono Cortés Chávez.
Insistió: “Si de verdad hay voluntad política de la presidenta que se investigue a todos los actores que participaron; unos por acción y otros por omisión. Si en realidad se quiere luchar contra la impunidad se debe de empezar por investigar, que no se quede así; como un enfrentamiento de las fuerzas armadas y la guerrilla”.
El sobreviviente explicó que si bien esa noche hubo un enfrentamiento entre el Ejército con integrantes de la guerrilla, “hemos dicho que después vino la rendición, pero el Ejército masacró, ya rendidos y después de que se pactó que se iba a respetar la vida, y eso no se ha investigado”.
Explicó que no se ha negado que en El Charco había un movimiento armado y que hubo un enfrentamiento, pero que también había población civil que fue la masacrada, “y dentro de un estado de derecho, la obligación de la autoridad era investigar si hubo crímenes para sancionarlos”.
Desde su punto de vista tanto el ex presidente Zedillo como el ex gobernador Aguirre, tuvieron responsabilidad, pero nunca se les investigó, “quedó en el hecho sólo de decir: fue un enfrentamiento y no se investigaron las violaciones graves a los derechos humanos”.
Reiteró que lo criticable ahora es que el caso lo saque a colación la presidenta “como consecuencia de una disputa política”, y la conminó a que sus dichos los convierta ahora en acciones legales, “porque si nomás queda dentro de la disputa política para evidenciar quién viola más los derechos humanos o qué sexenio es más criminal, estamos cayendo en lo mismo y nunca se va a saber la verdad”.
Pidió: “Si ella ya puso el dedo en el renglón pues tiene la facultad de pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue los hechos porque se cometieron delitos que no prescriben, como las ejecuciones extrajudiciales y las tortura que no se han investigado”.
Insistió que si nomás deja así el tema “no va a tener éxito y sólo va a quedar dentro de la disputa política y eso deslegitima su posición, porque la situación de la impunidad y la justicia no deben de utilizarse políticamente, se tiene que juzgar a quienes cometen delitos”.
Fue reiterativo en que la presidenta “de las declaraciones tiene que pasar a los hechos, y el día que la FGR requiera al ex presidente de la República, al ex gobernador Ángel Aguirre y a los altos mandos del Ejército, es cuando se va a ver si tiene voluntad de acabar con la impunidad”.
Solicitó que la presidenta use su investidura como la máxima autoridad de este país para pedirle a la FGR que investigue estos hechos, “y si Ernesto Zedillo tiene culpa, tiene que ser juzgado, aunque sólo este preso una semana, porque como ya está viejo van a decir que por ser de la tercera edad no puede ser juzgado”.
Indicó que la misma situación debe ocurrir con el ex gobernador Ángel Aguirre quien era gobernador, cuando ocurrió la masacre.
Texto: Agencia Reforma, Juan Luis Altamirano Uruñuela, Zacarías Cervantes
