Silvestre Pacheco León
Uno de los temas de carácter político que ocupó todo el tramo final del año pasado es el referido a la revocación del mandato, un derecho conquistado por los ciudadanos que no se ha podido ejercer porque hacía falta la ley secundaria en cuya elaboración el Senado tardó seis años.
Aunque no muchos ciudadanos lo saben, la revocación del mandato consiste en separar de su cargo a un representante popular si la mayoría de los ciudadanos que votaron en la elección donde obtuvo su puesto decide que no debe seguir ejerciéndolo.
El mecanismo de revocación, de acuerdo con la ley federal aprobada en septiembre pasado, se debe proponer inmediatamente después de cumplirse la mitad del mandato del representante popular por el que fue electo o electa.
Pero el ejercicio de esa práctica que se efectuará en el presente año como parte de la democracia participativa no es automático porque la ley de la revocación del mandato establece como requisito que exista una petición formal de los ciudadanos que forman parte de la demarcación representada en un cargo por quien será sometido a la revocación.
En el caso del presidente de la República la solicitud debe ir acompañada del 2.5 por ciento cuando menos de los ciudadanos registrados en el padrón electoral que es de 93.5 millones de votantes, es decir que el número de ciudadanos firmantes no debe ser menor a los 2 millones 337 mil 500 repartidos en cuando menos 17 estados de la república.
Esa es la razón por la cual hemos visto en las plazas públicas las mesas donde se colectan firmas para cumplir con el requisito de petición para que la consulta se realice dentro del primer trimestre del año.
Este tema para fortalecer la democracia participativa adquirió un desusado interés debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el promotor del nuevo derecho ciudadano contenido en la fracción IX del artículo 35 de la Constitución que tiene como propósito controlar a los representantes populares que una vez en el cargo se sienten todopoderosos y actúan como soberanos, dándole oportunidad a los propios electores que votaron a su favor, y los que no, para que tengan en sus manos la posibilidad de separarlos del encargo, pues resulta costoso y muchas veces con daños irreparables que el pueblo deba aguantar en el poder a alguien que ya no cuenta con la confianza de quienes lo eligieron y que a ojos vistas está causando daño a la nación como ocurrió con Enrique Peña Nieto quien entregó lo que quedaba de bienes públicos a las trasnacionales apoyado en los propios partidos políticos que le fueron afines sin que el pueblo pudiera retirarlo hasta que completó su período y lo tuvimos que aguantar hasta que llegó el tiempo de las elecciones.
Con esta ley de revocación del mandato que es tan benéfica para la salud de la República los ciudadanos tendremos en nuestras manos la posibilidad de retirar de su encargo al representante que no responda a nuestras expectativas y también de ratificar a quien de acuerdo con su desempeño nos muestre que hace todo lo humanamente posible para cumplir con sus propuestas de campaña que le ganaron el voto mayoritario.
Ahora bien, como ha sido el propio presidente de la República quien ha decidido poner en manos de los ciudadanos este recurso que siendo un derecho constitucional amenazaba con dormir el sueño de los justos como era el caso del derecho a la salud, la educación, la vivienda, disponiéndose a que sea sometido él mismo al mecanismo de la revocación del mandato, sus opositores políticos en vez de secundar la iniciativa que es para el fortalecimiento democrático, se oponen a ella con el mezquino argumento de que el ejercicio de ese derecho democrático será para fortalecerlo en el poder.
Quizá muchos no alcancen a comprender las razones por las cuales quienes se han opuesto al ejercicio de la revocación del mandato sean los propios líderes opositores que quisieran ver a López Obrador fuera del gobierno, pero es que viendo el apoyo popular que tiene el presidente de acuerdo con los datos publicados por las diferentes empresas encuestadoras que señalan que de cada diez ciudadanos casi siete están satisfechos con su gobierno, los opositores deducen que ante la imposibilidad de que se le revoque el mandato, el ejercicio que se haga al respecto no solo será para votar mayoritariamente que siga en el cargo, sino que será como un refrendo de su popularidad y su fuerza, cuya contundencia hará más ostensible la orfandad de ellos que ahora no llega ni siquiera al nivel de ser contestataria y empieza a dividirse en la disputa por las candidaturas de las elecciones venideras.
El obstáculo mayor para realizar el ejercicio de revocación del mandato, como se ha visto en las últimas semanas, ha sido la posición asumida por el Instituto Nacional Electoral, precisamente la institución que tiene el encargo de velar por la pulcritud de las elecciones y elevar la educación cívica de la población.
Ante el azoro de todos, el INE puso en riesgo el inicio de esta práctica en el país desde donde puede generalizarse su ejemplo hacia muchas latitudes con el argumento de que carecía del presupuesto para hacerlo, sirviendo así a la postura de la oposición política que no quiere que se lleve a cabo dicho ejercicio.
Pero habiendo ganado la lucha legal en esta disputa con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que la consulta debe realizarse sin dilación ni posposición, a regañadientes la autoridad electoral deberá cumplir con su responsabilidad a finales de marzo, debiendo la oposición política cargar con esta nueva derrota de la que esperamos se recupere algún día para cumplir el papel que le toca como contrapeso.
Sin embargo y aunque hay quienes pensamos que con la información de las empresas encuestadoras sobre la aceptación mayoritaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es suficiente para refrendar que siga en el gobierno hasta terminar su período, y hasta podríamos ahorrarnos la consulta para que continúe en el cargo, no falta quienes se oponen al ejercicio porque creen que hay un fundado riesgo de manipulación por parte de los artífices de fraudes para que muchos ciudadanos se confundan y a la hora de votar lo hagan en contra simplemente porque la manera como están redactadas las preguntas de la papeleta dan pie para esa confusión.
Aunque no soy parte de quienes sostienen esa postura he sido testigo de cómo hasta el propio presidente tiene dificultades para explicar la pregunta, pues la redacción es tan confusa que uno se pregunta si no habrá segundas intenciones en quienes la hicieron enredosa para que el voto se preste a dos interpretaciones contrapuestas.
Si la pregunta que estará en la papeleta de la consulta es: Estás de acuerdo en que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato o que se mantenga en el cargo, cualquier respuesta se presta a dos interpretaciones. Si respondes que sí se puede entender que estás de acuerdo en que se le revoque y también en que se mantenga en el cargo. Pudiendo simplemente preguntar, ¿Quieres que Amlo siga en el cargo? Sí o no.
¿Qué le parece?
