Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Para Martha Sánchez, embajadora de los derechos de las mujeres indígenas.
Para la compañera Mariana Labastida, periodista de El Sur comprometida con la verdad y siempre al lado de la gente que no tiene voz.
A escasas tres semanas que inició la tercera ola del Covid-19, que entró como una tormenta por la variante Delta, la crisis sanitaria se agravó en el país y en el estado. En buena medida, porque las autoridades federales y estatales permitieron que la población se relajara, con el manejo del semáforo epidemiológico acorde a los tiempos electorales. Al declarar que la mayoría de estados se encontraban en semáforo verde, se generó una opinión de que habíamos retornado a la normalidad y por lo mismo, habíamos superado la etapa más crítica del contagio. Ahora nos encontramos en alerta con los colores amarillo y naranja, a punto de cruzar el umbral del semáforo rojo. La reciente postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no “tomar ninguna decisión de cierre”, apelando a que ya sabemos cuidarnos todos y que hemos recibido mucha información sobre cómo prevenir el contagio del Covid-19, da pie para que la población actúe con plena libertad, porque no se tomarán medidas autoritarias.
Tomando como referencia los datos de la Secretaría de Salud del 30 de julio, hay un reporte de 241 mil 034 defunciones por Covid-19. Señala a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y San Luis Potosí como las entidades con mayor número de casos activos, que presentan mayor actividad viral, y por consecuencia, un aumento alto en la transmisión del virus. El informe reporta a la Ciudad de México con 45 mil 779 defunciones positivas, ocupando el primer lugar. Nuestro estado se ubica en el décimo octavo lugar con 4 mil 683 decesos y se encuentra en semáforo naranja. Con esta cartografía pereciera que la situación epidemiológica en el estado está controlada. La realidad es que hay un registro de 11 defunciones diarias en los últimos días, que es un indicador funesto porque, porque el número de casos se elevó de manera intempestiva, al grado que los hospitales de Acapulco y Chilpancingo están saturados. Hay un colapso en el sistema estatal de salud porque los nosocomios de mayor cobertura están al tope y los hospitales regionales, sobre todo los de la Costa Chica no saben qué hacer con los pacientes.
El 28 de julio, el relator municipal de Ayutla de los libres, Samuel Calderón, circuló un oficio donde reportaba que el Hospital General de Ayutla les informaba que no contaba “con camas disponibles Covid (19) de Ometepec, Acapulco y Chilpancingo, por la cantidad de enfermos contagiados que están hospitalizados”. Por esa razón, notificaba a la población que se “suspenderían los traslados de personas infectadas, porque ya no hay donde enviarlas”. Los 13 municipios de la Costa Chica enfrentan un problema grave, por el alto número de casos que se están registrando, lo peor de todo es que no hay opciones para que los pacientes puedan hospitalizarse. Las familias tienen que regresarse a sus casas porque no hay camas. Las condiciones adversas que enfrentan las jefas o jefes de familia se agudizan porque no cuentan con dinero para comprar las medicinas. La atención de los médicos privados resulta ser muy onerosa e inefectiva. Al final tienen que ser los mismos familiares que acuden con remedios caseros para proporcionarle atención a sus enfermos.
Lo grave es que la gente no tiene posibilidades de saber si está contagiada porque seguimos sin la aplicación de pruebas en las cabeceras municipales, sobre todo que la transmisión de la variante Delta es más rápida y severa. Por lo mismo requiere hospitalización, pero al no ser posible se coloca a la población portadora del virus en una situación de alto riesgo, al grado que si se conjuntan los factores de morbilidad puede estar al borde de la muerte. La opción sería la vacunación para todas las personas mayores de 18 años, sin embargo, en este momento cuando el contagio se extendido, parece llegar a destiempo en las personas que requieren hospitalización. Las autoridades de salud tienen que focalizar la atención en los municipios donde se ha incrementado el número de contagios, para instalar kioscos para la aplicación de pruebas, incrementar el número de brigadas para promover medidas preventivas. La misma vacunación tiene que acelerarse donde el brote es mayúsculo. En el puerto de Acapulco y sobre todo las colonias periféricas requieren de la atención urgente, lo mismo que en Chilpancingo e Iguala.
Es importante continuar con las brigadas de vacunación en las siete regiones del estado, utilizando el personal médico que ya tiene la experiencia en la implementación de las campañas de vacunación. No se puede reducir a dos semanas el período de vacunación como se ha planeado en la región de la Montaña, porque se necesita desplazarse a las comunidades más remotas para garantizar que se vacunen. Tienen que atender los focos rojos, donde hay comunidades que tienen temor a vacunarse porque no tienen la información adecuada. El caso de Cochoapa el Grande es un ejemplo. Predomina la idea de que si se vacunan se mueren, porque han escuchado historias, sin corroborar, de que en Tlapa hubo gente que se vacunó y que en lugar de que estuviera más protegida, decayó y se murió. También hay población joven que no quiere vacunarse, porque pide que vaya el personal médico hasta su comunidad. Algunos de ellos manifestaron que antes de las elecciones el mismo presidente de Metlatónoc se interesó en llevar las brigadas médicas donde la gente le pedía, pero ahora que ya perdió, ya no atiende sus solicitudes. Es en las comunidades indígenas y afromexicanas donde la precariedad hospitalaria y la carencia de medicamentos son factores que ponen en mayor riesgo de contagio, sobre todo porque no hay un monitoreo de cómo se está expandiendo el virus, porque no se aplican pruebas.
Las autoridades del estado tienen que dimensionar esta emergencia y no sólo vislumbrar los intereses económicos. Tienen que sopesar bien las decisiones que se toman. No todo se puede lograr en una situación de emergencia. Tampoco se puede dejar en el olvido a la población que de por sí ha padecido los estragos del rezago social y de la desatención institucional. No se puede seguir con el mismo esquema de racionalizar recursos y sobrellevar la situación. Tiene que solicitarse la intervención del gobierno federal para atender lo más urgente a los pacientes hospitalizados, ampliar la cobertura, dotar de equipo, contratar más personal y continuar con las brigadas de vacunación por el tiempo que se requiera.
Es un gran alivio que en la Montaña en dos semanas se hayan aplicado 77 mil 180 dosis a la población de 18 a 49 años. También fue un esfuerzo valioso que en Tlapa se hayan aplicado 24 mil 40 vacunas rebasando la meta que se habían planteado de 19 mil 800. En la mayoría de municipios de la región, hubo afluencia de personas interesadas en vacunarse. La gente del municipio de Malinaltepec solicitó varias brigadas a las comunidades debido a que en los meses de diciembre a abril hubo muchos decesos por Covid. Contrasta el municipio de Cochoapa el Grande, donde tuvieron que ir los delegados estatales de Bienestar y del INPI para invitar a la población a que se vacunara. A pesar de la convocatoria de la presidenta municipal que contó con el apoyo de las autoridades agrarias, sólo se vacunaron 830 personas de las 4 mil dosis programadas. Hay mucha reticencia a vacunarse por temor a morir y también de quedar estériles, como lo comentan algunos jóvenes. Atlamajalcingo del Monte es el segundo municipio con menos afluencia para vacunarse, de las mil 800 vacunas, sólo se aplicaron 870. A pesar de que las comunidades están relativamente cerca, no quisieron desplazarse a la cabecera municipal.
Preocupa que las familias jornaleras que en su mayoría son de Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Tlapa, no estén siendo considerados para que se vacunen. El problema es complejo porque se trata de una población relegada, debido a que no todos son beneficiarios de los programas federales, porque los servidores de la nación al no encontrarlos en sus domicilios, los dejan fuera del padrón. Por lo mismo, no sólo están excluidos de estos beneficios, sino que tampoco las autoridades saben cuántas familias son jornaleras. No hay un censo que ayude a ubicar el movimiento de estas familias para implementar políticas que atiendan su situación de migrantes internos. Hay varios casos de jornaleros que se han contagiado de Covid-19, pero ni las autoridades ni los empresarios asumen su responsabilidad de aplicar medidas preventivas, de realizar pruebas PCR y ahora de diseñar una estrategia para vacunarlos.
Son múltiples los desafíos que enfrentan las autoridades de los tres niveles de gobierno. Preocupa mucho porque con el fin de la administración estatal y de los ayuntamientos ya no se brinda la atención que requieren los ciudadanos y ciudadanas y con el pretexto de que están concluyendo su ejercicio presupuestal, su respuesta es negativa para bridar atención a los pacientes de Covid-19. No deben de olvidar que la salud es un derecho constitucional y que en este momento crítico la salud es una prioridad de Estado.
