La Corte terminó ayer el análisis de los códigos Militar de Procedimientos Penales y de Justicia Militar, impugnados desde 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ciudad de México, 18 de abril de 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló ayer la facultad de los fiscales militares para solicitar a un juez, u ordenar directamente, la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, así como la entrega de datos conservados por las empresas de telecomunicaciones sobre su uso.
Además, el Pleno de la Corte también invalidó la atribución de dichos fiscales para solicitar órdenes de cateo a domicilios privados o instalaciones civiles de gobierno durante la investigación de delitos del fuero militar.
La Corte terminó ayer el análisis de los códigos Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y de Justicia Militar (CJM), impugnados desde 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya discusión había iniciado a finales de marzo.
La ausencia del Ministro Alberto Pérez Dayán por vacaciones obligó a aplazar hasta hoy algunos temas en los que había siete votos.
Con el voto de hoy del Ministro, la Corte reunió las mayorías necesarias para anular los artículos 299 del CMPP y 81 Bis fracción VII del CJM, porque permiten la geolocalización en términos demasiado abiertos, sin distinguir si las autoridades militares pueden ejercerla sobe civiles y sin restringirla a los delitos más graves.
“No se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense, sin que se haya efectuado control previo respecto de esta medida por parte de una autoridad judicial civil”, afirma el proyecto del Ministro Luis María Aguilar.
En cuanto a los cateos, el voto de Pérez Dayán también permitió invalidar los artículos 278 y 282 del CMPP, que permiten a jueces militares autorizar el ingreso a domicilios privados, o de oficinas de gobierno de cualquier nivel, también por la extensión indebida de la jurisdicción militar hacia civiles.
Pérez Dayán también apoyó anular tres artículos del CMPP relacionados con intervención de comunicaciones privadas a solicitud de fiscales militares.
Sin embargo, el artículo 287 de ese código, que es el que permite este tipo de intervenciones en indagatorias castrenses, no fue impugnado por la CNDH, y sólo tres ministros votaron por extender la invalidez a dicha norma.
El Ministro, en cambio, estuvo en contra de anular el artículo 215 del CMPP, que califica como “estrictamente reservados” todos los registros de las investigaciones militares, y fija plazos para que se puedan difundir versiones públicas de algunas resoluciones del Ministerio Público.
En este tema, sólo hubo siete votos por invalidar, por lo que la norma seguirá vigente.
La SCJN se perfila a invalidar la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a Sedena
La Corte dio ayer el primer paso para invalidar la reforma legal de septiembre pasado que busca transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin modificar la Constitución.
El caso, sin embargo, no pudo ser resuelto, pues los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel consumieron una hora de la sesión publica para hacer apasionadas defensas de la participación militar en seguridad pública y, en el caso de Zaldívar, para recordar una y otra vez la corrupción de sexenios pasados y la condena en Estados Unidos por narcotráfico contra Genaro García Luna, titular de la Secretaria de Seguridad Publica en el sexenio de Felipe Calderón.
Para no interrumpir intervenciones de otros colegas, la ministra presidenta Norma Piña dejó para este martes el resto de la discusión.
Previamente, por nueve votos contra los de Zaldívar y Esquivel, el Pleno aprobó la primera parte del proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar la transferencia a la Sedena.
Lo aprobado, con matices de algunos ministros y ministras, es un marco contextual previo al estudio de fondo, que concluye que la reforma constitucional de 2019 para crear la GN resultó del consenso entre los partidos políticos para establecer una corporación claramente de carácter civil, en la que se rechazó la propuesta inicial de un mando mixto con militares.
Lo anterior se reflejo en el Artículo 21 de la Constitución, que ordena que la GN estará adscrita a la Secretaria de Seguridad Publica y Ciudadana (SSPC), y que Morena no pudo reformar en 2022 al no contar con la mayoría calificada necesaria en el Congreso, lo que llevo a intentar el traslado a Sedena por medio de leyes secundarias.
Cabe mencionar que, desde octubre pasado, dicho traslado quedó congelado por la suspensión que concedió una jueza federal de Irapuato en un amparo, misma que sigue vigente.
Zaldívar defiende la participación militar en la Guardia Nacional
El ministro Zaldívar habló durante 35 minutos para defender la participación militar en la GN y en tareas de seguridad pública, justificar la creación de esta corporación como reemplazo de la Policía Federal, y criticar el proyecto de González Alcántara.
Durante sus cuatro años como Presidente de la Corte, Zaldívar reiteró en múltiples ocasiones su desconfianza y enfrentamientos con la PF por el caso Florence Cassez, en el sexenio de Felipe Calderón, lo que hoy retomó.
“Todos los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2001 y la Policía Federal en 2009 hasta su extinción en 2019 se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando”, dijo.
Esto en alusión a la reciente condena contra García Luna, quien fue fundador o mando de varias de las instituciones mencionadas, por proteger al Cártel de Sinaloa.
“Las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación”, agregó Zaldívar.
“La Guardia Nacional se crea para romper con una institución policial viciada que tuvo dos procesos no exitosos de reestructura”.
Zaldívar afirmó que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en realidad no son dependencias militares, pues no se les debe confundir con el Ejército y la Armada, sino que forman parte de la Administración Publica Centralizada y, al menos en teoría, podrían ser encabezadas por civiles.
Afirmo que mientras la GN mantenga objetivos, entrenamiento y tácticas propios de policías civiles, que sus mandos o integrantes provengan de las Fuerzas Armadas en nada se opone a la Constitución o los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Una Guardia Nacional químicamente pura ajena a cualquier elemento militar no es sostenible”, añadió Zaldívar quien anunció que también hablará este martes, “no podemos hacer decir a la Constitución cosas que no dice”.
Por su parte, Yasmín Esquivel dedicó 23 minutos a subrayar que la GN sigue siendo un órgano desconcentrado adscrito a la SSPC y que en nada afecta que se le ponga bajo control militar, ya que dicha dependencia sigue siendo la responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“A este alto tribunal le corresponde juzgar, no gobernar”, dijo la ministra, quien consideró que la Corte no debe intervenir en el diseño de políticas públicas en determinadas materias.
Texto: Staff / Agencia Reforma
