Ese cultivo no sería un factor determinante para el cambio de la pobreza en que viven, pues se necesita la participación de instituciones públicas que asuman sus responsabilidades para el mejoramiento de los cultivos tradicionales, señala Abel Barrera.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de abril de 2019. El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, concedió que regularizar el cultivo de la mariguana con licencias o permisos, puede ser un factor complementario para detonar una mejor calidad de vida de las familias campesinas indígenas de la Montaña y la Sierra de Guerrero.
El defensor de derechos humanos fue consultado vía telefónica sobre la inquietud que expresó un empresario de trabajar con campesinos de la Montaña que siembran la planta de manera ilícita, ante la expectativa de que la producción se legalice a partir de la iniciativa que llevó a Senado el año pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Barrera Hernández aceptó que es una iniciativa importante, que por sí sola no va a resolver el problema estructural que enfrentan las familias campesinas de la Sierra como de la Montaña.
Sostuvo que el gobierno está ausente de la regulación del desarrollo en las regiones más depauperadas, pero la legalización de la producción “pudiera ser complementaria en una política más integral sobre todo involucramiento de las comunidades en un desarrollo más equitativo, más armónico, donde no solamente la siembra de la planta se vea como detonante”
Insistió en que el cultivo de la mariguana no es un factor determinante para el cambio de la pobreza que viven los campesinos, y que se necesita la participación de instituciones públicas para que asuman sus responsabilidades para el mejoramiento de los cultivos tradicionales.
“Hay que fortalecer, invertir impulsar en toda la economía de los granos básicos, para que se genere una plataforma comunitaria del desarrollo a partir de la siembra de cultivos tradicionales: la base del sustento y de la autosuficiencia alimentaria”.
Aclaró que la producción de la mariguana no debe ser vista como la panacea para el mejoramiento de vida de los campesinos. Ante todo, indicó que el Estado debe ser el regulador de todo el proceso económico y rector de las iniciativas
“Sino, seguimos con estas flaquezas (del estado), donde el mercado regula la oferta. Todos sabemos que cuando la economía de mercado regula la vida económica de los pueblos, así como los precios suben, los precios bajan” y no hay garantía de estabilidad.
Reconoció que actores privados sí tienen capacidad de establecer convenios e inversiones dentro de un marco económico y jurídico que pueda ayudar a la población campesina, falta establecer los mecanismos orientados a mejorar la vida de los campesinos, y con mayor razón, el sector público tiene que ser un actor importante en este tipo de iniciativas.
El director de Tlachinollan informó que hace cinco o tres meses hubo sobrevuelos de helicópteros del ejercito fumigando cultivos en la Montaña, sin discriminación, en una campaña intensa de destrucción de enervantes donde hay más siembra.
En Campo Morado en la Sierra, también se denunció la destrucción de cultivos de amapola.
Barrera Hernández aclaro que la fumigación también dañó cultivos de maíz y huertos de aguacate, pero llevar una una queja para exigir la reparación del daño representa mucho tiempo y gastos para los afectados.
Opinó que la gente recurre a la siembra de enervantes como única opción para mejorar sus ingresos, y la presión de los precios como del Estado, a través del Ejercito y la fumigación, los están acorralándolos.
Es decir, sólo les dejan el camino de la migración como jornaleros agrícolas en el norte del país, donde llevan a sus familias, porque el salario de una persona no es suficiente.
Señaló que la situación laboral de los jornaleros es muy crítica, a parte de los accidentes de los niños, algunos niños enferman, otros mueren.
Lamentó que en este ambiente de erradicar cultivos, e ir acorralando a la gente, se está dando pauta a que se piense que inversiones mineras son una opción de desarrollo para las regiones pobres en la Montaña y la Sierra, “que suena como una amenaza”.
Texto: Lourdes Chávez
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