De los detenidos por el caso Ayotzinapa afirma que se ejercerá acción penal contra quien o quienes hayan incurrido en esa práctica para obtener confesiones. Los tribunales han confirmado la sentencia condenatoria por el caso de Valentina, y de Inés uno de los soldados enjuiciados falleció pero hay otro proceso abierto, agrega. No respondió ayer en la reunión en Ginebra a los señalamientos del presidente del CAT sobre el asesinato de Arturo Hernández Cardona.
Ginebra, Suiza, 27 de abril de 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que investiga los casos de tortura a los detenidos por el caso Ayotzinapa, ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que si se confirman ejercerá acción penal contra los responsables.
La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que los tribunales han confirmado la sentencia condenatoria por el caso de Valentina Rosendo Cantú, mientras que en el caso de Inés Fernández Ortega uno de los enjuiciados falleció pero hay otro proceso abierto.
Ayer se celebró la segunda y última sesión del séptimo examen a México de la 66 sesión del CAT en Ginebra, Suiza. Las instituciones mexicanas que conformaron la delegación mexicana respondieron a los cuestionamientos de su competencia que expuso el Comité un día antes.
El Sur publicó ayer que el presidente del CAT, Jens Modvig criticó que las autoridades no investigaron “de forma adecuada” los indicios de tortura que documentó la ONU en 34 personas detenidas por el caso de Ayotzinapa y “cubrieron” a los responsables.
La subprocuradora de derechos humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías dijo que “actualmente la Fiscalía Especial en investigación de delitos en materia de tortura se encuentra realizando todas las investigaciones necesarias para resolver lo conducente sobre la existencia o no de tortura. En los casos con resultado positivo habrá de resolver firmemente ejerciendo con acción penal con relación a quien o quienes hubiesen incurrido en este tipo de actos”.
En su participación del jueves el relator del CAT, Diego Rodríguez Pinzón pidió información sobre el cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que emitió en 2010, contra la tortura sexual que sufrieron las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega por militares en 2002.
La directora general adjunta en Derechos Humanos de la Segob, Rosalinda Durán respondió que por el caso de Valentina hubo una sentencia condenatoria a dos personas en junio del año pasado con una pena de 19 años. A pesar de su apelación, expuso, “los tribunales del país confirmaron la sentencia condenatoria”.
El miércoles se informó en este periódico del informe alternativo de decenas de organizaciones civiles para esta sesión del CAT en el que expresan su preocupación de que la sentencia se revierta, a pesar de la resolución de los tribunales a la apelación porque los inculpados han acudido al amparo.
En el caso de Inés Fernández, Rosalinda Durán indicó que “uno de los enjuiciados falleció por lo que la acción penal se extinguió, pero hay otro proceso abierto en el que se investiga tortura y violación, entre otros delitos. En ambos procesos penales se han garantizado los derechos de las mujeres indígenas tlapanecas agraviadas”.
Jens Modving también reprendió en la sesión previa que el Estado mexicano informó cero muertes violentas en cárceles mexicanas a pesar de la ocurrida en la de Acapulco en julio de 2017, donde fueron asesinados 28 reos, y 49 presos más en la cárcel de Topo Chico en Monterrey en febrero de 2016. Preguntó por qué el gobierno no está recopilando datos, qué procedimientos se realizan ante estos hechos y quién investiga.
La directora general adjunta de Servicio a Estados y Municipios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Borbolla respondió que existe el protocolo de atención de lesiones o muertes en custodia y el protocolo de manejo de motines, lo cual ha permitido erradicar el autogobierno en los centros penitenciarios federales y su disminución en los estados.
Respecto a cifras expuso que hubo 41 incidentes de 2013 a 2018 en los centros penitenciarios estatales, y en el mismo periodo murieron mil 351 reclusos. En los centros federales han muerto 220 y sólo hubo una reincidencia en las islas Marías en 2013.
El titular de la Unidad de Asuntos Internos de la SSPC, Francesco Pipitone se refirió al señalamiento de Rodríguez Pinzón de que los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (Enpol) muestran que “el uso de la tortura parece ser endémico”. Dijo que el gobierno federal reconoce los retos y los desafíos que representan la tortura pero “sabemos que no es una política de Estado ni es una práctica generalizada en el país”.
En su mensaje final la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien encabezó la delegación de México, Martha Delgado aceptó que algunas instituciones en el país practican la tortura para sacar información.
Sin embargo, agregó que “muchos piensan que estas prácticas están tan arraigadas y son necesarias y nosotros no compartimos esta opinión”.
En la sesión de ayer no se dio información sobre los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros ocurridos en mayo de 2013, caso que Jens Modving criticó por falta de resultados después de casi seis años. La delegación mexicana tiene hasta el próximo martes para responder de manera escrita los cuestionamientos del CAT que no se abordaron.
Texto: Ramón Gracida Gómez
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