Fue una emboscada a su organización, dice el dirigente del ataque en esa comunidad hecho por el Frente de Comunitarias. Niega que en ese poblado haya un pleito entre dos grupos, y dice que es con delincuentes. Pide a las autoridades del gobierno una investigación imparcial de los hechos.
Acapulco, Guerrero, 15 de mayo de 2019. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, dijo que fue una emboscada contra esa organización lo ocurrido en Xaltianguis el martes 7, y pidió a las autoridades estatales imparcialidad en la investigación.
En conferencia de prensa declaró que hay una “irresponsabilidad institucional” en las declaraciones de que en esa comunidad de la zona rural de Acapulco “ hay pleito de grupos”, en referencia a la UPOEG con el grupo local Los Dumbos que participó en la toma de Xaltianguis con el Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, y agregó: “yo traigo pleito con delincuentes y mi papel es proteger a la población”.
Declaró que se ha que ha querido satanizar a la UPOEG y que hay “gente de las instituciones que se han prestado a desinformar al gobierno federal”.
Advirtió que el proyecto comunitario lo va seguir sosteniendo y no nada más en Xaltianguis sino en comunidades que siguen siendo víctimas y sometidas por delincuentes, porque dijo que aunque en Xaltianguis hay presencia de las autoridades federales no están “previniendo, ni accionando contra delincuentes, hay saqueos (…) hay desplazados arriba de 100 y las autoridades municipal o estatal no han dado los nombres de la gente desplazada y hacen como que no ven, hablan mucho pero concretando cosas no lo están haciendo”.
Recordó que “la información que me dieron es que había un ataque, nosotros íbamos a mandar gente pero había emboscada y ya no pudimos reforzar porque había emboscada, como a las 8 o 9 llegó el gobierno federal y se acordó no ingresar para evitar más detalles”.
Agregó que había “tres emboscadas en camino y eso no se pudo evitar, íbamos a entrar por otro lado pero llegó el gobierno federal y ya no tuvimos que ingresar porque ellos tomaron el control”. Recordó que fueron tres las víctimas de la UPOEG.
“Estamos aclarando los comentarios que hacen algunas instituciones que hay pleito de grupos, no traigo pleito de grupos, yo traigo pleito con delincuentes y mi papel es proteger a la población”, puntualizó el dirigente y denunció que “hay gente de las instituciones que se han prestado para desinformar al gobierno federal”.
Agregó que “hay una política pública de someter a la sociedad y eso hay que corregir entre todos y por lo tanto venimos con una postura de decir que la UPOEG seguirá defendiendo el interés social, fortaleciendo la dignidad de las comunidades y devolviendo la tranquilidad y ese es el objetivo principal”.
“En Xaltianguis no existe la imparcialidad, ni existe la investigación, solamente hay comentarios de plazas, de chileros, se habla de grupos pero no hay una prueba que justifique que pasa esto, cuando antes de ingresar acusamos y señalamos públicamente de la gente con sus vínculos y nunca hicieron nada, tengo prueba para encarar al fiscal, gente vinculada con la delincuencia y no operan”, señaló el dirigente.
Comprobar los señalamientos
De las declaraciones del secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, de que están al margen de la ley todos los grupos de autodefensa que actúan desde Xaltianguis, en Acapulco, hasta El Ocotito, municipio de Chilpancingo, Bruno Plácido opinó que “es un discurso del pasado, siempre hablan de leyes, y hablan de la ilegalidad” y agregó que la ilegalidad es no dar certeza de seguridad a la población que son víctimas.
Agregó que mientras no haya policías y tengan la capacidad de resolver la inseguridad, las autoridades del gobierno “deben de guardar silencio y buscar políticas públicas que fortalezcan a la población porque es la prioridad, de cualquier institución comunitaria, municipal, estatal o federal, la sociedad es primero, antes de hablar de leyes porque hay vidas de por medio”.
“No estamos fuera de ley, porque hay una ley que nos ampara y tenemos actas de Cabildo donde los municipios nos reconocen, en toda la zona, donde hay un sistema de seguridad en las comunidades de la Costa Chica”, afirmó.
A lo dicho por el gobernador Héctor Astudillo, de que los grupos armados en Xaltianguis no buscan defender a los ciudadanos, sino otros intereses, respondió de manera tajante “el gobernador y los otros están obligados a ratificar y señalar públicamente y decir quiénes, no puede generalizar que todos somos iguales, no puedo decir que todos los militares están infiltrados en la delincuencia, y no puedo decir que toda la fiscalía está metida, señalamos miembros de una institución, pero no podemos decir que son tantos y debemos ratificar quiénes para no generalizar”.
Se le preguntó si la alcaldesa Adela Román Ocampo ya buscó diálogo con la UPOEG, y respondió que no les ha llamado nadie para declarar o señalar, o ratificar lo que hemos dicho públicamente. Y precisó que esperará a que lo llamen a declarar, porque “nunca hemos actuado en la clandestinidad”.
“Nos estamos manteniendo (al margen) para dar un espacio a la autoridad que en verdad pongan orden, porque siempre nos han dicho que van a poner orden y no nos han cumplido a la población” declaró el dirigente de la UPOEG, que indicó “no podemos permitir que un delincuente mate a alguien que sin salario preste un servicio a la comunidad”.
Por otra parte, de la denuncia del dirigente de Los Dumbos, Daniel Adame de que la UPOEG tiene vínculos con la delincuencia organizada respondió “no tenemos respaldo y nuestro objetivo es cuidar a la población y por ello pedimos que las autoridades nos llamen a comparecer para señalar o sostener lo que al menos he dicho contra la persona”.
Advirtió que la UPOEG va recuperar no nada más Xaltianguis, sino las comunidades que siguen siendo víctimas y sometidos por los delincuentes.
De lo dicho por el dirigente de Los Dumbos, que es amigo de la alcaldesa Adela Román, respondió “error, una cosa es que alguien vote en las elecciones y otra cosa es proteger lo que anden mal, para los que cometen delitos no hay amigos, hay una autoridad que hay que aplicar”. En la política se vota por un simpatizante o corriente, dijo, pero “no podemos justificar la amistad para cometer delitos”.
Respecto a lo dicho por el obispo de Chilpacingo-Chilapa Salvador Rangel de que un grupo que quiere apoderarse de la capital entrando desde el sur, por El Ocotito, respondió que hay muchos comentarios que la autoridad debe investigar datos, pero no hace nada y lo único que hacen es satanizar que hay un pleito de territorio de grupos pero en realidad no han dado una investigación a profundidad”.
Detalló que a la UPOEG siempre se le ha “satanizado, de muchos escenarios que no hemos hecho, siempre se nos acusa, el último caso fue el de Otilia (la presidenta de la Orgnización del Pueblo Indígena Me’phaa, Obtilia Eugenio Manuel) que nos señalaron que éramos nosotros los que la habíamos secuestrado”.
“Nosotros ni tenemos territorio, ni hay pleito de grupos, aquí el pleito que hay es entre delincuentes y gente que buscamos la tranquilidad de los ciudadanos, si ustedes hacen una evaluación en la zona que estamos en Costa Chica nosotros tenemos buena comunicación con las comunidades y municipios”, aseguró.
Sostuvo que la “satanización es para destruir un proyecto que ha resuelto los conflictos de la inseguridad, y por eso estamos planteando, hemos tenido reuniones los diferentes días y el proyecto comunitario lo vamos a sostener sin caer en provocaciones de quienes se hacen llamar policías ciudadanos o comunitarios porque también hay muchos intereses de destruir el proyecto para que sigan haciendo de las suyas”.
Denunció que hay “gente de las instituciones que se han prestado a desinformar al gobierno federal, sin embargo la verdad lo sabe la población, por lo tanto nosotros vamos a sostener el proyecto comunitario, no es otra cosa más que las asambleas de las comunidades para defenderse porque las autoridades hablan mucho, prometen mucho pero tampoco cumplen”.
Citó el caso de Chilapa, donde las autoridades se comprometieron a crear un centro militar para la seguridad y a la fecha la autoridad no cumple, en San Miguel, la región de Costa Grande donde prometen seguridad, y están 15 días o un mes y los ciudadanos quedan desamparados porque no hay un política pública que fortalezca la sociedad.
Explicó que “hay muchos infiltrados de algunas estructuras de gobierno, si hacen memoria cuando al UPOEG tuvo que bloquear al Ejército porque había un capitán vinculado con la delincuencia lo denunciamos públicamente y no pasó nada, denunciamos a diputados en aquel tiempo y tampoco pasó nada, hemos denunciado gente vinculada con la delincuencia y la autoridad no hace nada y cuando ingresaron nos acusan que es pleito de grupos”.
Texto y foto: Aurora Harrison
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