27 agosto,2022 7:33 am

La “verdad histórica” se diseñó en reuniones en Presidencia: Encinas

Participa el subsecretario en la conferencia de López Obrador. Piden los padres de los normalistas desaparecidos una prueba científica del paradero de sus hijos. Valoran avances del informe y piden que se agilicen acciones penales. Busca Evelyn reunión con ellos para ofrecerles solidaridad y coadyuvancia. Ordenó Abarca la desaparición de los 43 y el coronel José Rodríguez la ejecución de seis, revela la Covaj. El A-1 era el gobernador, responden familiares del ex alcalde de Iguala

Ciudad de México y Acapulco, Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 27 de agosto de 2022. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal e involucra a personas que participaron en reuniones en Presidencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la conferencia de prensa mañanera, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario dijo que se debe indagar el diseño y la operación de la “verdad histórica” que difundió Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR y ahora en prisión vinculado a proceso.

De acuerdo con Encinas, esa “verdad” fue fundada en actos de tortura.

“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, indicó Encinas.

“Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

El subsecretario lanzó un llamado a quienes tengan información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que la den a conocer.

“Queremos hacer un llamado más a todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficio del esclarecimiento de los hechos de estos deleznables hechos”, urgió.

Al presentar nuevamente el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que lo sucedido la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014 contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades.

Encinas Rodríguez afirmó que la desaparición debió haberse evitado, ya que las omisiones, en una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno, ocultó los hechos.

Durante la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se alteraron las escenas del crimen y se escondieron los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y su participación con los agentes del Estado, lo que generó, no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el derecho al acceso a la verdad y la justicia:

“Nosotros hemos definido esta acción como un crimen de Estado porque no sólo se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, donde se conjugan cuatro delitos graves y violación a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, homicidio e involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente en la negativa, ocultamiento y manipulación de las investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y encubridores de estos hechos.”

Contrario a los señalamientos en torno a que el informe de la Comisión para la Verdad es una posición política del gobierno, destacó que el documento es resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con apoyo y asesoría de un comité interdisciplinario de expertos.

“Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos.” Precisó que el informe no se basa en una fuente de información, sino en 13 fuentes básicas, lo que incluye millones de registros, mapas, videos y documentos aportados por distintas instituciones públicas y organizaciones, así como 115 testimonios de personas involucradas.

Rechazó los dichos acerca de que se trata de lo mismo que la “verdad histórica” presentada en 2015, y subrayó que es falso que los estudiantes acudieran a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF municipal, ya que su llegada al municipio ocurrió cuando tal evento había finalizado.

En el mismo contexto, recordó que el informe demuestra que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos, que un operativo especial los dispersó hacia distintas regiones del área de Iguala.

Igualmente, indicó que es falso que el grupo criminal Guerreros Unidos haya incinerado a los jóvenes en el basurero de Cocula.

“Y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes.

“Y ahí hay una diferencia sustancial y de fondo: que la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.”

Piden los padres de los 43 normalistas una prueba científica del paradero de sus hijos

Tras la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el primer posicionamiento de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos es que necesitan prueba científica del destino de sus hijos.

“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno”, señalaron los padres en el Hemiciclo a Juárez en el centro de la Ciudad de México.

En el Informe de la Comisión para la  Verdad y Acceso a la Justicia, presentado el pasado 18 de agosto, se indica dentro de las conclusiones que no existe indicio de que los estudiantes se encuentran con vida.

“Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencia acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos” se lee en las conclusiones del documento.

Ante esto, los padres externaron que no pueden considerar indicios preliminares que a su parecer no aclaran lo sucedido con sus hijos la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y que pasó con ellos” manifestaron los padres.

En el posicionamiento, los padres mencionaron que seguirán con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y que no detendrán su lucha hasta contar con pruebas que indiquen el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.

“Será doloroso para nuestras familias saber de su destino, sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas pruebas nos las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha siguen”, señalaron los padres.

Por otro lado, sobre la detención y vinculación a proceso del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los padres indicaron que representan un avance para acceder a la justicia y que el juez que tramita el caso ha dado la razón a los padres.

Afirmaron que Jesús Murillo Karam realizó una investigación que estuvo manipulada y sembrada de pruebas, además que se construyó “una mentira que impidió saber el paradero” de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Agregaron que estarán pendientes del proceso penal que se le realiza al ex procurador.

“De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este Señor y otros funcionarios lo impidieron” afirmaron los padres y madres de familia de los 43 desaparecidos en la postura realizada.

Sobre el Informe, que califica el Caso Ayotzinapa como un crimen de Estado, los padres consideraron que esto señala que varias autoridades de los distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

“Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares por lo que fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde contra nuestros hijos” expresaron los padres de familia.

A siete años y 11 meses de la desaparición de sus hijos, en compañía de diversas organizaciones y actuales alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres y madres iniciaron una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, haciendo una parada en el Antimonumento de los 43 para realizar el pase de lista de los estudiantes desaparecidos.

Cuando el contingente de la manifestación se trasladaba por Paseo de la Reforma en el antes conocido como Monumento a Colón, se hizo presente lluvia intensa, que se sostuvo hasta el fin de la manifestación, provocando complicaciones en el recorrido.

“Esperamos que se investigue toda la cadena de mando”: Vidulfo

A pregunta expresa sobre las responsabilidades de autoridades de distintos niveles, como el caso del ex gobernador Ángel Aguirre, el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, manifestó que esperan que se le investigue, junto al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Esperamos que se investigue toda la cadena de mando, incluyendo a quien era el responsable del Ejecutivo federal en ese tiempo, a quien era secretario de la Defensa Nacional en ese tiempo y a quien era gobernador en Guerrero, tienen que investigarse”, contestó Rosales Sierra.

El abogado expresó que “la lógica” les indica que los tres personajes mencionados no pudieron ignorar lo ocurrido debido a que en 2014 ocupaban cargos de primer nivel y tuvieron que estar al tanto de lo ocurrido y en su caso, se les deberá hacer valer la justicia.

Sobre los resultados del Informe de la Covaj, Vidulfo Rosales manifestó que buscan seguir impulsando partes del informe, y que el mismo abre nuevas líneas de investigación, lugares de búsqueda y acciones penales, mismas que se deben agilizar.

Respecto al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante indicó que no se ha cumplido debido a que hace falta “dar con el paradero” de los 43 estudiantes, pero que han presentado avances  que consideran importantes y que los acercan a la justicia.

Añadió que con el Informe, se confirma que el grupo delictivo Guerreros Unidos, la Policía Estatal y el Ejército mexicano participaron en la desaparición de los estudiantes. Aclaró que el Ejército “no sólo participó encubriendo” sino también en la desaparición.

Puntualizó que el jefe del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Gildardo López, conocido como El Gil, que es uno de los testigos, debe ser investigado por la autoridad y en su caso, se deberán fincar las responsabilidades pertinentes.

Busca Evelyn reunión con padres de los 43 para ofrecerles solidaridad y coadyuvancia

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda manifestó que su gobierno está con toda la disposición de ser coadyuvante para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada en Iguala, y reveló que busca una reunión con los padres de los normalistas para escucharlos y manifestarles su solidaridad.

“Nosotros confiamos que esta investigación y todos los resultados de esta investigación que están dando son de manera puntual, el presidente no tiene por qué mentir en cuando a los datos arrojados por el informe”, señaló la gobernadora sobre el expediente que dio a conocer el gobierno federal y que señala que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace 7 años 11 meses estén vivos, al que los padres de familia de los normalistas han respondido que no hay pruebas de que los 43 estudiantes estén sin vida.

En declaraciones al concluir el arranque del programa Comunidades del Bienestar con Felicidad, en la colonia Emiliano Zapata, donde se invertirán 166 millones, la gobernadora dijo que está buscando una reunión con los padres de familia de los 43 normalistas y nada más está esperando que ellos indiquen cuándo sería.

Señaló que su gobierno siempre ha manifestado la voluntad de que se esclarezca todo los hechos y, “obviamente la solidaridad con la familia de estos jóvenes y que todo lo que este en nuestras manos ellos (los padres) cuenten que vamos a coadyuvar en todo momento, otorgando todas las facilidades para que se esclarezca y para que la verdad ya llegue a estas familias porque ya son muchos años”, dijo.

Añadió que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy puntual al decir que toda la información que tenga se va a dar a conocer a las familias y por eso confían en la investigación dada a conocer y sus resultados.

Salgado Pineda indicó que se van a mantener en todo momentos solidarios, coadyuvantes y de hecho “yo estoy pidiendo tener una reunión con los padres, ya me parece que tenemos contacto con el compañero Vidulfo (Rosales el abogado de los padres), ya estamos esperando que nada más nos indiquen en qué momento sería y yo voy a tener una mesa de diálogo con los padres”.

A la gobernadora se le preguntó cuál es el fin de esa reunión y respondió: “Bueno, nosotros los vamos a escuchar, va ser esta mesa de diálogo cuáles son: primero, su sentir, qué es lo que quieren manifestar y pues decirle que cuentan con todo mi apoyo, con todo el respaldo y lo que este en las manos del gobierno del estado para esclarecer todos actos, pues nosotros vamos a estar en todo momento apoyando”.

Añadió que los va escuchar atentamente, “es de verdad de mi interés poder tener a la brevedad esta reunión con ellos y yo espero que ellos también quieran hacerlo de esta manera. Espero pronto nos reunamos y les daremos a conocer cuáles fueron los resultados de esta reunión que yo espero sea fructífera”.

El coronel José Rodríguez Pérez ordenó la ejecución de seis de los 43, revela la Covaj

Después de los ataques a estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, seis de los normalistas permanecieron con vida cuatro días, y luego fueron entregaron al coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería.

De acuerdo con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Rodríguez Pérez ordenó la ejecución de seis de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Según el informe presentado ayer en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe militar, habría instruido ultimar a los estudiantes.

El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, explicó que los jóvenes no permanecieron juntos, por lo que fueron asesinados en diversos sitios de la región y con distintos métodos.

“Era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos, donde están los testimonios: es el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes”, dijo.

“E incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al Coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”.

El informe de la Comisión detalla que, originalmente integrantes del cártel Guerreros Unidos y funcionarios públicos pretendían quemar a todos los estudiantes.

Sin embargo, decidieron repartirlos en el río Balsas, el pozo de Pueblo Viejo, la Mina y disolver en ácido a una decena.

“El día de los hechos presuntamente seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega Vieja’, de los cuales se habría encargado El Coronel”, refiere.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de ‘El Coronel’, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

El Coronel también aparece en un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos. El militar coordinaba y daba órdenes a David H Cruz, alias Chino, identificado como bombero de Iguala y sicario de la organización criminal.

El personaje, identificado como jefe de comunicaciones de Guerreros Unidos, reportaba información al Coronel.

El pasado martes, se supo que el entonces comandante de la 35 Zona Militar, general Alejandro Saavedra Hernández forma parte de un grupo de al menos 20 integrantes del Ejército que la Fiscalía General de la República (FGR) señala por estar involucrados en la desaparición de 43 normalistas.

A Saavedra Hernández, quien en 2014 era el titular de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, se le señala de ignorar las llamadas de alerta y grabaciones del C-4, al cual tenía acceso, sobre el ataque y desaparición de los estudiantes, así como el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Se indicó que los miembros del 27 Batallón de Infantería tuvieron las alertas de los hechos delictivos esa noche, se las hicieron saber al Coronel José Rodríguez Pérez y éste, a su vez, lo reportó a Saavedra Hernández, pero la orden fue no intervenir.

En respuesta, los militares sólo patrullaron la ciudad, se toparon con heridos graves, escucharon relatos, el cuartel fue informado, pero se ordenó no actuar.

Covaj, lejos de esclarecer qué pasó con los 43, pero se vislumbra llegar a los responsables, dice Vidulfo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, defensor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, dijo ayer que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), vislumbra la posibilidad de llegar a los responsables de lo que ya se reconoce como un crimen de Estado.

En una transmisión por la página de Facebook del organismo de derechos humanos, el abogado dijo además que el informe genera esperanza porque ya se abren líneas que pueden clarificar los hechos y se mencionan responsabilidades de altos funcionarios.

Rosales Sierra consideró que uno de los elementos más relevantes del informe, es el reconocimiento de que los ataques a los estudiantes fue un crimen de Estado.  Dijo que esto es muy significativo porque en otros casos se ha tenido que acudir a los tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta que estas emiten una condena se caracteriza como crimen de Estado.

También subrayó el reconocimiento de la participación directa de agentes de los tres órdenes de gobierno, como las policías municipales, estatal, federal y el Ejército mexicano, hecho que hasta ahora, dijo, no se había reconocido.

Otro elemento que destacó fue el hecho de se reconozca que la agresión a los estudiantes “fue grave, a gran escala y de gran envergadura” y que incluyó otros municipios como Cocula y Huitzuco.

“Como podemos ver, fue una agresión de gran magnitud, en la que para poder agredir a más de 43 jóvenes, ameritó una participación masiva de autoridades, esto no se pudo cometer, como se decía en el gobierno anterior, sólo por un grupo delictivo”.

Reconoció que el punto que es “incómodo” para los padres de familia es que aún no se sabe el paradero de los estudiantes y que el gobierno ha dicho que no hay pruebas de que estén con vida, pero Rosales Sierra acotó que “tampoco hay pruebas indubitables de que hayan sido ultimados” y que hay pruebas preliminares que deben ser objeto de corroboración.

El abogado explicó que para los padres este informe fue muy fuerte y que causó un impacto en ellos porque se habla de que sus hijos ya estarían sin vida, pero dijo que también significa una esperanza para llegar con los responsables y se habla de responsabilidades de altos funcionarios, “y eso es una esperanza para los padres de familia”, admitió.

Explicó que el informe es como un punto de inflexión y que puede coadyuvar para que el caso adquiera un ritmo diferente y las investigaciones tengan mayor celeridad, porque denunció que habían caído en un bache.

Sin embargo expresó que el informe está muy lejos de que constituya un pleno esclarecimiento de los hechos porque aún no se sabe qué ocurrió y donde están los 43 estudiantes, “y tampoco hay claridad de qué es lo que pudo haber sucedido con ellos, aunque hay algunas hipótesis pero todavía tienen muchas debilidades”.

Detención de Murillo Karam

Con respecto a la detención del ex procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, Rosales Sierra dijo que los padres de familia ven en esta detención un paso importante en el camino hacia la justicia porque era cabeza de la PGR y asumió y condujo las investigaciones que se hicieron mediante tortura, se manipuló escenarios del crimen y se sembraron evidencias para ensuciar el proceso.

Agregó que el ex funcionario maquinó toda una hipótesis, emitió conclusiones del caso que resultaron falsas y todo fue deliberado, “hay datos de prueba que establecen que impidió que se pudiera conocer el paradero de los jóvenes”.

Pero insistió que hoy “tenemos la oportunidad de seguir impulsando y exigiendo pleno esclarecimiento hasta que se dilucide el caso Ayotzinapa y que los responsables paguen por lo que hicieron.

“Deberíamos alzar la voz para que Murillo Karam sea sancionado por encubrir hechos tan graves como el caso Ayotzinapa, y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia y condenas”, exhortó el abogado.

Añadió que si se hace así “puede significar una eclosión en el país y dará ánimos a las otras víctimas porque verán que sí se puede abrir brecha y causar fisura a la roca a través de la constante lucha de los pueblos y de las víctimas por desaparición y violaciones de derechos humanos”.

Por otra parte, reconoció que el informe da la razón a los padres de familia, respecto a la participación del Ejército, recordó que los padres siempre supieron que hubo la participación de los militares y que ahora se reconoce en el informe.

Incluso añadió que aún sabiendo la participación en los hechos, un capitán de apellido Martínez Crespo, el 30 de septiembre fue supuestamente a ayudar en las búsquedas con una unidad de militares; “hoy en día los padres recuerdan eso y les da mucho coraje, creen que se trató de una burla lo que estos militares hicieron”.

Expresó que ello amerita una investigación exhaustiva y les da la razón a los padres de que hubo implicación directa de los militares y que ahora lo que prosigue es actuar y que el informe tiene que traducirse en acciones muy concretas.

Por lo pronto añadió que los padres y las organizaciones que los respaldan van a mantener la lucha y su exigencia de que el informe se traduzca en acciones penales contra los responsables, “vamos a exigir el ejercicio de la acción penal, exigir que las búsquedas se hagan en las lugares que se indican en el informe, que las líneas de los testigos colaboradores informen y se rompa el pacto de silencio”.

Estudiantes siguen pidiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala

Al cumplir siete años y once meses la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, estudiantes de esa escuela y organizaciones sociales demandaron en un mitin su presentación con vida y castigo por los tres asesinados.

Los alumnos, provenientes del municipio de Tixtla, donde se ubica la Normal Rural, arribaron a la capital a bordo de un autobús y una camioneta, a la avenida Lázaro Cárdenas y cerraron el sentido sur-norte.

Por su parte, las organizaciones sociales entre ellas, el Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Los Olvidados de Ayotzinapa, llegaron también al Antimonumento, para respaldar a los alumnos.

“Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue”, corearon los alumnos y representantes de organizaciones sociales, quienes además portaron lonas en las que se leían sus demandas.

En su participación, uno de los integrantes de Los Olvidados de Ayotzinapa, Francisco Echeverría de Jesús, hermano de Gabriel, quien fue asesinado, junto con otro compañero, Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011, dijo que casi se cumplen ocho años de “aquel lamentable suceso”, donde perdieron la vida tres compañeros y desaparecieron 43 normalistas.

“Recordemos aquellas palabras cuando el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam decía ya me canse del tema de Ayotzinapa”. Manifestó que las organizaciones sociales no se han cansado, que a casi ocho años siguen exigiendo justicia.

Echeverría de Jesús recordó que la Normal Rural de Ayotzinapa tiene a diez alumnos que fueron asesinados en diferentes administraciones, “de la guerra sucia que se vino por Ayotzinapa”.

Manifestó que hay varios ex funcionarios que se quieren deslindar del caso Ayotzinapa, “entonces les decimos que se están deslindando que tienen mucha deuda con Ayotzinapa, la Normal tiene memoria de la muerte de los diez alumnos”.

Recordó que el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les dijo que ya tenían que superar el dolor de los compañeros, “por lo que también pedimos que a él se le investigue”.

El miembro de la organización dijo que se tiene que investigar porque era el presidente en turno y jamás van a superar la pérdida y la muerte de sus compañeros, “tenemos la esperanza de que estén con vida”.

Pidió que se investigue a todos los mandos judiciales y a los funcionarios que estaban en el cargo, “nos enteramos que convocaron a una marcha para ayudar al que era apoyo de Iguala, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez para decir que es inocente”.

Francisco Echeverría dijo que Abarca Velázquez también es culpable de la desaparición de los 43, porque el municipio también participó y su policía local.

Por su parte, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame manifestó que el Ejercito infiltró a uno de sus agentes para saber el movimiento de la escuela Normal Rural, “la intención no era sólo desaparecer a los 43 sino a toda la escuela”.

Indicó que las recientes investigaciones del gobierno federal reconocieron que fue el Estado el que participó y que en las escuelas infiltran al Ejército para acabar con la vida y las ilusiones de los alumnos que pretenden ser maestros.

Después de las intervenciones y la colocación de la corona de flores, los manifestantes se retiraron y se dirigieron a su escuela.

Niegan familiares de Abarca que éste fuera el A1 que ordenó desaparecer a los 43

Familiares del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, afirmaron que no era él a quien se le identificaba dentro de la estructura del gobierno con la clave A1, sino que es con la que se ubica al  gobernador, según los códigos de seguridad pública municipal. Afirmaron que el edil informó en su momento de lo que estaba sucediendo la noche del 26 de septiembre de 2014 siguiendo protocolos de las autoridades y “sus altos mandos”.

El mediodía de este viernes, familiares del ex alcalde del PRD José Luis Abarca, de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como de su hermana Roselia Abarca y su esposo Cirilo Lara Brito, quienes están prófugos de la justicia, ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la plaza comercial Galerías Tamarindos para convocar a una marcha que realizarán el domingo por la tarde para demandar justicia y su excarcelación al considerar que son “presos políticos” y “chivos expiatorios” del caso Ayotzinapa creados con la llamada verdad histórica.

Said Lara Abarca, que fue el principal participante en la conferencia, reveló, sin dar nombres, que la noche del 26 de septiembre de 2014, su tío José Luis Abarca, al igual que otras personas que tienen órdenes de aprehensión, informó de lo que estaba sucediendo.

“Esto no se había dicho, él siguió sus protocolos que las autoridades y sus altos mandos le pidieron, él siguió el protocolo que las autoridades en su momento le pidieron, existe una sábana de llamadas de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que estaba llevándose a cabo en Iguala y de cómo se estaba resolviendo, pero no por decisión de José Luis, aclaramos esto. Ahora lo hacemos público ya que lo está publicando la comisión (presidencial), que ese día fueron las autoridades federales y estatales, las que llevaron a cabo sus operativos, de cómo lo hicieron eso nosotros no lo sabemos y ni podemos participar ahí”, afirmó.

Declaró que a casi ocho años de estar detenido el ex alcalde no ha rendido su declaración de los hechos, pues ha promovido amparos reservándose el derecho, y señaló que al momento de las declaraciones, “no hay una declaración tomada donde él pueda decir su verdad de lo que sucedió, no ha tenido la oportunidad de decir ni ha tenido la oportunidad de expresar lo que él hizo paso a paso una vez que se estaba llevando a cabo y después de lo que pasó en Iguala”.

A pregunta de un reportero si han buscado su declaración luego del informe que dio el jueves la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Lara Abarca agregó, “José Luis Abarca desconoce (lo que sucedió) y no va a poder… tal vez sea presionado para decirlo, pero no va a poder decirte algo de verdad porque él no lo vivió, él estaba en su casa con su familia cuando esto estaba sucediendo”.

Mediante una pantalla que tenía a su lado, transmitieron el fragmento de la conferencia mañanera de este viernes en la que el Subsecretario de gobernación Alejandro Encinas hace referencia a que A1, que es presuntamente José Luis Abarca, y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y “darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes”.

Said Lara, quien mostró a los reporteros una lista con las claves y a quien se le asignan. Afirmó que el alcalde José Luis Abarca “nunca fue el A1”, y señaló que desde 1990, en todas las corporaciones policiacas, de Protección Civil y la organización dentro del Palacio Municipal, en los códigos de organización interna de las corporaciones municipales, el presidente municipal es A5, mientras que A1 es el gobernador, sin mencionar el nombre de Ángel Aguirre.

Criticó que Abarca Velázquez lleva casi ocho años en prisión preventiva porque no se le ha sentenciado ni ha sido imputada por algún delito, misma situación de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa que se encuentra dentro de la misma carpeta de investigación, y destacó que a él no se le acusa por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

Dijo que se les imputaron delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero de procedencia ilícita y por el caso Arturo Hernández Cardona, aunque no mencionó que es señalado por uno de los sobrevivientes de la Unidad Popular de haber sido él personalmente quien lo asesinó. Dijo que el proceso de ese caso fue “aclarado” y la FGR lo volvió a abrir, cuando no se puede juzgar dos veces por el mismo delito.

Denunció que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio fue el encargado de empezar a documentar todas estas “falsedades” en contra de José Luis Abarca, y dijo que tienen la confianza de que la Comisión Presidencial del actual gobierno está haciendo lo correcto y les da una “esperanza real y sólida” de que puedan ser excarcelados.

Dijo que al estar el ex alcalde enfermo y que se encuentra grave de salud, “tiene derecho a tener el trato que a otras personas les han dado de llevar su proceso en arresto domiciliario”. Y destacó la intervención de la CNDH para que recibiera una mejor atención.

Yazareth Abarca, hija de José Luis y María de los Ángeles, convocó a la marcha del domingo en la que dijo que se darán a conocer las “verdades que no se han dicho”, y pidió a los reporteros que así como se han dado a conocer “las mentiras”, también “queremos ya dar las verdades”.

Para convocar a esta marcha en las redes sociales se han difundido audios con la voz de José Luis Abarca, Ángeles Pineda Villa, Roselia Abarca y Cirilo Lara para convocar a la población.

En la conferencia de prensa estuvo la madre del ex alcalde José Luis Abarca, Esther Velázquez, sus hermanos Javier y Rafael, así como su hija Yazareth Abarca Pineda y sus sobrinos Said y Eric Lara Abarca, entre otros.

Texto: Agencia Reforma, Redacción, Juan Luis Altamirano Uruñuela, Karina Contreras, Zacarías Cervantes, María Avilez Rodríguez, Alejandro Guerrero / Foto: Agencia Reforma