María Luisa Garfias Marín
Las y los guerrerenses, vivimos en un estado que históricamente se ha caracterizado por la movilización organizada de sus habitantes, contra la esclavitud y por la independencia, contra la dictadura y por la libertad, contra la pobreza, la miseria, la imposición y por la construcción de la democracia, contra la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, somos un estado que no se ha movilizado contra la violencia que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nos ha abandonado a “nuestra suerte y a nuestro destino”, a pesar de nuestra contribución a las luchas libertarias y de que el Estado mexicano haya reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
Nuestra entidad, en sus últimos trece años, se ha visto envuelta en un contexto de violencias, generadas por la miseria, la pobreza y el abandono de sus campos, potencializados por las políticas neoliberales, que llevo a un crecimiento y desarrollo del narcotráfico y de los grupos de la delincuencia organizada. La lucha por el poder político y económico, hoy no solamente es de los dueños del capital que provienen de la industria turística y de servicios, también es de los dueños del capital que proviene del narcotráfico. Esta disputa de poderes ha llevado a nuestro territorio guerrerense a ser considerado uno de los estados más violentos de la república mexicana, con una tasa de homicidio en aumento: 62 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa nacional que es de 17 por cada 100 mil habitantes, según arrojó el estudio Índice de Paz 2017, que realizó el Centro Internacional de Investigación Instituto para la Economía y la Paz
En lo que respecta a la violencia contra las mujeres, la situación es alarmante, ya que Guerrero ha ocupado los primeros tres lugares nacionales en violencia feminicida, lo que generó que el 22 de junio de 2016, 23 organizaciones de la sociedad civil, feministas, defensoras de derechos humanos y organizaciones mixtas, solicitáramos ante el Inmujeres, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, misma que fue aplicada el 22 de junio del 2017 para ocho municipios: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa. En enero de 2018 se amplió al municipio de Chilapa, por lo que derivado de ella, el gobierno de Guerrero está obligado a realizar acciones de seguridad, de prevención y de justicia, los cuales están coordinados por el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en los que las autoridades federales, estatal y municipales tienen que coordinarse para implementar las medidas mencionadas.
A pesar de la Alerta, los nueve municipios siguen presentado un espiral de violencia de género, en el que se mezclan diferentes factores, prevaleciendo entre ellos la impunidad, que tiene como raíz la corrupción, asentada en el poder patriarcal y en el mandato social emanado de él. De tal manera que, de siete mujeres que eran asesinadas diariamente, hoy han subió a nueve según la ONU.
La violencia contra las mujeres, siempre ha existido, es verdad, desde los orígenes del patriarcado, desde la prehistoria. ¿O a poco creen ustedes que durante estos movimientos de libertad, las mujeres no eran violentadas? Claro que sí. Las violaban, se las robaban, las golpeaban, etc.
La violencia contra las mujeres es una expresión del poder patriarcal en todos los tiempos, para someter, para humillar, para controlar, para discriminar, para invisibilizar, para cosificarnos, para quitarnos la dignidad, porque en su escala jerárquica, nosotras no tenemos poder, no tenemos derechos, somos subordinadas.
Este poder patriarcal es el que prevalece como un mandato masculino y que como un pulpo atraviesa las instituciones sociales desde la familia hasta los partidos políticos, atravesando escuelas, religiones, medios de comunicación, Ejército y Marina. Y este mandato, lo traen como un chip el mundo masculino, pero también el mundo femenino, por ello es que, ante el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos, que van desde la violencia física, sexual, sicológica, patrimonial y económica, y en cualquiera de sus modalidades como es la violencia política, incluyendo la violencia feminicida, algunos guardan silencio.
Es en este panorama de violencia que las mujeres de los diferentes partidos políticos se prepararon para participar en el proceso electoral 2017-2018, primero en las contiendas internas, y después más de 2450 fueron registradas y contendieron como candidatas federales y locales, tan sólo protegidas por sus derechos políticos electorales y el principio de igualdad y paridad constitucional, contemplados en las leyes electorales federal y estatal, más no así por las autoridades estatales y sus propios institutos políticos ni por la sociedad organizada, que a pesar de que escucharon las denuncias de mujeres por violencia política en razón de género, prefirieron mantener el silencio, inclusive en los feminicidios políticos como el caso de Antonia Jaimes y Dulce Barajas, tal vez porque no eran de sus partidos políticos, tal vez ni de su fracción partidaria, o porque consideraron que no les competía.
Catorce 14 mujeres denunciaron violencia política en razón de género, señaló la Red para el avance político de las mujeres en Guerrero. Algunas interpusieron juicios de derechos políticos electorales en tribunales electorales, pero no procedieron por falta de asesoría o por desconocimiento de los procedimientos sancionadores en la materia. Otras prefirieron renunciar al ejercicio de sus derechos políticos electorales o a sus partidos políticos. El Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Guerrero, brilló por su ausencia, así como el mismo Observatorio para la Participación Política de las mujeres, que si bien realizaron sus funciones las instituciones que lo integran, se quedaron cortos, en relación a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Espero que la retomen porque la violencia se mantiene con las funcionarias electas.
No olvidemos que la violencia política contra las mujeres en razón de género, es otra forma de expresión del mandato masculino, que ante el incremento de las mujeres en las candidaturas y por ende en los espacios de poder público, buscan recuperarlos violentando los derechos humanos de estas y específicamente, los derechos políticos electorales.
Por ello, considero importante que XLII legislatura de Guerrero retome en sus manos la tipificación de la Violencia Política contra las mujeres, es una de las tantas deudas que tiene con nosotras, y sea sancionada para que la conducta no se repita, ni en candidatas, ni en funcionarias públicas. Pero también no se repita en mujeres líderes en sindicatos, en los centros de trabajo, en las organizaciones sociales y política, ni en la familia o comunidad.
Somos la entidad, que junto a Puebla, no hemos tipificado la violencia política. El PRI, en el 2017 se negó a ello. Héctor Vicario Castrejón, argumento que no era facultad del Congreso local. Hoy Morena, a pesar de sus divisiones tiene en sus manos esta demanda, reformar la Constitución Política del Estado, el Código penal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia.
Pero, tampoco la normatividad garantiza la erradicación, sí la sanción, sí a la no impunidad. Nos toca también a nosotras, a nosotros como sociedad, ir acabando con el origen de todo ello: con el poder patriarcal.
https://suracapulco.mx/2018/11/25/las-mujeres-indefensas-legalmente-ante-la-violencia-politica-de-genero/
