Participaron en el acto familiares de víctimas y defensores de derechos humanos. Padres de desaparecidos denuncian que el gobierno evita que los sigan buscando, porque “hay zonas prohibidas”. El obispo Salvador Rangel los conmina a seguir adelante en busca de la verdad y la justicia.
Chilpancingo, Guerrero, 17 de agosto 2019. “Atrocidades” como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos del diputado Armando Chavarría Barrera y de dirigentes sociales como Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino, siguen ocurriendo en Guerrero debido a la impunidad, porque no se investigan ni se castiga a los responsables, coincidieron familiares de víctimas y representantes de organismos derechos humanos, ayer en el informe del primer aniversario del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
Familiares de víctimas de la violencia y representantes de organismos de derechos humanos participaron en un coloquio denominado Impunidad: la deuda del Estado mexicano en Guerrero ante el Acceso a la Justicia.
Entre los asistentes estuvieron el ex rector y abogado José Enrique González Ruiz, quien dijo que si bien es cierto que hay impunidad en Guerrero y el pueblo siempre sufre, es reprimido y criminalizado, también resiste y se organiza.
Entre los asistentes hubo expresiones de indignación y de impotencia porque no han sido escuchados en sus planteamientos ni apoyados, sobre todo para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Por ejemplo, Sandra Román Jaimes, del Colectivo Desaparecidos de Iguala, denunció que el mismo gobierno les evita que sigan buscando a sus hijos, porque les dice que “hay zonas prohibidas”.
En el marco de las actividades por el primer aniversario del centro Minerva Bello, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel ofició una misa a las seis de la tarde en la parroquia de la Asunción de María en el Zócalo de la ciudad, en donde conminó a las víctimas y familiares de la violencia a no “aventar la toalla ni colgar los guantes”, y les pidió que no pierdan la fe ni la esperanza y que sigan adelante en busca de la verdad y la justicia.
En la tarde en la mesa: Impunidad: la deuda del Estado mexicano en Guerrero ante el Acceso a la Justicia que se realizó en las instalaciones de la Curia Diocesana, asistieron representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y alumnos de esa escuela, también estuvo la viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, asesinado el 20 de agosto del 2009.
Además acudieron la activista María Luisa Garfias Marín, la hija del asesinado ex dirigente perredista Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández, Ambrosio Vivar Juárez, dirigente de la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP) y un centenar de integrantes de asociaciones civiles.
En su intervención, Román Jaimes, del Colectivo Desaparecidos de Iguala, denunció que gracias a los padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, otros padres aprendieron a buscar a sus hijos, “gracias a Ayotzinapa rompimos el miedo y salimos a la luz pública”, dijo.
En cambio, reclamó que de parte del Gobierno no ha recibido ningún apoyo y que, por el contrario, el mismo Gobierno les pone trabas, a tal grado que “nos sentimos victimizados y criminalizados”.
Agregó que creen que nadie les debe de poner trabas ni decirles “aquí no pueden buscar”, como se los han dicho algunas autoridades, según denunció.
Dijo que concretamente el presidente de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla, les mandó a decir hace días que cancelaran su búsqueda porque no podían entrar a buscar a un sitio en donde les dijo que estaba prohibido que entraran.
“Nuestros hijos valen oro y nadie nos va a decir ‘no puedes buscar aquí porque el predio tiene dueño’”, advirtió.
El mensaje es que en Guerrero se puede asesinar y desaparecer a cualquiera, y no pasa nada, dice Marta Obeso
A su vez, la viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Marta Obeso dijo que el asesinato de su esposo se trató de un magnicidio porque descabezaron a un poder, el Legislativo, y que el mensaje de este asesinato fue que en Guerrero se puede asesinar y desaparecer a cualquiera, y no pasa nada.
En materia de violencia dijo que Guerrero es “el huevo de la serpiente” y muestra de la impunidad que se vive en el país, “aquí pasa cualquier atrocidad, porque no se investiga ningún caso y no se castiga a los responsables, por eso en Guerrero las cosas siguen igual”.
Agregó que por eso, “a pesar de que el crimen contra Armando Chavarría Barrera alcanzó niveles máximos de indignación y se supo en casi todo el mundo, después pasó el caso Ayotzinapa, y las ejecuciones de Rocío Mesino y de Arturo Hernández Cardona”.
Reprochó que por la impunidad siguen pasando “atrocidades” en Guerrero.
Sin embargo, dijo que en el caso Chavarría no importa cuánto tiempo tenga que pasar, “no vamos a cejar en el reclamo” y agregó que ve un atisbo de esperanza y que ojalá al presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra de terminar con la impunidad.
Expone María Luisa Garfias una severa crisis de derechos humanos
La activista María Luisa Garfias reprochó que otro problema a causa de la impunidad son los feminicidios que van a la alza en Guerrero.
Denunció que en estos casos tampoco se investigan los casos, ni se castiga a los responsables.
Informó que de acuerdo con las cifras, de enero a junio de este año rebasaron las 170 mujeres asesinadas, “y seguimos igual, como si no pasara nada, como si las mujeres no tuvieran ningún valor”, y acusó que en Guerrero hay una severa crisis de derechos humanos.
Otra de las ponentes, Diana Hernández, hija del luchador social Ranferi Hernández, llamó a todos los familiares de las victimas a unificar esfuerzos, “porque nos sentimos como si estuviéramos solos, con frustración e impotencia, y la impunidad a mí me suena como una palabrota que difícilmente vamos a poder romper si estamos desunidos”.
Demandó que no se visualice la violencia como algo normal y que se debe de tener fe y esperanza, de que las cosas van a cambiar.
En tanto, Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que como padre su deber es seguir adelante hasta dar con la verdad y encontrar justicia.
Mencionó que el ex presidente municipal, Enrique Peña Nieto, “pensó que nos íbamos a acobardar y dejar de luchar por nuestros hijos, y se largó sin decirnos nada, pero Dios es grande y suframos lo que vayamos a sufrir tenemos la fe de que sabremos la verdad, y dónde están nuestros hijos”.
Agregó que a pesar de que el actual gobierno les ha brindado su apoyo, “va muy lento”.
Un estudiante de la Normal de Ayotzinapa denunció que a casi cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes las autoridades se niegan todavía, “a darnos una verdad con pruebas y hechos de donde están nuestros compañeros”.
También demandó a los organismos civiles a dejarse de individualismos y no tener miedo a luchar, “a cinco años Ayotzinapa sigue aquí, no nos rendimos ni nos cansamos, vamos por ellos (los desaparecidos) y por la verdad”, arengó.
Guerrero, siempre reprimido y criminalizado, pero resiste y se organiza; González Ruiz
El ex rector y actual abogado litigante de presos políticos, Enrique González Ruiz expresó que Guerrero siempre ha sufrido y ha sido reprimido y criminalizado, pero que también resiste y se organiza.
Dijo que, en efecto, el movimiento social ganó en las elecciones pasadas, en referencia al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero que sería “ingenuo y seríamos tontotes si creyéramos que ya resolvimos todos los problemas”, y propuso seguir luchando organizados para lograr verdad y justicia.
La violencia es como una llaga y un estigma que llevamos: Salvador Rangel
En la tarde en una misa en la parroquia de la Asunción de María, el obispo Salvador Rangel, también llamó a no “aventar la toalla ni colgar los guantes” y conminó a que no pierdan la fe ni la esperanza, que sigan adelante en busca de la verdad y la justicia.
Dijo que particularmente en Guerrero, la violencia es como una llaga y un estigma que llevamos.
“Tantos secuestros, asesinatos, levantones, desapariciones y desgraciadamente hay instituciones que se han prestado a estos movimientos turbios que a la larga han dejado lágrimas, dolor, desesperación, rabia y enojo en muchas personas y en muchos hogares”.
Recriminó la simulación de las instituciones, “como que hacen pero que no hacen gran cosa”.
Mencionó el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa que hasta ahora no vemos las cosas muy claras, no hay ninguna conclusión de la desaparición de los 43.
Informó que este caso es un ejemplo de cómo la situación no está bien, “particularmente para esas familias que les ha tocado vivir en carne propia estas circunstancias”, y añadió que Ayotzinapa e Iguala siguen siendo una “vergüenza nacional, son como una llaga que no puede cerrar hasta que se conozca la verdad, hasta que conozcamos a los responsables y se haga justicia”.
Dijo que independientemente de los desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala hay cerca de 500 desaparecidos más, “por eso no hay que aventar la toalla, ni colgar los guantes, sino que tenemos que seguir exigiendo a las autoridades y a todo mundo que queremos conocer la verdad, porque tanto ustedes como yo, no estaremos tranquilos hasta que no conozcamos esa verdad que estamos buscando”.
Añadió que afortunadamente hay gente que se interesa por la verdad y la justicia, “y creo que gente así como ustedes, son los que nos ayudan al final, a conocer la historia de los sucesos, por eso los invito a que no cedan porque ustedes son como esa conciencia social que gritan verdades, que denuncian hechos que no están correctos”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
