La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, expone que las organizaciones esperan mucho más de las instituciones frente a la violencia feminicida
Chilpancingo, Guerrero, 8 de julio de 2022. La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar expuso que las organizaciones esperan mucho más de las instituciones frente a la violencia feminicida, consultada sobre la detención ayer de la pareja de la nutrióloga de Taxco, Magdalena Aguilar Romero, asesinada en 2018.
Aclaró que los asesinatos o desapariciones de las mujeres que documentan con información de las redes sociales, prensa impresa y de páginas electrónicas, apenas es la punta de iceberg del problema, y las instituciones básicamente, actúan en los casos donde existe presión social.
Sólo de este año, indicó, la Agcvim ha registrado 69 muertes de mujeres en 28 municipios, con al menos una característica de feminicidio, y muy pocos hechos fueron clasificados por este delito.
Advirtió que sumados, es muy alto el número de muertes dolosas y culposas de mujeres en la entidad, y todas deberían ser investigadas por la Fiscalía General del Estado con protocolos de feminicidio, antes de descartar el delito, pero no ocurre.
Consideró que hoy, la FGE tiene la intención de cambiar las inercias del pasado, pero si la estructura operativa no responde, seguirán igual.
“Abajo hay malas costumbres que se tienen que ir cambiando, y les está costando mucho trabajo”, consideró.
Del caso de Taxco, opinó que la Fiscalía podría estar retomando temas difíciles bajo presión, pues en su experiencia sabe que la institución se aplica cuando así se lo propone.
“Las instituciones están rebasadas en el estado y el país, la impunidad es muy alta, hay un cuello de botella entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que tendrían que estar mayormente coordinadas para el acceso a la justicia”, señaló.
Explicó que aún cuando los jueces detecten errores o deficiencias en la investigación, no pueden regresar a la carpeta inicial, y los casos concluyen en sentencia absolutoria, porque no hay suficientes elementos para condenar al imputado.
En los delitos de feminicidio sólo 2 por ciento terminan en sentencias, aún deben separarlas las condenatoria de las absolutoria, aclaró.
Adelantó que ese será el destino de un feminicidio ocurrido en Chilpancingo de 2020, que no se clasificó como tal, que se dará a después de que el TSJ emita una resolución, para no entorpecer el debido proceso.
Por otro lado, denunció que un juez reclasificó un delito de violencia familiar por uno lesiones, que le permitió el agresor pedir la conciliación.
“La víctima estaba inconsolable del acto del juez, no podía hacer nada; por eso las víctimas se desisten al quedar en mayor riesgo, como sobrevivientes de violencia, de feminicidio”, informó.
Del nuevo sistema penal acusatorio, le parece grave que, cuando el acusado asume la culpa, ante las pruebas evidentes, recibe el beneficio de juicio abreviado, y una de sus principales características es la reparación del daño. Las víctimas aceptar ir a juicio, inducidas por los funcionarios del poder judicial, pero no les dicen que con proceso el castigo del agresor se puede reducir de una tercera parte hasta la mitad de años de prisión,
La carga de prueba para establecer la medida de reparación del daño, recae en la víctima y su abogado, porque el estado tiene indicadores muy bajos, y solo hará la investigación el MP que la representa. “Ellas deben estar muy pendientes de no aceptar esa limosna”.
Insistió en que la información estadísticas de las violencias que deben tener la Secretaría de Seguridad Pública y de Salud, deben convertirse en material de consulta para ubicar las colonias, poblaciones y territorios para enfocar acciones preventivas.
“Sólo se atiende lo que ya sucedió, hay mucho que no se ve, que son todas las violencias en diferentes tipos y modalidades. Por eso existen los sistemas estatal y municipales para atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres”.
Recordó que en esta administración apenas están elaborando los programas de atención a las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, por violencia feminicida en nueve municipios, y por agravio comparado en todo el estado, para darles seguimiento.
Recordó que la administración anterior informó muchas acciones que resultaron “llamaradas de petate”, sin coordinación, ni seguimiento y medición de impacto. ”
“Se destinaron muchos recursos estatales y federales que nunca fueron transparentes”.
Insistió en que no comentan los mismos errores en esta administración.
Texto: Lourdes Chávez
