Guillermo Álvarez Nicanor
La historia de Guerrero es de resistencia y dignidad. Hoy, esa resistencia se libra en el frente más fundamental: la defensa del territorio y de la vida misma. El llamado “Cinturón de Oro” de nuestro estado se ha convertido en una zona de sacrificio designada por intereses transnacionales, donde empresas mineras prometen espejismos de riqueza temporal a cambio de una condena ecológica y social que durará muchas generaciones.
La realidad documentada por décadas de extractivismo no miente: la minería a cielo abierto no trae desarrollo estructural ni bienestar a largo plazo; trae despojo, contaminación irreversible, fragmentación del tejido social, enfermedad, muerte y división. No necesitamos buscar ejemplos lejanos, ni en América Latina ni en el norte de México; solo miremos a nuestros vecinos inmediatos en la región del Alto Balsas, Mezcala y Carrizalillo.
En el caso de Carrizalillo, la llegada de la minera representó inicialmente la esperanza de empleo, pero rápidamente se transformó en una crisis humanitaria y territorial. Los habitantes experimentaron desplazamiento, la contaminación de sus pozos de agua y una fractura interna por la disputa por los dineros producto de las indemnizaciones. La tierra que da sustento, vital para el cultivo del maíz, frijol y calabaza, fue acaparada y expuesta a residuos tóxicos. El caso es un claro testimonio de cómo las empresas se benefician de la pobreza preexistente para imponer un modelo de desarrollo inviable para los dueños de la tierra.
La intensificación de la actividad extractiva en Mezcala ha exacerbado conflictos territoriales preexistentes, ha generado graves afectaciones a la salud pública de los pobladores que conviven a diario con la polución del aire y el agua, y ha contribuido a un clima de violencia. Estos no son errores aislados, son las consecuencias inherentes y sistemáticas del modelo minero extractivo a gran escala.
Las mineras de oro y plata, al utilizar el método de lixiviación, operan con millones de litros de agua dulce desviada de los ríos y mantos acuíferos para procesar la roca triturada con toneladas de cianuro.
El resultado inmediato es la escasez del agua, que nos afecta a todos. La minería acapara el recurso vital que alimenta la agricultura y el consumo humano, secando los pozos y los arroyos que han sostenido la vida campesina por siglos.
Pero el peligro más grave reside en los relaves. Estos depósitos de desechos tóxicos, venenosos, que se acumulan en presas gigantescas, contienen residuos de cianuro, y, lo que es peor, altas concentraciones de metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio. Cuando estos metales se filtran por la lluvia o la actividad sísmica hacia el subsuelo y los mantos acuíferos, que es inevitable, la contaminación se vuelve crónica e irreversible. Casos como el derrame de Grupo México en el río Sonora, documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han demostrado que las empresas pueden ignorar la justicia, pero la naturaleza no. Los contaminantes se quedan, afectando la salud humana con enfermedades renales, cáncer y trastornos neurológicos, incluso décadas después de que la mina haya cerrado.
Si permitimos que el agua, el motor de nuestra vida, sea envenenada, la agricultura, la pesca, la ganadería y la medicina herbolaria colapsarán. Nos quedaremos sin vida, sin cultura y sin futuro económico propio, dependiendo de una precaria ayuda externa o de salarios mineros temporales. Este es un atentado directo contra la soberanía alimentaria de Guerrero, sobre todo de las comunidades indígenas.
La oposición comunitaria más profunda no es solo por el agua o la tierra; es por la vida misma. Nuestra cosmovisión como indígenas es clara: la Tierra es la Madre (Tonantzin), no una simple materia prima para ser triturada. Las montañas, los bosques y el agua son sujetos de derecho, no objetos de explotación.
La mina es la encarnación de una lógica individualista y extractivista que sustituye la cooperación comunitaria por la corrupción y el conflicto interno. Las indemnizaciones o el empleo temporal dividen a las familias, enfrentan a los ejidatarios y rompen el tejido social, haciendo imposible el retorno a la normalidad una vez que la empresa se marcha. Defender el territorio es, por lo tanto, un acto de fe, de autodeterminación y de dignidad cultural, asegurando que las generaciones futuras hereden una tierra viva y fértil.
La ley está de lado de nuestras comunidades que decidan defender nuestro territorio. Nuestro “No” es legal, constitucional y debe ser respetado por las autoridades federales y estatales.
El principal escudo legal es el Derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado con rango constitucional en México. Este derecho es sistemáticamente violado: La consulta debe hacerse sin coacción, presión o manipulación, algo imposible cuando las comunidades enfrentan amenazas o promesas económicas desmedidas. Debe ocurrir antes de que el gobierno otorgue las concesiones.
En Guerrero las concesiones ya existen, lo que vuelve inválido cualquier intento posterior de “consulta”. La comunidad debe tener acceso a todos los estudios de impacto ambiental reales, incluyendo los riesgos a largo plazo, no solo a la propaganda corporativa.
La violación de estos elementos invalida el proceso. Y lo más importante: este derecho de consulta implica el derecho a vetar el proyecto si la comunidad, en pleno ejercicio de sus derechos, decide que la minería es perjudicial para su plan de vida.
Además, el Artículo 2° Constitucional protege la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a definir su propio desarrollo y a gestionar sus territorios. La decisión soberana de la Asamblea, como máxima autoridad comunitaria, es jurídicamente vinculante y debe prevalecer sobre cualquier concesión federal. La defensa del Derecho Humano al Agua y al Medio Ambiente Sano, establecido en la Constitución, es el escudo más poderoso contra la contaminación minera.
La minería a gran escala es una promesa tóxica que condena a las próximas generaciones. La única riqueza verdadera y sostenible en Guerrero es su territorio intacto, su agua limpia y la soberanía de sus pueblos.
La historia reciente de Mezcala y Carrizalillo no debe ser vista solo como una advertencia, sino como una lección de que la resistencia organizada, pacífica y jurídicamente fundamentada es el camino. La fuerza reside en la unidad y en la firmeza. Ejerzamos nuestro derecho inalienable a la libre determinación. Utilicemos nuestra autonomía y la voz, amparados por la ley y por la profunda convicción ética.
El futuro de Guerrero no se extrae de la tierra; se siembra en ella. El poder de la Asamblea es el último bastión de la vida. ¡El Territorio No Se Vende, Se Defiende!
