Se acaban porque la ley establece que los servidores públicos sólo pueden cobrar las pensiones que están fijadas por la propia legislación, dice el presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2018. Alrededor de 5 millones de pesos se invierten cada mes en cada uno de los ex presidentes del país, incluyendo pensiones, apoyos adicionales y personal de seguridad.
Por eso era necesario terminar con esta situación, expresa en entrevista con El Sur el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, quien el 31 de octubre informó al pleno de la Cámara que el decreto de la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos quedó promulgada ante la omisión del Ejecutivo en publicarla.
Batres ordenó al director del Diario Oficial de la Federación publicar el decreto de ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, con lo cual entraría en vigor la también llamada Ley de Salarios Máximos y quedaría establecido que ningún funcionario podría tener un ingreso mayor al del presidente de la República.
El legislador de Morena notificó al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sobre la decisión, luego de que los plazos del presidente Enrique Peña Nieto para hacerlo quedaron agotados.
Pero, explica Batres, “hay que tomar en cuenta dos situaciones: aunque la ley se ejerce inmediatamente, al día siguiente de su publicación, empieza a operarse a partir del Presupuesto de Egresos; la misma ley lo indica”.
Es decir, en el Presupuesto, que se votará en el Congreso antes de que termine el año, se aprueba la remuneración del presidente y todos los funcionarios. Como la ley establece que nadie puede percibir más que el jefe del Ejecutivo, esto obliga a que los demás entes, poderes y órganos autónomos fijen los salarios de los funcionarios públicos por debajo de ese salario presidencial.
“En cuanto a las pensiones millonarias de los ex presidentes –expone Batres–, éstas no se sustentan en ninguna ley. Se acaban porque la ley establece que los servidores públicos sólo pueden cobrar las pensiones que están fijadas por la propia legislación. No tienen fundamento legal alguno”.
El personal de seguridad también debe desaparecer
Hasta el momento, esta ley no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero ya se ordenó que se proceda y ello debe suceder en los próximos días, dice Batres.
–¿Cuál es la relevancia de esta decisión?
–Tiene mucha, porque le precede mucho abuso. Hay cientos, sino es que miles de funcionarios que cobran elevadísimos ingresos. Entonces, esta Ley de Remuneraciones de Funcionarios Públicos permitirá ahorrar un conjunto de recursos y también dignificar el papel del servidor público, que serlo no se convierta en una fuente de enriquecimiento sino que sea en verdad prestar un servicio a la sociedad.
Quien esté en los cargos públicos –enfatiza el senador– debe tener vocación de servicio; el que quiera construir una fortuna o capital, debe dedicarse a los negocios privados y no al servicio público.
–¿Qué nadie gane más que el presidente implica a todos los poderes?
–Implica al propio Poder Ejecutivo, porque ahora va a bajar el salario del presidente y eso va a obligar a bajar sueldos de secretarios, subsecretarios y directores generales. También el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos tienen que fijar sus ingresos en función del salario del presidente. De ahí para abajo.
–Será hasta el próximo año cuando esto sea realidad.
–Bueno, la ley debe estar publicada en estos días. A partir de ahí, se aprueba el presupuesto al final de este año, entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. En ese presupuesto ya se estarán fijando los nuevos ingresos de los servidores públicos para el ejercicio fiscal de 2019.
–¿Ya no tendrán ningún tipo de pensión los ex presidentes?
–Se trata de desaparecer esta pensión desmedida. Ellos tienen derecho a la pensión que cobran los demás servidores públicos, pero no puedes tener una pensión especial por haber trabajado seis años de presidente; en realidad, las pensiones y jubilaciones se regulan por muchos más años de antigüedad.
Lo que se gasta en cada ex presidente es cerca de 5 millones de pesos cada mes –remarca Batres–. Esto incluye otros tipos de prestaciones, no sólo la entrega de la pensión líquida. Se calcula en 200 mil pesos al mes por ex presidente, pero asciende a esa cifra que comentaba primero porque hablamos de personal, guardias y una serio de apoyos adicionales.
–Por cierto, esa seguridad, los apoyos, ¿se terminan?
–Eso debe desaparecer. Todo se regulará de manera republicana, igualitaria, de acuerdo con los derechos que están establecidos para el conjunto de servidores públicos. Ese apoyo tiene que desaparecer. Esperamos que se dé rápida la aprobación de esta ley.
Texto: Guillermo Rivera
Foto: Twitter @senadomexicano
