El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, remarcó que es un problema el pago de las pensiones y jubilaciones, las cuales no serán negadas pero se buscarán vías de solución para otorgarlas.
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019. Al afirmar que una de las causas de que algunas universidades estén en números rojos es la concesión de prebendas excesivas a sindicatos, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, anunció que este problema será planteado en la discusión del anteproyecto de la Ley de Educación Superior.
Informó que una propuesta es que haya “órganos de gobernanza” que se construyan a partir de las estructuras del funcionamiento de las escuelas, además de garantizar su participación y vigilancia de acciones, políticas y buenas prácticas.
“Nosotros estamos en el nuevo sentido de crear un nuevo régimen político. Por eliminar todo reflejo del clientelismo, del corporativismo a la mexicana. No queremos más estructuras corporativas”, dijo, abordado tras participar en el Foro de Consulta del Anteproyecto de Ley de Educación Superior, convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
“Que las comunidades de educación superior sean las que directamente construyan un sentido de autoridad, no por la autoridad misma, sino un sentido de autoridad donde participen los distintos sectores en términos de una construcción. No se trata de crear un órgano con gran peso, sino uno operativo de construcción de estrategias y de seguimiento de las mismas”.
Concheiro remarcó que uno de los problemas a enfrentar es el pago de las pensiones y jubilaciones que, aseveró, no serán negadas, al ser una prestación ganada, sino que se buscarán vías de solución para otorgarlas.
El funcionario remarcó que privilegiarán el diálogo con las partes para eliminar las prestaciones excesivas.
“Algunos de los problemas de las universidades en crisis, que lograron bajo ciertas condiciones prebendas y le quiero llamar así. Uso la palabra directa: prebendas, que son impagables hoy día, que fueron creciendo conforme nos fuimos haciendo viejos y entonces hoy tiene unas proporciones impagables”, expuso.
“Se pueden buscar caminos sin conculcar los derechos de los trabajadores, subrayo esto: encontrar caminos de contraparte de los contratos colectivos, de reubicarlos por supuesto a las futuras generaciones y de cambiar ciertas proporciones”.
Asimismo, Concheiro criticó que se destine al personal académico para funciones sindicales.
“No puede ser que una universidad, que una institución de educación superior tenga más administrativos y académicos. Disculpen ¡es de sentido común!”, consideró.
“No puede ser que se use personal académico para funciones de los sindicatos, perdón, eso no puede ser lo hayan ganado o no. O sea, estoy hablando de las cosas que tampoco están en el orden de lo laboral, sino que son condiciones que hoy, digamos, perjudican el desarrollo de nuestras funciones sustantivas. No puede ser que más allá de las funciones sustantivas por negociaciones particulares se estén utilizando recursos públicos para las instituciones de educación superior, para cumplir otras funciones”.
El funcionario de la SEP informó que, aunque se escucharán todas las voces, no se permitirá que se atente contra la autonomía, ni se dará cabida a ocurrencias o retrocesos porque, dijo, ha habido quien pide se imparta religión en las universidades.
Concheiro indicó que están recabando propuestas vía internet y por medio de foros para la elaboración de la Ley de Educación Superior, lo que durará hasta el mes de diciembre, a fin de que los primeros días de enero, autoridades educativas entreguen un planteamiento.
Sobre este proceso, explicó que puede haber dos vías: que se entregue directamente a alguna de las Cámaras o llevarla a Palacio Nacional para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la presente como suya.
Se espera, acotó Concheiro, que pueda ser discutida para el primer periodo de sesiones legislativas que comienza en febrero.
La ley no marca una fecha límite para que sea aprobada, el único requisito es que sea avalada en 2020.
Texto: Iris Mabel Velazquez Oronzor / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
