Humberto Musacchio
El próximo lunes 11 de septiembre se cumple medio siglo del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, quien se suicidó o tal vez fue asesinado durante el levantamiento de la soldadesca encabezada por el traidor Augusto Pinochet, con el cual Estados Unidos dio inicio en Chile –como ya lo había hecho en Uruguay dos meses antes– al ciclo del neoliberalismo, sistema bárbaro caracterizado por el empeño privatizador a ultranza, la venta de bienes nacionales a precios irrisorios, el abatimiento de los salarios y la apertura al capital extranjero, sobre todo al de matriz estadunidense.
Con Salvador Allende, por primera vez en la historia, llegó a la Presidencia de un país por la vía electoral un marxista confeso, quien, a diferencia de otros líderes de la izquierda mundial, era un firme defensor de la democracia liberal. Obtuvo 36.6 por ciento del voto popular y 153 votos de 195 posibles al ser ratificado en el Congreso, por lo cual llegó a la Presidencia con total legitimidad.
Consecuente con sus concepciones de izquierda y apoyado por la Unidad Popular, coalición que lo llevó al poder, Allende impulsó la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la estatización de ciertas áreas de la economía y una política asistencial de carácter popular.
Desde antes de llegar al poder, lo que ocurrió a fines de 1970, estuvo sometido a los amagos de la derecha y al intervencionismo de Washington mediante la CIA y otras agencias de espionaje que trabajaban en contubernio con fuerzas de la oligarquía chilena. Eran los tiempos en que Richard Nixon era el presidente gringo y Henry Kissinger el secretario de Estado.
Como Francisco I. Madero con Victoriano Huerta, que acabó por ejecutarlo, Allende sostuvo hasta el penúltimo día de su gobierno que las fuerzas armadas chilenas eran institucionales y por tanto incapaces de dar un golpe de Estado. Incluso, el 23 de agosto de 1973 Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército.
Algo semejante ocurrió con Juan María Bordaberry, quien en 1972 llegó a la Presidencia de Uruguay por la vía electoral, pero en febrero de 1973 recibió el primer embate de las fuerzas armadas, que se negaron a aceptar el nombramiento de Antonio Francese como ministro de Defensa, a lo que siguió, en junio, la disolución del Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, así como la supresión de las libertades civiles, la ocupación por militares de varios ministerios y la propuesta de una nueva Constitución de carácter fascista.
Los altos mandos de las fuerzas armadas uruguayas optaron entonces por el golpe de Estado, le dieron una patada en el trasero a Bordaberry y sentaron en la silla presidencial a un títere, mientras imponían la censura en los medios de comunicación, quemaban libros, perseguían y torturaban a dirigentes sindicales y de izquierda, más de un centenar de los cuales fueron asesinados, en tanto que 140 personas –140– fueron “desaparecidas” (en México se estima que hay más de 130 mil a los que buscan sus familiares).
Allende y Bordaberry siguieron caminos distintos, pero ambos fueron víctimas de su confianza en las fuerzas armadas, las que incluso, para abrir paso a la dictadura, no dudaron en marginar y aún sacrificar a militares de alto rango, hombres leales a las instituciones que se oponían al golpismo. Fue el caso del general Carlos Pratts en Chile y del citado Antonio Francese en Uruguay.
Recordar lo ocurrido en aquellos años no es mero ritual, sino que se trata de lecciones históricas. Allende se negó a armar al pueblo chileno cuando la amenaza golpista era ya insistente y Bordaberry creyó que por ser fascista podía confiar en los uniformados.
En México, mientras crece la inseguridad y las mafias se apoderan de extensas zonas del país, las fuerzas armadas atienden tareas que nada tienen qué ver con la disciplina militar, como el ISSSTE, puertos y aeropuertos, aduanas, el Tren Maya, el Banco del Bienestar o los ductos de Pemex, donde por cierto sigue en aumento el huachicoleo. En fin, que AMLO ha cedido importantes porciones del poder a los uniformados, habrá qué ver quién se las quita. Es muy fácil e irresponsable sacar a los militares de sus cuarteles, lo difícil es regresarlos.
