La presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve, advierte que con el cambio a un artículo transitorio se tendría que realizar otra consulta a indígenas y afros y demanda que se investigue para que se aclare dónde se realizó. Se publicó “tal como se recibió”, responde el secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso. Planta el funcionario a la CRAC en reunión acordada con la gobernadora
Chilpancingo, Guerrero, 19 de abril de 2022. La presidenta de la Mesa Directiva, la priista Flor Añorve Ocampo, se deslindó de las modificaciones que se realizaron al segundo artículo transitorio de la ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública cuando se publicó en el Periódico Oficial del estado. Adelantó que iniciaría las investigaciones al interior del Poder Legislativo y pedirá al Ejecutivo que se haga lo mismo para conocer quiénes fueron los responsables y que haya sanciones.
En conferencia de prensa en la sala de reuniones de la Mesa Directiva en la sede del Poder Legislativo, acompañada por su coordinador, Héctor Apreza Patrón, Añorve Ocampo dijo que se debe investigar el trayecto del documento aprobado por el pleno del Congreso, en la cadena de mando por la cual pasó antes de ser publicado en el Periódico Oficial, donde apareció el cambio.
Con una fe de erratas, la presidenta de la Mesa Directiva pidió ayer al Periódico Oficial que se realice una nueva publicación con el texto íntegro de lo leído y aprobado por el pleno del Poder Legislativo.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y que posteriormente fue aprobado por unanimidad de los 41 diputados presentes establecía: lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
Flor Añorve dijo ante reporteros que la conferencia era para “hacer del conocimiento público que me deslindo de cualquier situación que haya ocurrido de modificación en la ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública que aprobamos la semana pasada”, y precisó que una vez aprobada esta ley, fue remitida desde su oficina “a las instancias correspondientes para su publicación”.
La diputada mostró el acuse de recibido del texto que fue entregado al gobierno del estado para su publicación, documentos que están sellados y firmados por la presidenta de la Mesa Directiva y los secretarios de ésta. Incluso mostró el artículo transitorio segundo que en el documento iba como se aprobó en el pleno.
En el boletín de prensa del PRI se precisa que el texto se entregó “a la Secretaría Particular de la C. Gobernadora, a la Secretaría General de Gobierno y a la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos”.
La priista dijo que tiene las pruebas para demostrar que no tuvo que ver en las modificaciones realizadas al texto que aprobó el pleno del Poder Legislativo.
“No sé quién haya tomada alguna decisión contraria, desconozco, no tengo la certeza de quien haya hecho la modificación al artículo segundo transitorio de esta ley, ignoro quién haya hecho la modificación, o de parte de quién fue el comunicado para que se hiciera”, en referencia a quien dio la orden.
Al respecto precisó que se deslinda: “aquí tengo las pruebas, quiero decir que voy a hacer lo conducente para llegar hasta las últimas consecuencias, voy a hacer la denuncia correspondiente para que se hagan las investigaciones y se sepa quien autorizó o hizo la modificación sin que esta presidencia hubiese tenido conocimiento”.
De la denuncia del grupo parlamentario del PRD en el que advertían que con la modificación al artículo transitorio se tendría que realizar una nueva consulta, Flor Añorve, precisó que la modificación que se realizó de manera ilegal en la ley aprobada no tiene ninguna validez y que en breve se tendría que publicar el texto íntegro de lo aprobado el martes pasado por los diputados en el salón de plenos.
La primera instancia en la que dijo que presentaría la denuncia ante al interior del Congreso para que se investigue y haya certeza de que la modificación al texto no se realizó en el Poder Legislativo, y después pediría lo mismo al Ejecutivo Estatal a que realice una investigación interna.
Flor Añorve informó también que realizaría el mismo lunes “una fe de erratas” que enviaría por la tarde al gobierno estatal en el que se pediría que se publique en el Periódico Oficial el documento de la ley 179 que fue aprobado por el Congreso local “tal como fue aprobada esta ley, porque no puede tener ninguna modificación, eso no debe ocurrir, sienta malos precedentes para este Congreso”.
A pregunta de un reportero, la diputada presidenta de la Mesa Directiva informó sobre “la cadena de mando” en referencia a la custodia de este documento tras salir del Poder Legislativo. Al respecto dijo que la ley aprobada fue enviada la misma noche del 12 de abril pasado.
“Al gobierno del estado fue enviado el mismo día de su aprobación casi a las 12 de la noche, fue entregada a la secretaría particular de Gobernación”, aunque se refería a la secretaría particular de la gobernadora como se lee en el sello que mostró. El segundo sello es de la jefatura de la Secretaría General de Gobierno, y el tercero de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia.
“No quisiera prejuzgar”, dijo ante la pregunta de si en los posibles responsables son los representantes de cada una de esas áreas.
Flor Añorve aseguró también que nadie en el Congreso además de ella como presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad de enviar el documento al Ejecutivo, “pudiera ser que hubiera alguna relación con la que se hubieran puesto de acuerdo”, dijo en referencia que este cambio pudo ser acordado por algún diputado y las oficinas a las que se envió, pero después se detuvo en el señalamiento, “pero no quiero conjeturar”.
Después dijo que la modificación del artículo transitorio tenía la intención de retardar el proceso, y que este se contradecía con otro de los transitorios que ponía un plazo para aprobar las reformas en la materia hasta la segunda quincena de mayo, y que con el cambio se aplazaban hasta que se concluya la consulta para la cual tampoco existe una fecha concreta.
En la conferencia de prensa, Héctor Apreza dijo que prefería no opinar y que estaba ahí acompañando a su compañera de bancada.
“Antes no ocurrían estas cosas”, dice y sugiere que fue una acción de Morena
Una reportera recordó a la presidenta de la Mesa Directiva que además de este caso, ya hubo anteriormente la falsificación de la firma de uno de los diputados, en referencia al coordinador del grupo parlamentario del PRI Héctor Apreza Patrón, por lo que planteó si este no es un patrón o que es lo que sucede en el Poder Legislativo.
Añorve Ocampo respondió: “es complicado ¿no? Yo nunca he vivido una situación así, diputados que hemos estado en diferentes legislaturas vemos con sorpresa muchas de las cosas que ocurren, no quisiera yo pensar que, porque hoy un partido distinto al nuestro es el que encabeza el Congreso y el Gobierno del Estado, no quisiera yo inculpar, pero nunca ocurrían estas cosas”.
Sugiere diputado del PRD que el cambio a la Ley 179 se hizo en el Poder Ejecutivo
El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo García Gutiérrez, calificó como “un golpe, un atropello”, la modificación de fondo al artículo segundo transitorio de la Ley 179 cuando ésta se publicó en el Periódico Ofi-cial a cargo del Poder Ejecutivo.
Consultado por teléfono, después de que se conociera que se en la publicación de la ley esta sufrió un cambio no autorizado por el Legislativo y que cambia el sentido del transitorio, Raymundo García dijo que se trató de “un golpe” a uno de los poderes del estado.
Sostuvo que el “atropello” contra lo aprobado por el Congreso local no se debe repetir, y que para esto debe sancionarse a los responsables.
Sobre las implicaciones y la decisión deliberada de realizar una modificación a una ley aprobada por los diputados del estado, Raymundo García dijo que “nos deja sorprendidos la acción que se tomó, hay división de poderes y esto no debe repetirse”.
También el ejecutivo se deslinda y afirma que la Ley 179 se publicó “tal como se recibió”
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública se publicó en el Periódico Oficial del Estado tal cual lo envió el Congreso local, y aseguró que se procederá a hacer la publicación de fe de erratas correspondiente hasta que el Legislativo se los pida oficialmente.
El funcionario fue consultado en su oficina en la Secretaría General de Gobierno, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, acerca de qué fue lo último que le informaron los diputados del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es decir, de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, para que reformen la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y la Ley 777, que fue derogada y reemplazada por la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del estado, que fue aprobada el pasado martes.
Ludwig Marcial Reynoso Núñez informó que le remitieron “la Ley de Seguridad Pública, esa fue la que se publicó en cuanto a su proceso de consulta, entendemos que ya lo concluyeron, enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los resultados de esta consulta”.
Dijo que no le han compartido de manera oficial todavía cuáles son los resultados de la consulta, “pero entendemos que están en ese proceso, me parece que hasta el día de hoy iban a presentar en la (Suprema) Corte (los resultados), porque no habían podido tener oportunidad por el periodo vacacional, entonces estamos en espera de que de manera oficial nos puedan comentar cuál fue el resultado”.
Se le cuestionó si la Ley 179 se publicó tal cuál la envió el Congreso del estado, o si le hicieron alguna modificación, porque no coincide el transitorio dos, de lo publicado en el Periódico Oficial del Estado con lo votado en el recinto del Poder Legislativo.
“Se publicó tal cual lo envío el Congreso, así se hizo la publicación. El Ejecutivo no lo modifica, su criterio se publica tal cual, si hubiese alguna modificación por parte de, en este caso de la gobernadora, lo que haríamos es regresarla con observaciones, que es lo que procedería legalmente, pero de ninguna manera el Ejecutivo ni mucho menos la Secretaría de Gobierno publicaría un texto diferente al que se nos entregó”, sostuvo.
Expresó que va a esperar que el Congreso local haga un comunicado oficial sobre qué es lo qué aprobaron, pues hasta ayer ha estado atento a las declaraciones de los diputados que digan que no es el transitorio que ellos aprobaron, pero “hasta en tanto en que no tengamos la comunicación oficial por parte del Congreso local nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa”.
Aseguró que en cuanto los diputados manifiesten “que no es lo que se publicó, se procederá a hacer la publicación de fe de erratas correspondiente, pero no es un tema que el Ejecutivo pueda modificar por sí mismo, el Congreso del estado tiene que pedirlo”.
Destacó que puede haber consecuencias, aunque no las detalló, porque no es lo que se leyó en el Congreso local; es decir, no se autorizó por los diputados, y la publicación en el Periódico Oficial del Estado debe ajustarse a lo que se autoriza en el Pleno de Congreso local.
Ludwig Marcial Reynoso afirmó que “no intervenimos en el poder Legislativo, ellos son un poder diferente, nosotros en este caso la intervención de la ciudadana gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), es el de promulgar la ley y en su caso publicarla, se promulgó y se publicó (en el Periódico Oficial del Estado), o sea, nuestra función, la función de la gobernadora ya está hecha, si hay algún error que se mandó al Ejecutivo para hacer esta publicación tendrá que ser el mismo Congreso el que lo solicité”.
Por la noche, el gobierno del estado hizo la aclaración oficialmente.
Informa que el 12 de abril recibió la ley junto con la solicitud de ser publicada en el Periódico Oficial del estado.
Aclara que aunque son atribuciones del Poder Ejecutivo realizar observaciones dentro del término de diez días hábiles siguientes al de su recepción a las leyes y decretos aprobados por el Congreso éstas no se realizaron.
Así, el 14 de abril fue publicada “tal como se recibió y sin alterar su contenido”.
“Por lo anteriormente expuesto, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ratifica su absoluto respeto a las facultades, autonomía e independencia del Poder Legislativo, manifestando su voluntad en conducirse con estricto apego al Estado de Derecho”.
“La visión del obispo Rangel (sobre pacificación) es diferente a la del gobierno”
Fue cuestionado también por las declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza, que este martes deja la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, de que negoció incluso con los grupos delictivos para pacificar y dejar que ganara el PRI en Chilapa y Hueycantenango.
Manifestó: “A nosotros desde el inicio de la administración de la ciudadana gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) se dejó muy claro que no iba a ver negociaciones, que nadie está autorizado para hacer negociaciones de este tipo”, es decir, con grupos del crimen organizado.
“Si lo ha habido en el pasado, seguramente así habrán sido sus políticas anteriormente, pero en esta administración no está autorizado nadie para establecer ningún tipo de negociación o relación con grupos del crimen organizado”.
De la queja del obispo de que la gobernadora no lo recibió en audiencia, expuso que sí hubo una reunión y desconoce los temas que trataron, pero que “la visión del obispo con la visión del gobierno del estado es muy diferente, dista mucho en cuanto a las formas y cómo se tiene que tratar la problemática”, de la pacificación.
Manifestó que desapareció la subsecretaría de Asuntos Religiosos desapareció en la anterior administración porque ya no había conflictos en materia religiosa, y no se justificaba su existencia,. Mencionó que actualmente hay una Dirección General que se encarga de atender esos temas.
Dijo que con el nuevo obispo José de Jesús González Hernández llevará una relación institucional, “en aras de tener una buena relación, que es muy importante que el diálogo se lleve con todos los actores políticos y sociales que hay en el estado”.
Grave, la suplantación a diputados en modificación a la Ley 179: Cayetano
La alteración del contenido de las reformas a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, es una violación a la Constitución estatal y a la soberanía del Congreso local, declaró el abogado Rubén Cayetano García, quien opinó que se debe ordenar una investigación de inmediato para sancionar al o a los responsables.
En tanto, los abogados Vidulfo Rosales Sierra y Fernando Xochihua San Martín, quienes también han dado seguimiento al proceso de consulta y las reformas a las leyes 701 y 777 que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ordenó al Congreso local una consulta y la elaboración de nuevas iniciativa de reformas, pidieron espacio para revisar primero la ley que se aprobó y la que se publicó en al Periódico Oficial del Gobierno del estado antes de emitir una opinión.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y aprobado por unanimidad establecía que lo “dispuesto… surtirá sus efectos una vez aprobados los decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al artículo 14 de la Constitución (estatal) a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígena… ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Cayetano García, dijo que la conducta de quien haya ordenado y materializado la violación a la Constitución del estado y a la propia soberanía del Congreso de Guerrero es grave y peligroso.
Añadió que no se puede suplantar todo un proceso, como es la elaboración de la iniciativa, enviarla a turno, a análisis en comisiones, la aprobación del dictamen, la discusión, votación y aprobación en el pleno, además de la publicación, “mientras que una mano temeraria y de mala fe, de un plumazo borra totalmente el texto y el espíritu de una ley”.
Para el abogado es inadmisible y resulta grave y peligroso que alguien suplante de un plumazo la voluntad de los legisladores.
Agregó que “lo más extraño” es que no escucha las voces de quienes son violentados, que son los mismos legisladores.
Añadió que esto es delicado “porque entonces estamos hablando que al rato se puede suplantar la voluntad del Poder Legislativo”.
Insistió que por eso han venido diciendo que el Congreso local ya está en una franca violación a la Constitución y es un grave problema de legalidad que se puede convertir en un problema de gobernabilidad, por todo lo que está haciendo.
“Imagínate que alguien suplante la voluntad de quienes conforman todo un Congreso, que son los legisladores, pero llama la atención que no alcen la voz porque se suplantó la redacción de una norma en el transcurso del Congreso a la sede del Periódico Oficial del Gobierno del estado”.
Para el abogado lo que se hizo fue un fraude a los legisladores, “por eso es raro que los legisladores no se indignen ni reclamen que les están suplantando su voluntad, su voto y decisiones, cuando debieran ser los primeros en pedir una investigación al interior del Congreso para saber quién ordenó realizar esa conducta”.
Planta secretario de Gobierno a la CRAC en reunión acordada con la gobernadora
El secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, dejó plantados ayer a los representantes de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y a sus asesores jurídicos.
Las autoridades comunitarias y sus abogados se reunirían con el funcionario como parte de los acuerdos que tuvieron el 24 de marzo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para iniciar de manera conjunta acciones con miras a la elaboración de una nueva ley en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Integrantes de la CRAC informaron que sorpresivamente la noche del domingo les avisaron que la reunión programada para este lunes se suspendía, pero para entonces ya se encontraban en esta capital para asistir a la reunión programada a las 10 de la mañana.
Los coordinadores acudieron a esa hora al vestíbulo del edificio Centro del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo donde habían sido citados pero sólo llegó el secretario técnico Pablo André Gordillo, con quien rechazaron iniciar una mesa de diálogo.
El vocero de la casa de justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, declaró que agendaron una nueva reunión con la condición de que esté presente el secretario de Gobierno para el 25 de abril.
Informó que les argumentaron que ayer “no hubo condiciones por la agenda de trabajo del secretario” y que les propusieron iniciar las pláticas con André Gordillo, “pero para nosotros no era correcto sentarnos con el área técnica porque necesitamos hablar primero con el titular de la Secretaría de Gobierno para que podamos avanzar”.
Los representantes de la CRAC y de organizaciones sociales se manifestaron el 22 de marzo afuera del Congreso local en protesta por la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que realizó el Congreso local, debido a que, denunciaron, no cumple con lo que les mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la reforma a las leyes 701 y 777 en materia de derechos, seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
Dos días después, el 24 de marzo los coordinadores de las cinco casas de la CRAC, se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con quien acordaron reunirse después del 14 de abril después de que se venciera el plazo para que el Congreso local cumpliera con la sentencia de la SCJN.
En esa reunión, según informaron las autoridades de la CRAC y sus asesores jurídicos, acordaron trabajar de manera con junta en una nueva iniciativa de ley en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero que las reuniones iniciarían después del 14 de abril y ayer se realizaría la primera.
Las autoridades de la CRAC y dirigentes de las organizaciones sociales que la respaldan volvieron a manifestarse el 5 de abril, esta vez realizaron una marcha y un mitin afuera del Congreso local, donde pidieron la cancelación de la consulta del Congreso local y las reformas a las leyes 701 y 777 debido a que incumple con lo que mandató la propia Suprema Corte, así como los organismos internacionales.
El coordinador De Jesús Cabrera informó ayer que la CRAC está de acuerdo en trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado en la elaboración de una iniciativa de ley de derechos de los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos.
Dijo que esperan que la inasistencia del secretario ayer, no sea porque se esté dando marcha a tras al acuerdo que la gobernadora Salgado Pineda tuvo con ellos en la reunión del 24 de marzo.
“Aun no pensamos que el gobierno quiera dar marcha atrás, más bien, creemos que hay mucha presión en el gobierno del estado, pero somos pacientes y nos esperaremos para la próxima reunión y vamos a esperar”.
Pero advirtió que si en la próxima reunión vuelven a faltar los funcionarios de quienes están pidiendo su presencia, “entonces tomaremos otra decisión, como lo hemos hecho siempre, pero ahorita nos esperamos”.
Además del secretario de Gobierno, los coordinadores de la CRAC, pidieron la presencia del consejero jurídico y asesores del gobierno estatal para avanzar en los trabajos.
De Jesús Cabrera informó que la reunión convocada para el 25 de abril será a la misma hora y en el mismo lugar que fue convocada la de ayer.
Texto: Rosalba Ramírez García, Emiliano Tizapa Lucena, Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
