18 marzo,2026 5:21 pm

Libertad condicional a militares acusados de abuso contra Inés Fernández

Inés Fernández y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en conferencia de prensa que ofrecieron después de la reunión que sostuvieron en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, en Acapulco, el 23 de enero de 2024. Foto : Carlos Carbajal

Chilpancingo, Guerrero, 18 de marzo de 2026.- El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Acapulco, resolvió en una audiencia la mañana de este miércoles, el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a la de libertad, a favor de dos militares detenidos por el delito de tortura sexual en el caso de la indígena me’phaa de Ayutla, Inés Fernández Ortega.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz, quien representó a la víctima en la audiencia, calificó la resolución del juez Lino Román Quiroz, como “ilegal, incorrecta, violatoria de los derechos humanos, y que, además, viola todos los estándares internacionales porque se aparta de la sentencia que emitió sobre el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Los militares son Raquel Méndez Hernández, quien era el jefe de operaciones, cuando Inés fue víctima de tortura sexual en el 2002, así como Andrés Sosa Zepeda.

Raquel, quien sigue en activo, había sido detenido en Tamaulipas el 1 de noviembre del año pasado y le dictaron sentencia condenatoria el 7 de ese mismo mes, en tanto que Andrés, quien ya está en retiro, fue detenido el 1 de febrero pasado y le dictaron sentencia el 7, informó el abogado Rogelio Téliz.

De acuerdo con el abogado, el juez resolvió para ambos “de manera parcial, sin fundar ni motivar su resolución, el cambio de la medida cautelar de prisión y les concedió su libertad, con la condición de firmar cada mes, y una garantía de 5 mil pesos.

Añadió que ello significa para doña Inés un riesgo inminente de que pueda ser agredida “por esta gente”, y que existe el fundado temor de que el delito quede impune “porque para el juez el delito de tortura es mínimo, prácticamente lo está caracterizando como pequeño y no amerita cárcel”.

Informó que de su parte pidió que la medida de prisión preventiva siguiera vigente, porque el Código de Procedimientos Penales establece que es un delito grave, y que, incluso, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se pronunció en los mismos términos.

Zacarías Cervantes / Foto: Carlos Carbajal (Archivo El Sur)