El juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria. Seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, por la Ley 701, en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado, declara al salir de la cárcel de Ayutla. Quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la organización de justicia comunitaria, afirma el abogado Vidulfo Rosales.
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Lenin Ocampo Torres
Ayutla, Guerrero. Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de este jueves el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, quien los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos presos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban afuera del penal el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los también policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Guzmán, el consejero Sabás Aburto Espinobarros así como una veintena de seguidores de Campos Herrera quienes al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”, “Arturo vive, la lucha sigue”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que fueron los que se encargaron de sacar adelante el proceso penal en su contra.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.
La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución, buscará echarla abajo, adelanta
Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos Herrera salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que en consecuencia quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Barrera Hernández denunció que el caso de Campos Herrera muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
El triunfo de una lucha histórica: Tlachinollan
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.
Añadió que el caso de Arturo no es aislado, y que el Estado ha hecho uso excesivo de la prisión preventiva con fines de investigación, sobre todo a miembros de la CRAC.
Dijo que cuando Arturo denunció violaciones a los derechos humanos de miembros de su comunidad estaba haciendo el trabajo que el gobierno debería de estar haciendo en el país, “sin embargo en lugar de reconocer sus esfuerzos, la respuesta de las autoridades fue criminalizarlo”.
(En la imagen, Arturo Campos, promotor de la CRAC en Ayutla, es saludado por Hermenegildo Ortega padre de Mauricio Ortega (de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), al momento de salir de la cárcel de Ayutla. Observan a la izquierda el sobreviviente de El Charco y ex preso político Bernardino García y Valentín Hernández Chapa, promotor de la CRAC).
Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por
una interpretación desviada de la ley: abogados
Texto: Zacarías Cervantes
Ayutla, Guerrero. El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y un grupo de policías comunitarios del municipio de Ayutla.
Tras su detención fue trasladado inmediatamente al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Informaron que con antelación los policías comunitarios Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Benito Morales Justo y Abad Ambrosio Francisco, fueron acusados de los mismos delitos y también obtuvieron su libertad, mediante el amparo 133/2014 otorgado por el juez Sexto de Distrito.
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