Iguala, Guerrero, a 26 de junio de 2025.- El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se sumó al rechazo de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición propuesta por el Ejecutivo federal, ante el riesgo de centralización y “desmantelamiento” de las facultades de las comisiones de búsqueda de los estados, así como de la limitación de la participación de las familias y los colectivos en las tareas de búsqueda, identificación y toma de decisiones.
Este miércoles el primer colectivo de víctimas de desaparición que se formó en Iguala tras el caso Ayotzinapa, emitió un pronunciamiento en el que exige que su voz sea escuchada, que se consideren sus propuestas y que cualquier modificación a la ley tenga como objetivo principal acelerar la localización de personas desaparecidas, garantizar verdad, justicia, memoria y reparación del daño.
Indica que la iniciativa de reforma debe ser una oportunidad para fortalecer un acceso efectivo a la justicia, que garantice investigaciones prontas y exhaustivas, identificación forense, entrega digna y sanciones ejemplares a los responsables.
Reiteran que la búsqueda de sus familiares es una responsabilidad del Estado, y no debe ser una carga exclusiva de las familias. Y subraya que cualquier reforma a la ley debe fortalecer esta responsabilidad, garantizar los recursos necesarios y asegurar que los derechos de las víctimas y sus familiares sean el pilar central.
“No podemos permitir que retrocesos legislativos obstaculicen aún más nuestra dolorosa pero firme labor”, advierten.
El colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala manifiesta una “profunda preocupación” ante la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y recuerda que han sido las familias quienes realizan los trabajos en campo, coadyuvando con las autoridades y llevando los cuerpos que localizan a los Semefos para su identificación.
Reconoce la necesidad de mejorar el marco legal, pero con el imperativo que cualquier modificación fortalezca, y no debilite, los mecanismos de búsqueda, investigación y reparación del daño.
Advierte el riesgo de la “centralización” en exceso las facultades de búsqueda e investigación en una única entidad, lo que podría “desmantelar” las capacidades ya existentes y la autonomía de las Comisiones de Búsqueda estatales.
También alerta del riesgo de que se limite la participación de las familias de las víctimas y los colectivos en los procesos de búsqueda, identificación y en la toma de decisiones sobre las políticas públicas. “Nuestra experiencia en campo y nuestro conocimiento de los casos son insustituibles y deben ser el centro de cualquier estrategia”.
El colectivo indica que hay preocupación que la reforma pudiera impactar negativamente la metodología y la fiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como su acceso y consulta.
Los Otros Desaparecidos advierte, además, el debilitamiento de la coordinación interinstitucional, que podría impactar en las acciones de búsqueda, investigación y atención a víctimas; asimismo, denuncia falta de una consulta exhaustiva con todos los colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil, “nuestra voz y experiencia debe ser la base de cualquier reforma”.
Tras recordar que la deuda del Estado mexicano para los más de 114 mil víctimas desaparecidas y no localizadas en el país sigue siendo una “herida abierta”, puntualizan que el número de personas consignadas y sentenciadas por estos delitos “sigue siendo mínima, evidenciando una alarmante impunidad que agrava el dolor de las familias y perpetúa el ciclo de violencia”.
Alejandro Guerrero / Foto: @rosaicela_
