Texto y fotos: EFE. Portada, Emma Guadalupe Molina, madre de Marco Antonio Molina Thiessen, llora después de escuchar la condena en contra de cuatro militares por su desaparición.
Guatemala, 23 de mayo de 2018. Ni siquiera habían despuntado los primeros rayos del sol. La espera por justicia fue larga para la familia guatemalteca Molina Theissen: 37 años y más de 13 horas para escuchar la sentencia de culpables por la desaparición forzada del menor de 14 años Marco Antonio, y la tortura y violación de su hermana Emma.
Los militares en situación de retiro Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Hugo Zaldaña fueron condenados a 58 años de prisión y Francisco Gordillo a 33 años por esos casos, cometidos al amparo del conflicto armado interno (1960-1996). Otro militar, Edilberto Letona, fue absuelto.
Lucas García perteneció al Estado Mayor del Ejército entre 1981 y 1982; Callejas fue jefe de Inteligencia Militar, Zaldaña era el secretario de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y los coroneles Francisco Luis Gordillo Martínez y Edilberto Letona Linares comandante y subcomandate de la base donde estuvo secuestrada Emma Guadalupe.
La sentencia la emitió a eso de las 4:30 hora local de este miércoles (10.30 GMT), más de 13 horas después de la hora prevista, el Tribunal de Mayor Riesgo C.
Marco Antonio Molina Theissen fue secuestrado el 6 de octubre de 1981 en represalia por la fuga de su hermana Emma de la zona militar del departamento occidental de Quetzaltenango un día antes, y 37 años después su familia desconoce su paradero.
Ella había sido detenida el 27 de septiembre de ese año por sus nexos con la guerrilla. Fue sometida a crueles torturas y constantes violaciones en esas instalaciones militares.
El Tribunal presidido por el juez Pablo Xitumul consideró con base en las pruebas y testimonios, que los militares sentenciados fueron los que diseñaron la estrategia para capturar a Emma, que en tiempos de la guerra se hizo llamar como María Margarita Chapetón. Fue activista de la comunista Juventud Patriótica del Trabajo.
El Ministerio Público (MP) sostuvo durante el juicio que se inició el 1 de marzo pasado, que al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional, se ejecutaron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra quien pensara distinto al Gobierno militar de turno.
Todos eran tildados de ser guerrilleros. Eran detenidos y desaparecidos y las mujeres violadas, como fue el caso de Emma Guadalupe.
Tras el veredicto judicial no hubo declaraciones de la familia, pero si abrazos como muestra de haber conseguido un fallo a su favor por parte del Estado, que les había dado la espalda.
Los activistas humanitarios y familiares de otras víctimas del conflicto armado aplaudieron y cantaron victoria. La sentencia “repara la verdad de Emma y de las sobrevivientes de la violencia sexual durante la guerra”, aseguró la subdirectora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) que actúa como querellante del caso, Alejandra Castillo.
También sostuvo que la condena de los militares “nos da la posibilidad de poner en la discusión lo que fue la desaparición forzada”, y también el delito de la violencia sexual que “se utilizó como una arma de guerra” durante el conflicto armado.
Durante el juicio los abogados de los militares retirados intentaron sin éxito convencer al juez de que en Guatemala no hubo genocidio sino un enfrentamiento entre dos bandos.
No obstante, Xitumul fue tajante y afirmó que ese argumento era “insostenible” porque se involucró a la población civil, a la que luego los militares atacaron “sin misericordia”.
En su resolución, el juez aseguró que lo ocurrido a la familia Molina Theissen “ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar impune”.
La condena emitida es aún apelable.
Tras 37 años sigue la incertidumbre de lo que le ocurrió a Marco Antonio. Durante el juicio, Emma apeló al “honor” de los militares juzgados y les pidió que digan dónde está su hermano.
El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH).
El menor es uno de los 45 mil desaparecidos que dejó la guerra interna en Guatemala, que también se cobró la vida de otras 200 mil personas, en su mayoría indígenas y campesinos que siguen buscando justicia.
Guatemala impone hasta 58 años de cárcel a militares por desaparición forzada
Un Tribunal de Guatemala decidió hoy condenar a penas de entre 33 y 58 años de cárcel a cuatro militares retirados por la desaparición forzada de un menor de 14 años durante la guerra y la violación reiterada de su hermana.
El titular del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, leyó la sentencia tras más de 12 horas de retraso sobre la fecha prevista e impuso 58 años de prisión a los oficiales retirados del ejército, el general Manuel Benedicto Lucas García, el máximo oficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña y el también general Manuel Antonio Callejas y 33 para el coronel Francisco Gordillo.
En cambio, Edilberto Letona fue absuelto en esta causa que empezó a juzgarse el pasado 1 de marzo para revivir uno de los episodios más lúgubres: la desaparición forzada del joven de 14 años Marco Antonio Molina Theissen y las violaciones reiteradas a su hermana Emma Guadalupe hace casi 37 años.
Después de que acusados, querellantes y público pasaran toda la noche en la sala, el Tribunal, por “unanimidad”, declaró a Zaldaña, Gordillo, Callejas y Lucas culpables de delitos de lesa humanidad (25 años) y también de violación agravada (ocho años).
También dictó para Zaldaña, Callejas y Lucas, quien asistió por videoconferencia debido a una operación que le realizaron recientemente, otros 25 años en un fallo que aún tiene que quedar en firme.
Durante la lectura, el juez, que admitió la “magnitud del caso”, hizo especial hincapié en el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales, de la responsabilidad del Estado en la observación de las garantías básicas de la población y en la obligación de los servidores públicos de actuar respetando los derechos humanos.
“Esto ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar en la impunidad”, dijo el juez, quien criticó que la defensa y los militares acusados intentarán argumentar que en Guatemala no hubo guerra interna, un razonamiento “insostenible”, pues se involucró a la población civil para luego “atacarla sin misericordia, como lo hicieron”.
Era el 6 de octubre de 1981 cuando Marco Antonio, en ese entonces de 14 años, estaba en su casa con su madre y dos sujetos armados entraron a la fuerza para llevarse al niño. Lo ataron con grilletes, lo metieron en un costal y luego lo introdujeron en la parte trasera de un vehículo con placas oficiales.
Esta era la última vez que Emma, perteneciente a una familia considerada “subversiva” por sus críticas al Gobierno, vería a su hijo, pero no era la primera vez que sufría los embates de la guerra que por 36 años (1960-1996) desangró al país.
Una semana antes, la hermana de Marco Antonio, Emma Guadalupue –militante de la Juventud Patriótica del Trabajo– fue detenida y retenida durante nueve días en la base militar de Quetzaltenango, donde fue golpeada, interrogada y torturada, además de sufrir múltiples violaciones sexuales.
Emma Guadalupue escapó, pero unos días después, por su huida y debido a que no la encontraron en casa, se llevaron a Marco Antonio, un caso que ve por fin la luz más de 20 años después de la firma de la paz, cuando aún hay miles de familias que siguen buscando la verdad, dijo la experta en justicia transicional Jo-Marie Burt.
La familia estuvo presente este martes y este miércoles en la sala, esperando la sentencia, tras la cual no hicieron declaraciones, pero sí se fundieron en un profundo abrazo y de sus caras brotaban lágrimas de la emoción tras los aplausos de una gran multitud que los arropaba.
Con ellos y con decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales pasaron casi 16 horas, hablando, riendo y algunos hasta hicieron ejercicios de gimnasia y estiramientos para pasar unas horas que se hicieron eternas en ambas partes, entre los querellantes y los acusados.
El más feliz tras terminar esta maratoniana sesión fue Letona, que aunque no hizo declaraciones a la prensa sí se mostró sonriente y jovial, sobre todo con sus familiares.
