
Chilpancingo, Guerrero, a 24 de octubre de 2024.- En medio de las presiones y amenazas del crimen organizado que les cobra cuotas, al menos 100 productores de aguacate de la Sierra de Guerrero cumplieron este jueves nueve días con la suspensión del corte y venta de su producto, para presionar a las empacadoras de Michoacán que les aumenten el precio.
El integrante de la Asociación de Productores y Empacadores de Guerrero (APEAG), Víctor Espino Cortés mencionó que la protesta comenzó el 14 de octubre, cuando inició el paro de actividades de los aguacateros y limoneros de Michoacán.
Los productores de Guerrero buscan que la agrupación de empacadores de Michoacán, a la que le venden su producto, les incremente de ocho pesos a por lo menos 20 el kilo de aguacate.
En declaraciones por teléfono ayer, Espino Cortés dijo que su movimiento lo mantienen a pesar de las amenazas y presiones del crimen organizado.
Agregó que el asesinato del empresario limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, el lunes pasado, así como el asesinato de su hermano, Juan Espino Cortés, el 20 de septiembre pasado, intimidan y desalienta la participación de los productores en la protesta.
Juan Espino, quien era el presidente de la APEAG, fue levantado en Tecpan el 20 de septiembre y al día siguiente fue encontrado asesinado, su cuerpo presentaba huellas de tortura, según informó su hermano Víctor.
El cuerpo fue hallado en el paraje conocido como Las Antenas, entre Papanoa y Puerto Vicente Guerrero, municipio de Tecpan de Galeana.
Víctor Espino denunció que Juan fue levantado y asesinado porque se opuso al pago de cuotas al crimen organizado.
Indicó que a raíz de estos crímenes, los comisarios municipales tienen mucho miedo y ya no quieren denunciar ante las autoridades la situación de violencia que viven en las localidades de la sierra.
A pesar de ello, informó que más de 100 aguacateros siguen sin cortar ni vender su producto en respuesta al llamado que les hicieron los productores de Michoacán, para que se sumaran al movimiento a partir del 14 de octubre, en protesta por los precios bajos que les pagan los empacadores de aquél estado. En Guerrero no hay empacadoras.
Víctor Espino declaró que los bajos precios que les pagan los acaparadores le pega a toda la cadena productiva; “se está desmoronando todo, los productores ya están desesperados y los pueblos ya no pueden hacer nada más por la violencia, no saben qué va a pasar”, dijo el vocero de la APEAG.
“Las acciones de violencia están desmovilizando a los productores, ya tienen miedo de participar en el movimiento, pero nosotros aquí seguimos porque no tenemos a donde más ir”.
Aseguró que los más de 100 productores de esa zona siguen sin cortar ni vender su producto, “de todos modos es igual, no tenemos ninguna ganancia, y mejor que se eche a perder nuestro producto”.
“En las condiciones que estamos ahorita, cortar y no cortar es lo mismo, de todos modos no ganamos nada”, insistió.
En cambio, declaró que con el movimiento aún tienen la esperanza de negociar un precio más justo, “si se arreglan allá (en Michoacán), a ver si nos toca algo también a nosotros, los de Guerrero, por eso nos estamos sumando, es lo único que podemos hacer”.
Añadió que por el mismo problema de la violencia los certificadores ya no quieren certificar las huertas, “y todo se nos está viniendo abajo”.
Informó que precisamente a la hora de le entrevista telefónica se encontraba reunido con los certificadores.
“Los que nos preocupan son los trabajadores que no están ganando nada y no tienen ingresos para sus familias, pero, dijera el dicho, niño que no chilla no mama, así es que vamos a continuar con nuestro movimiento”.
En su caso, informó que con sus hermanos tienen más de 500 hectáreas sembradas de aguacate y aproximadamente 50 trabajadores, que son los que desde hace nueve días que inició el paro, no están recibiendo ingresos.
Añadió que para poder tener ingresos, los aguacateros “vamos haciendo otras cositas, pero aun así nos está pegando muy fuerte la crisis, sin embargo, insistimos, no tiene mucho caso cortar, de todos modos el producto nomás se regala”.
Se quejó de que a pesar de sus denuncias, las autoridades de los gobiernos estatal y federal no les han ofrecido apoyo, “nomás nos llaman por teléfono para preguntar que cómo estamos en la región, pero no se ve claro el apoyo, solo llaman, preguntan y dejan sus números y eso de nada nos sirve”.
Agregó que, a veces, han ido a hacer reuniones con los comisarios municipales, “¿pero qué les van a decir estos si todos están amenazados?, no pueden decirles mayor cosa, porque el Gobierno viene y se va, mientras que la gente aquí se queda y es la que padece las consecuencias”.
Precisó que las reuniones las han hecho con comisarios de las comunidades de Tecpan, Coyuca de Benítez, Ajuchitlán y Petatlán.
“Los funcionarios les preguntan por la situación de violencia, pero ellos no dicen nada, y los funcionarios nomás se ponen a sus órdenes y les dejan sus números, pero es todo, les dicen que los van a ir a apoyar, que les van a arreglar sus caminos, pero en el asunto de la inseguridad, no se comprometen a nada, porque es algo muy delicado”.
Indicó que el grupo delictivo que controla la zona, Los Maldonado, a partir del miércoles pasado comenzó a controlar la venta de productos como el huevo, el pollo y el gas, “ya andan repartiéndolo ellos el producto”, informó.
Dijo que la delincuencia se ha expandido después del asesinato de su hermano, quien se oponía al pago de cuotas, y derivado de ello, fue levantado, torturado y asesinado.
Añadió que sabe que, ahora, la gente del grupo delictivo anda a sus anchas organizando a los pueblos, “dicen que el fin de semana van a realizar una reunión allá arriba (en las comunidades de la sierra), van a juntar a los pueblos y les van a soltar el chingadazo (el pago de cuota), en concreto, la cosa ya está muy mal”, denunció Víctor Espino Cortés.
Insistió: “Los comisarios municipales no están de acuerdo, pero no pueden hacer nada, es una tristeza aquí, la verdad”.
Informó que en tanto que los soldados del Ejército mexicano y los agentes de la Guardia Nacional sólo realizan patrullajes en las carreteras, “y aunque los tienen identificados no hacen nada, a algunos los tienen comprados, y así de nada nos sirve su presencia aquí”.
Mientras los productores venden el kilo de aguacate en 8 pesos, en la capital del estado se vende en 80 pesos el kilo, y la exportación a Estados Unidos, de las empacadoras, está en 14 pesos por kilo.
Zacarías Cervantes / Foto: Archivo


