Héctor Manuel Popoca Boone
De gran importancia para el PRI es tener desde el principio doblegado al INE, al Trife y a la FEPADE, que son, junto con sus pares estatales, los árbitros en el presente proceso electoral. Por eso, José Antonio Meade ha reiterado en varias ocasiones que el PRI usará la misma estrategia empleada en el Estado de México hace un año.
Eso permitirá a la mapachería profesional priista diseñar y llevar a cabo las acciones más eficaces para lograr el gane con la mayor libertad, no importando que sean violatorias de las reglas electorales. Saben de la flexibilidad que los árbitros electorales les brindarán para cometer los fraudes necesarios para triunfar, cueste lo que cueste, ya que actuarán bajo la consigna “dejar hacer, dejar pasar”, sin ver, oír u opinar. Serán muy laxos con los priistas en el acatamiento de las normas, obsequiándoles la correspondiente impunidad.
De esa contienda del 2017, varios destacados analistas políticos* concluyeron que las instituciones aludidas favorecieron al candidato a gobernador del PRI, al no asumir su papel de vigilantes imparciales del proceso. Le brindaron apoyo descarado al ser omisos de las pillerías que cometió el PRI junto con el gobierno federal y el estatal. No investigaron a fondo el flujo de fondos ilegales usados en la campaña. Al final, los tribunales electorales desecharon los atropellos documentados de los que fueron víctimas los otros partidos políticos y sus candidatos, especialmente la candidata de Morena.
Por cuanto a los organismos locales electorales se refiere, su ciudadanización quedó malograda desde el principio, ya que con la debida antelación el gobierno del estado (PRI) a través de su fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso local, nombró como consejeros electorales a personas a modo, en vez de seleccionar a los más capacitados, profesionalmente hablando.
El gobierno federal y el PRI, junto con sus pares estatales, también actuaron al ras de las casillas electorales, en la selección a modo también de los funcionarios electorales de último momento, así como del posicionamiento de sus representantes de partido en cada una de ellas. Se trataba de tener el control de los lugares de la jornada donde estarían las urnas en que se depositarían los votos.
La estrategia del PRI implementada en el Estado de México violó toda legalidad electoral establecida para asegurar su triunfo en un marco de completa inequidad. Eso se tradujo en ilegitimidad por todos reconocida. Repetirla a escala nacional suscitará conflictos post electorales de gran magnitud, al estar en juego poderosos intereses de todo tipo, en un contexto de compleja problemática por la que atraviesa el país.
Si lo que nos importa a todos los mexicanos es que el voto ciudadano sea contado con honestidad y sin coacción alguna, en un marco de limpieza electoral, resulta sumamente preocupante que José Antonio Meade y el PRI de Los Pinos quieran obtener el triunfo como sea y a como dé lugar, ante el desprestigio que Meade ya arrastra y la debilidad popular que exhibe como candidato presidencial.
Al tratar de retener el poder presidencial a toda costa, a los priistas no les importará cometer gran fraude electoral a nivel nacional, para así proteger los intereses de unos pocos, sobre las ingentes demandas de los muchos mexicanos depauperados. Privilegiarán la deshonestidad sobre la pulcritud y la perversión sobre la ética.
PD1. ¿Quién le cree a Ricardo Anaya? Nadie. ¿Quién le tiene confianza a José A. Meade? Pocos. Entonces, quedémonos con la esperanza de un cambio verdadero.
PD2. Es una infamia usar la policía estatal de Guerrero como guardia blanca armada de las empresas mineras extranjeras. Tal y como sucedió en Cananea, en la época del dictador Porfirio Díaz. ¡Ver para creer!
PD3. Zeferino Torreblanca no tiene calidad moral para postularse como candidato para presidente del Ayuntamiento de Acapulco. Cuando fue gobernador de Guerrero mostró su talante autoritario, represor, racista, corrupto y probable magnicida.
* El infierno electoral, Bernardo Carranco, et al. Editorial Grijalbo.
