Eliminar la prisión preventiva oficiosa significaría protección para jefes de bandas y delincuentes de cuello blanco, afirma el mandatario al expresar su desacuerdo con el ministro presidente Arturo Zaldívar. Critica que un impartidor de justicia no haya vinculado a proceso al capo La Vaca y se pregunta: “¿cuántos jueces o cuántos ministros han ido a la cárcel?”. El sistema de defensoría de oficio y el Consejo de la Judicatura tampoco funcionan, señala en su conferencia mañanera
Ciudad de México, 27 de agosto de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra del Poder Judicial por su pretensión de eliminar la prisión preventiva oficiosa y consideró que, de concretarse esa idea, significaría protección para jefes de bandas y delincuentes de cuello blanco.
En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que no está de acuerdo con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la propuesta de eliminar la obligatoriedad de esa medida.
“Estimo mucho al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Es más, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas”, agregó.
De acuerdo con un proyecto del ministro Luis María Aguilar, la Corte podría eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país, con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De aprobarse la propuesta, se dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a esa figura mientras se le juzga, sin importar el delito.
“Ahora viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente, aun con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco. Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces”, dijo. López Obrador aludió al caso de José Bernabé Brizuela La Vaca, a quien un juez no vinculó a proceso pese a ser uno de los mayores generadores de violencia en Colima.
“Esto que pasó hace dos días, que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Cuando lo detienen pone un mensaje la gobernadora diciendo: ‘Felicito a las autoridades’.
“¿Por qué? Porque sabe perfectamente que este señor anda en malos pasos. Y el juez, por cualquier pretexto, excusa, decide liberarlo.
“Afortunadamente quienes están ahí informan, que esta es una labor, por ejemplo, para Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Seguridad), y se busca y hay dos, tres órdenes de aprehensión aparte de esa, y de delitos graves”, indicó el presidente para luego cuestionar:
“Y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial? A los cuatro, cinco días, el juez lo libera. No ha salido porque es tan grave el asunto que se indagó.
“¿Cuándo ha habido una rueda de prensa de la judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud? Encima de eso ahora están por resolver el que ya no haya detenciones y que los jueces puedan decidir. Pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco”, denunció.
– El ministro Arturo Zaldívar ha dicho que hay un abuso en la autorización de la prisión preventiva oficiosa justificada, y él asegura que quienes más la han estado sufriendo, la batallan, son las personas de menos recursos, la gente en pobreza extrema que no tiene acceso a una defensa adecuada… –se le preguntó al mandatario.
“Porque el Poder Judicial no los defiende (a los ciudadanos de escasos recursos), el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura…”, respondió López Obrador y remató:
“¿Cuántos jueces o cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Acaso es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?”, cuestionó.
Evade ministro discutir la cancelación de la prisión preventiva
A 10 días de discutir si la prisión preventiva oficiosa debe ser cancelada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena evadió emitir una postura hasta la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Con mucho gusto le contesto esa pregunta el 5 de septiembre”, dio en una conferencia en Monterrey.
La prisión preventiva en México es cuestionada por la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana.
El señalamiento se dio al presentar sus conclusiones en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva en México.
La legislación mexicana, indicó la comisionada Esmeralda Arosemena en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) realizada ayer en Brasilia, habilita a la autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva de los imputados solo en razón de la gravedad del delito, sin considerar su carácter excepcional.
“Una figura de este tipo, que faculta la detención basada en la gravedad del delito y presunta responsabilidad de la persona es inconvencional, pues implica una detención arbitraria, contraria a la presunción de inocencia”, advirtió.
Al participar como perito en la audiencia, José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte, indicó que la prisión preventiva puede ser una medida razonable, pero no si se aplica de forma automática a partir de criterios ambiguos.
“Habrá una reparación si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) determina dejar sin efecto toda esta mentira”, afirmó Daniel García, desde el Estado de México, con un dispositivo electrónico que le impide viajar a Brasil para ser escuchado por los jueces del Tribunal.
“Nadie que se crea de izquierda puede defender la prisión preventiva”: Jorge Volpi
Una pregunta caló hondo en Jorge Volpi durante un encuentro que el autor sostuvo este jueves con sus lectores.
“Sobre la prisión preventiva oficiosa, ¿qué nos espera? ¿Podemos pisar la cárcel?”, le cuestionó un lector, inquieto ante la vulnerabilidad de la ciudadanía en el actual sistema de justicia, que ha mantenido en prisión durante 17 años a Israel Vallarta, detenido en 2005 junto a Florence Cassez, supuestos líderes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, sin que aún se demuestre su culpabilidad.
A este caso dedicó Volpi Una novela criminal, Premio Alfaguara 2018, y a partir de la cual se estrenó el primer capítulo de la docuserie El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, en Netflix.
“Es gravísima la prisión preventiva oficiosa”, señaló el escritor, “un acto de autoritarismo extremo, y es quizás uno de los actos que más distancian (al Presidente Andrés Manuel) López Obrador de cualquier pensamiento de izquierda.
“Nadie que se crea verdaderamente de izquierda puede defender la prisión preventiva oficiosa, que es una violación clara al principio de presunción de inocencia y a los derechos humanos”, añadió en las instalaciones de este diario, donde presentó Partes de guerra, publicada también por Alfaguara.
Reprochan “chantaje” de Segob en advertencia a la Corte
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que la actual estrategia de seguridad ha fracasado independientemente de la existencia o no de la prisión preventiva.
“Ese es el fracaso, no la prisión preventiva en automático. Están buscando a quien culpar por su fracaso, es un chantaje gravísimo”, afirmó.
En tanto, el abogado especialista en derechos humanos, Simón Hernández León, coincidió en que acotar la prisión preventiva no significa la desaparición de la medida, sino que ésta ya no será automática sino justificada.
Texto: Redacción y Agencia Reforma
