Quienes no la presenten se harán acreedores a su destitución, informa el titular de la Secretaría de Contraloría, Eduardo Loría Casanova. El procedimiento incluye a los maestros y los trabajadores de Salud
Acapulco, Guerrero, 7 de mayo de 2022. El titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, informó que más de cien mil burócratas del estado tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial y de no realizarla se iniciará un procedimiento para su destitución.
Preciso que de no hacerlo, los funcionarios de la Contraloría, como responsables, serían sancionados, porque “la ley nos obliga a aplicarla”.
Indicó que durante mayo se realizará el programa de Declaración patrimonial y de intereses para servidores públicos del estado, y después del 31 de mayo el sistema arrojará un corte y sabrán quién ha sido omiso y en ese momento se enviará un exhortó invitándolos a que cumplan con dicha obligación y tiene 30 días para hacerlo.
En caso de reincidir “la ley nos indica claramente que iniciemos un investigación desde que no presentó, pero tendríamos que dejar sin efecto su nombramiento. Esa es la sanción que se hace acreedores”.
Señaló que la declaración se resguarda “es muy confidencial”, y pidió a los servidores públicos, sobre todo los nuevos, declarar “todo lo que tengan, es mejor declarar en un principio todo que a los tres o cuatro años. Es de buena fe y confiamos en lo que dicen, claro que nosotros de manera aleataoria estamos analizando que la información sea correcta”.
En una conferencia de prensa en el salón Magallanes del hotel Elcano, Loría Casanova adelantó que en dos meses estará listo el Sistema Estatal de Fiscalización con el que se podrán atraer algunos casos de los municipios, ya que éstos cuentan con un Órgano de Control Interno, quienes son los garantes y los que tendrán en su archivo las declaraciones de todo el personal del municipio.
Indicó que para ir coordinados las dependencias que fiscalizan se está creando a través del Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Estatal de Fiscalización y “de ahí vamos a poder tener esa interacción. Si el órgano de control interno, en este caso de Acapulco, le faltara algo tenemos toda la facultad de atraerlo y en su caso la sanción”.
Añadió que están obligados a declarar su situación patrimonial y de intereses “todos los que desempeñen un cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos de autonomía técnica”. Precisó que la declaración es vía virtual.
Indicó que el año pasado la declaración patrimonial era de jefes hacia arriba, pero a partir de éste tienen que hacerla todos los trabajadores sindicalizados, supernumerarios, de confianza, desde el más alto mando hasta los responsables de intendencia.
Explicó que el ejercicio de declaración patrimonial “ha sufrido un cambio muy importante desde que se actualizó la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Guerrero que es la ley 465. Anteriormente ahí decía que los sujetos que estaban obligados a presentar la declaración eran a partir de jefaturas a nivel superiores donde el padrón eran de cerca de 7 mil servidores públicos: “desde el año pasado que fue de transición la ley contempla y ordena que absolutamente todos los servidores públicos debemos presentar nuestra declaración patrimonial”.
Espera voluntad de los maestros
Sobre la resistencia de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para entrar en el programa de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, dijo que todos tienen la obligación de declarar los bienes con los que se cuenta y en el país se está viendo la voluntad, “aquí no habría por qué no presentarla”.
Sostuvo en días pasados una reunión con la contralora de la SEG a quién le pidió que viera que tan sensibilizada y tanta voluntad hay para declarar y si era necesario ir a platicar con ellos.
El padrón de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la secretaría de Salud son la mayoría de los trabajadores del estado asciende a casi 110 mil funcionarios públicos.
Al contralor se le preguntó si hay procesos contra ex funcionarios y dijo que sí, que se está en el proceso de sancionar, “sí va haber sanciones, fueron 19 auditorías que se están haciendo, hay cien solicitudes, algunas se aclaran en la primer junta y, otras, inclusive requieren una auditoría”. No quiso dar a conocer las dependencias ni qué funcionarios, pues argumentó que no podía porque se esta en proceso de investigación, luego sustanciar y en su caso sancionar.
En la conferencia también estuvo el subsecretario de Normatividad Jurídica, Saúl Montúfar Mendoza; el encargado de despacho de la dirección Jurídica, Constantino Leyva Romero y la jefa del departamento de Responsabilidad y Situación Patrimonial, Arely Ascencio López.
Texto: Karina Contreras / Foto: Carlos Alberto Carbajal
