Vidulfo Rosales Sierra
La consulta sobre el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas que pretenden realizar las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero para cumplir con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha colocado en la agenda estatal el debate sobre la vigencia y validez de los derechos de los pueblos indígenas.
Actores conservadores y el gobierno pretenden desviar el debate al reconocimiento de las policías comunitarias, aprovechando que en el estado de Guerrero han surgido varios grupos armados ilegales que se camuflan de policías comunitarias. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de sus prerrogativas no tiene que ver con policías comunitarias, sino con un elenco de derechos más amplios.
Los pueblos indígenas son los dueños de estas tierras, herederos de grandes culturas milenarias que poseían una forma de organización política, económica y social. Contaban con sus sistemas jurídicos propios y tenían una forma de ver el mundo y la naturaleza.
Con la llegada de los colonizadores destruyeron esta grandeza cultural, borrando todo vestigio de aquellas civilizaciones, sin embargo, muchos pueblos indígenas resistieron a este embate violento y sobrevivieron al exterminio. Su cultura, sus formas de organización política, económica y social, sistemas normativos y gobierno persistieron.
En el año de 1990 inició un movimiento en el mundo y en nuestro país por la afirmación de estos derechos y la exigencia de un reconocimiento de jure y de facto. En 2001 el gobierno de México reconocería constitucionalmente algunos de estos derechos.
Contrario a lo que sucedía en nuestro país, en el plano internacional los pueblos indígenas obtuvieron varias cartas de triunfo como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y más recientemente la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas que reconocen ampliamente estos derechos.
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sendos fallos a favor de pueblos indígenas y afrodescendientes reconociendo sus derechos a la propiedad ancestral de sus tierras, a la consulta, a su autonomía y libre determinación.
El debate que hoy se abre en Guerrero ya se dio en el plano internacional y han quedado establecidos los derechos de los pueblos indígenas en varios tratados internacionales que constituyen verdaderas cartas de triunfo.
En varios fallos, la Corte Interamericana ha establecido que la consulta para tener validez debe ser previa, informada, libre, de buena fe y culturalmente adecuada.
En la entidad, los gobiernos de todos los partidos contrariando los estándares y el marco normativo anteriormente descrito se han negado a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, a menudo ha salido a relucir su vocación racista y discriminadora.
De manera prepotente se atreven a regatear derechos ya ganados por los pueblos indígenas con argumentos legaloides para desconocerlos y para criminalizarlos cuando deciden ejercerlos en la vía de los hechos.
El gobierno anterior de filiación priísta dio un manotazo legislativo y de un plumazo abrogó la ley 701, una legislación secundaria que recogía gran parte de los derechos aquí mencionados. Esto habría provocado el enojo de varios pueblos indígenas que se movilizaron para impugnar esta reforma racista y regresiva, por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2019 emitió sendos fallos declarando inconstitucional este atraco legislativo por no haber consultado a los pueblos indígenas, dando un plazo de un año al Congreso del Estado para realizar este ejercicio. El fallo no fue acatado, por esta razón el máximo tribunal dio un plazo perentorio que vence el 14 de abril de este año.
Es evidente el racismo y la prepotencia de las autoridades de la entidad pues tuvieron más de un año para propiciar un diálogo con los pueblos indígenas, pero omitieron hacerlo soslayando e invisibilizando el tema. Priorizaron otras agendas como el presupuesto de egresos y la repartición de cargos en el Ejecutivo estatal.
Sólo cuando sintieron la guillotina en el cuello iniciaron unilateralmente una consulta apresurada sin tomar en cuenta a las instituciones representativas de los pueblos indígenas y afromexicano. Existe una total opacidad del documento que será sometido a consulta. Recientemente se supo de una iniciativa de la gobernadora. El periódico el Sur publicó algunos extractos y sólo de esta manera pudimos conocer su contenido. La mayoría de los pueblos indígenas desconoce el documento y lo más grave, el día de ayer se habría conocido que la iniciativa de la gobernadora ha sido retirada y en su lugar los diputados locales presentaron una diversa que cercena derechos fundamentales que en la iniciativa de la gobernadora ya estaban incorporados.
Lejos de establecer un diálogo de buena fe con los pueblos indígenas, las autoridades estatales recurren a los presidentes municipales, líderes políticos y a la cooptación de autoridades comunitarias para simular una consulta. Los diputados no han dudado en descalificar a las organizaciones indígenas y de derechos humanos generando un ambiente tenso y polarizado con el fin avieso de dividir a los pueblos indígenas y afromexicano, prácticas que ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que evidencia que ésta no es una consulta libre y de buena fe.
Se esperaba que este gobierno fuera más empático con la lucha y las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicano, sin embargo, les ha dado la espalda y los ha traicionado.
El sello de un gobierno de izquierda debería ser visible desde su arribo al poder público. Tendría que mandar un mensaje político con dos o tres temas emblemáticos que viene impulsando el movimiento social de izquierda. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas podría ser ese mensaje. Es la oportunidad de dar respuesta a una demanda histórica de los pueblos indígenas y afromexicano. Sin embargo, las señales de esta administración son contrarias.
¿Qué distingue a esta administración de los gobiernos autoritarios del PRI? ¿Cuál es el golpe de timón que al ciudadano común le haga decir que hay cambios a favor de los de abajo?
Las represiones a las madres y padres de los 43 y los estudiantes de Ayotzinapa, la indolencia para resolver las demandas del magisterio guerrerense, la consulta falsa y una iniciativa que discrimina y desconoce los derechos de los pueblos indígenas son señales funestas de un gobierno que sucumbe ante el poder caciquil y a las posiciones políticas racistas y neocoloniales que pretende mantener en la opresión e invisibilizados a los pueblos indígenas y afromexicano.
Sin embargo, la última palabra la tienen los pueblos que con su espíritu indomable resistirán y sabrán vencer al poder neocolonial que pretende silenciarlos. Próximamente las calles serán escenarios de batallas que habrán de dar para defender sus derechos negados históricamente.
