Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
El día en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iniciaba por enésima ocasión su visita a Guerrero, Tita Radilla y su familia conmemoraban el 49 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, a manos del Ejército. En la Ciudad de México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), presentó el libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, entre lo paradigmático y el incumplimiento. En su intervención Tita comentó “Para nosotros es importante que se conozca aquel momento de la detención y desaparición de nuestro padre Rosendo Radilla. Hoy se cumplen 49 años. 49 años de dolor y sufrimiento, pero no sólo la familia Radilla, sino que cientos de personas fueron detenidas, desaparecidas, en aquel momento de la década de los 70”. Tita fue muy enfática “No hay voluntad política del Estado Mexicano, porque se tendría que ver reflejada en hechos. En este caso y muchos más, no hay la menor intención de esclarecimiento”. Por su parte el compilador del libro Luis Amaya comentó: “No nos vamos a cansar de seguir exigiendo dónde están los desaparecidos. Queremos saber qué fue de Rosendo y los luchadores desaparecidos en los años 70, en el marco de la guerra sucia”.
En ese mismo día más de 350 manifestantes de varios municipios de la región Norte del estado, como Cocula, Eduardo Neri, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco y Apaxtla, se organizaron para bloquear totalmente la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Mezcala. Desde hace 3 meses, 14 personas se encuentran desaparecidas. El primer caso que obligó a las comunidades a protestar fue la desaparición de cuatro pescadores. Dos de ellos aparecieron golpeados y los otros dos siguen desaparecidos. Se han sumado los casos de siete caporales de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula que fueron desaparecidos el 18 de agosto. Recientemente se reportaron cuatro campesinos de la comunidad de Tomixtlahuacán, municipio de Apaxtla. Denunciaron que las autoridades estatales abandonaron la búsqueda de los dos pescadores. El enojo de las familias quedó de manifiesto al ignorar al delegado de gobierno de la zona Norte, que les prometía conseguir reuniones con las autoridades del estado para atender sus demandas. Los manifestantes se mantuvieron firmes en su postura de no desbloquear la vía, exigiendo la presencia del secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública para que cumplan con el compromiso de brindarles seguridad.
Exigieron el esclarecimiento de estas desapariciones y la presencia de elementos de seguridad pública en localidades donde hay desplazamientos forzados por parte de grupos de la delincuencia. Pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no los abandonen: “Las familias están desesperadas, todos tenemos temor de ser afectados. Somos gente de trabajo, no pertenecemos a grupos del orden que sea, somos pueblo, queremos paz y tranquilidad en nuestras comunidades”.
Mientras tanto, desde la base militar de la Décima Segunda Región Naval de Acapulco, el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informaba que Guerrero ocupa el noveno lugar a nivel nacional por el delito de homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes, de diciembre de 2018 a julio de 2023. Expuso que en este periodo el total de los delitos de alto impacto ponen a la entidad en el vigésimo octavo lugar a nivel nacional. El mismo almirante detalló que el estado de la fuerza real en Guerrero es de 7 mil 681 integrantes, entre policía estatal, municipal y la policía naval. Con relación a las fuerzas federales, la Sedena cuenta con 2 mil 382 elementos; el Ejército 7 mil 244 y la guardia nacional con 4 mil 556 elementos. En total, de las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad pública del estado hay 19 mil 987 efectivos.
En su turno el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Guerrero hay un repunte de la violencia, pero que no hay focos rojos por la inseguridad. Considera que va disminuyendo poco a poco y que “vamos avanzando muy bien”. Al salir en defensa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, sin tapujos dijo “ahora ya no se permite que la delincuencia se alimente del gobierno, pues quedó nula la relación entre ambos. Ya está pintada la raya”. Justificó el repunte de la violencia “porque todavía existen grupos delictivos que vienen de tiempo atrás. La diferencia es que ahora los gobernantes no están amafiados con la delincuencia”.
La gobernadora Evelyn Salgado resaltó su estrategia de combatir las causas de la violencia. Habló de los 36 programas federales que se aplican en el estado y los 55 subprogramas con una inversión de 26 mil millones de pesos anuales y un millón 412 mil 157 beneficiarios. Dijo que de acuerdo con las cifras del Coneval en 2022 se registró la disminución de casi 190 mil guerrerenses que han salido de la condición de pobreza. Agradeció el apoyo del gabinete de seguridad federal “con quienes hemos mantenido una coordinación eficaz que ha sido de enorme beneficio para Guerrero”. Dijo que hay avances importantes en el estado, gracias al apoyo del gobierno de México, a la política de diálogo permanente. Siempre decimos diálogo, diálogo y más diálogo”. Cerró diciendo “conciliación y unidad es lo que requiere nuestro estado”.
Fueron tres días intensos de trabajo del presidente de la República, sin embargo, el creciente problema de las personas desaparecidas en el estado estuvo ausente en sus múltiples intervenciones. Su llegada en helicóptero a la Décima Segunda Región Naval de Acapulco lo mantuvo alejado de la población que esperaba con mucho interés saludarlo y aprovechar para plantearle sus múltiples demandas. Fue imposible. El control que ejercen el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en los eventos presidenciales es absoluto. Las autoridades civiles quedan al margen, más bien quedan supeditadas a sus órdenes. La población de a pie ya no tiene oportunidad de abordar al presidente, a no ser que rompa el cerco para acercarse a la gente.
Los datos presentados por el secretario de Marina muestran con optimismo que va disminuyendo la violencia y que nuestro estado ya no está en los últimos lugares, sin embargo, la población tiene otra percepción. La violencia se ha expandido a lo largo y ancho del estado y ha escalado de manera alarmante. Los asesinatos que diariamente se registran en las principales ciudades están generado una percepción de que la violencia es una realidad inminente que nos inmoviliza y asfixia.
Las disputas que son cada vez más recurrentes entre las organizaciones criminales antagónicas, ponen en todo momento en jaque a las autoridades.
Los encuentros que han entablado autoridades municipales, como la presidenta de Chilpancingo con un líder del grupo de Los Ardillos, muestran la colusión que persiste entre las autoridades y los grupos del crimen organizado. La raya no está pintada como dice el presidente, sino que sigue borrada.
Se dio la reciente desaparición transitoria de la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado, que fue localizada con vida después de una intensa búsqueda por parte de todas las fuerzas federales y estatales. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los hombres armados irrumpieron en las instalaciones y desarmaron a los elementos de la Policía Ministerial para llevarse a la funcionaria. Demostraron el poder que ejercen para desaparecer a personal de la misma Fiscalía.
Los dos asesinatos (padre e hijo) que recientemente se consumaron en una gasolinera de Chilapa y la posterior desaparición de tres jornaleros agrícolas de Zacapexco del mismo municipio, muestran el patrón de criminalidad que ejerce el grupo de Los Ardillos que tienen el control del municipio y que ha relegado a la autoridad municipal que está ausente.
Es preocupante que no se atienda el reclamo de la gente que se siente inerme y que teme que en cualquier momento enfrente un evento de violencia. No encuentra una forma segura para ponerse a salvo. Prevalece el pesimismo, la resignación y una visión catastrófica de lo que pasa en el estado.
Por otra parte, las familias que buscan a sus seres queridos se encuentran en total abandono, no son atendidas para satisfacer sus necesidades básicas. Tienen que luchar en medio de la violencia y ponen en riesgo su vida al salir en busca de sus desparecidos. No hay una interlocución que rinda frutos, para ellas el diálogo no se ha podido dar con la gobernadora. Más bien se sienten relegadas, vilipendiadas por alzar la voz y por reclamar sus derechos. Son catalogadas por los funcionarios como actores incómodos porque no cejan en sus demandas de que busquen a sus seres queridos y que les proporcionen seguridad.
Los desaparecidos de la guerra sucia siguen sin encontrar verdad ni justicia y los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico se han multiplicado en los últimos 17 años, al grado que en nuestro país hay 111 mil personas desaparecidas. Es una cifra incómoda para el gobierno federal que busca la manera de reducir el número de reportes por desaparición.
Para el presidente de la República los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, “están inflados”. Por esa razón se realizó un censo en 22 estados donde gobierna Morena, contando con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, que envió a los servidores de la nación para que visitaran los domicilios de las personas desaparecidas. Lo desconcertante es que esta Secretaría no está dentro del catálogo de autoridades buscadoras, conforme lo establece la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. Esto ocasionó la renuncia de Karla Quintana titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La mayor preocupación de los familiares de personas desaparecidas es que se les relegue en la toma de decisiones que atentan contra sus grandes esfuerzos para dar con el paradero de sus seres queridos. Es muy lamentable que en Guerrero los desaparecidos no sean un tema prioritario para las autoridades del estado.
