De acuerdo con investigaciones periodísticas, se autorizaron contratos con la firma falsificada de cinco ex funcionarios para triangular recursos con universidades por 600 mdp.
Ciudad de México, 27 de febrero de 2019. Durante la administración de Rosario Robles Berlanga, las firmas de varios funcionarios fueron falsificadas para desviar recursos millonarios. Aquí un recuento.
En 2016, como parte de la estafa en la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se autorizaron contratos con la firma falsificada de cinco ex funcionarios para triangular recursos con universidades por 600 millones de pesos:
Armando Saldaña Flores
Director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo
Presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo “Francisco I Madero” por 187 millones de pesos.
Saldaña Flores se encontraba en Washington y Barcelona en comisiones judiciales cuando se realizó una transferencia por 6 millones 295 mil 146 pesos en 2016.
Fue hasta al año siguiente, cuando le llegó un requerimiento de pago para dicha universidad, que el funcionario se dio cuenta de que su firma había sido falsificada en varios documentos, por lo que presentó una denuncia penal ante la extinta PGR, y luego ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu.
En un inicio, Saldaña Flores pensó que se trataba de un hecho aislado; sin embargo formaba parte de una maquinación para desviar cientos de millones de pesos a partir de presuntas firmas apócrifas.
Enrique González Tiburcio
Subsecretario de Ordenamiento Territorial
Presuntamente firmó un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo “Francisco I Madero” por 185.8 millones de pesos.
Los casos de González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la PGR (hoy Fiscalía) achacándoles responsabilidad en desvíos.
Ambos funcionarios denunciaron la falsificación de sus rúbricas; sin embargo para poder comprobar la veracidad de su acusación y deslindar sus responsabilidades de la estafa se requerían los convenios oficiales de la triangulación de los recursos, mismos que desaparecieron de los archivos oficiales.
Se trata del convenio general y del específico que suscribieron la dependencia y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, los cuales, según las investigaciones, fueron utilizados para transferir dinero a través de subcontrataciones a empresas “fantasmas”.
El 31 de diciembre pasado, fiscales, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial realizaron un acto de investigación en los archivos de la Sedatu para tratar de localizar los nueve oficios correspondientes con los que se justificaron los pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos por servicios que nunca se entregaron.
No obstante, siete de los nueve oficios no fueron encontrados, y los dos que hallaron eran ajenos a los pagos investigados. Es decir, usaron sus números de registro.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los únicos originales que pudieron recuperarse son los que tenía la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, cuyo ex rector Juan de Dios Nochebuena ya fue procesado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a raíz de ese caso.
Gracias a estos documentos, la Fiscalía General de la República pudo realizar los dictámenes forenses de grafoscopía, solicitados por los ex servidores públicos que denunciaron la falsificación de su rúbrica.
En el caso de Saldaña Flores, este ya libró la vinculación a proceso pues comprobó con su pasaporte que uno de los oficios fue suscrito cuando él estaba fuera del país.
Recibió ex Rector convenios ya firmados
El ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero Juan de Dios Nochebuena sostiene que nunca conoció ni se reunió con funcionarios de la Sedatu.
En una sala de audiencias del Reclusorio Norte, el ex rector dijo que los convenios no fueron suscritos en la Ciudad de México, sino que la Sedatu se los mandó firmados a su oficina en Hidalgo.
Nochebuena afirma que fue rector de la universidad del 28 de marzo de 2012 y el 22 de febrero de 2018, y que participó como contratista de la dependencia federal porque le hicieron una invitación por teléfono.
En el testimonio que rindió el 28 de diciembre ante un juez de control -y a cuyo audio tuvo acceso el periódico Reforma- no precisa quién realizó dicha invitación.
La Fiscalía General de la República le reprocha haber subcontratado empresas fantasma y justificar los entregables con servicios que en realidad otras universidades del país prestaron a la dependencia.
Al respecto, Nochebuena justifica que delegó la ejecución de la contratación de servicios al abogado general de la universidad, Iván Loyola Hernández, para que se encargara de operar el proyecto.
El responsable
Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, fue consignado por la Fiscalía por la desaparición de documentos.
Además, conforme datos en poder del periódico Reforma, Báez Álvarez operó desde el domicilio de Tennyson 125, en Polanco, la falsificación de las firmas.
Sin embargo, el ex funcionario obtuvo una suspensión contra intentos de la FGR de llevarlo a tribunales.
El juez Augusto Octavio Mejía prohibió imputarle cualquier delito por lo que, al menos por este expediente, no tendrá que comparecer ante un juez de control hasta que su amparo sea resuelto en última instancia.
¿A quién más se le falseó la firma?
Juan Manuel López Arroyo
Coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
Presuntamente firmó ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco por monto no especificado.
José Antolino Orozco
Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu
Presuntamente firmó dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos.
Javier Arrambide
Director de Operación de Programas de Delegaciones
Presuntamente firmó
Texto: Agencia Reforma (con información de Abel Barajas, Roberto Zamarripa y Zedryk Raziel)
Foto portada: Especial / Agencia Reforma
