Abelardo Martín M.
Gracias al compadrazgo, el parentesco, la complicidad o la corrupción abierta y cruda, los espacios públicos o la propiedad común han sido crecientemente utilizados para concesiones de servicios colectivos como vialidades, drenajes, alcantarillado, distribución de agua y en las ciudades las calles, destinadas a la circulación, se privatizan y se convierten en absurdos estacionamientos con el pretexto de un pago que no beneficia a la ciudad sino al concesionario.
También en este mismo rubro, todos los espacios públicos destinados a lo que se denomina “mobiliario urbano” y que se otorga a corruptoras empresas de mercadotecnia y publicidad que instalan autentica basura urbana disfrazada de artefactos para paradas de transporte público, anuncios espectaculares o depósitos de basura, etcétera, etcétera. Los ejemplos sobran, pero llegaron al extremo de que en muchas ciudades los restauranteros, con el pretexto y la crisis de la pandemia de hace ya cuatro años, están apoderados de banquetas y arroyo vehicular, en especial en la Cdmx, con mucho la ciudad más caótica del país.
En una línea imperceptible de (ir)responsabilidad las autoridades estatales o municipales, en el caso de la Cdmx alcaldías y gobierno capitalino, se echan culpas mutuas en un añejo clima de corrupción cada vez más fuera de control.
Sin duda la concesión de espacios públicos obedece, más que a la solución de problemas, a posibles actos de corrupción en los que se pretende atender la demanda rezagada o no atendida de quien tiene la responsabilidad de lograr una convivencia armónica, eficiente, civilizada y productiva entre los habitantes de una villa, alcaldía, municipio, ciudad o país.
Resulta aberrante que las ciudades mexicanas, prácticamente todas, favorezcan el uso del vehículo particular en vez del uso y por ello mayor atención al transporte público.
Concesionar las calles para convertirlas en estacionamiento es un despropósito que agrava los problemas de movilidad en cualquier ciudad.
A cambio podría impulsarse la construcción de edificios destinados al estacionamiento mediante concesiones similares a las que se hacen con las calles.
Estas concesiones son más sofisticadas en el caso de distribución de agua, recolección de basura, drenajes, etcétera etcétera.
El gobierno de la llamada 4ta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha criticado frecuente y con certeza y dureza la privatización de los espacios públicos, en especial de los servicios de salud y educación que provocaron el deterioro de la calidad y la afectación de la mayoría del pueblo mexicano a quien se engañaba con instrumentos financieros con los que se eludía y provocaba la cada vez más mala calidad de servicios de salud y de educación.
El colmo del uso particular de espacios públicos ocurre ahora cuando el emblemático Campo Militar Marte, espacio de culto a la patria, al honor, a la lealtad y a la disciplina militar sea prestado, rentado o convertido en escenario de espectáculos masivos y más aún sede de una presentación del espectáculo “Prófugos del Anexo. En las pedas y en los pedos” por parte del grupo encabezado por Alfredo Olivas y Julión Alvarez, quienes en sus composiciones exaltan actividades ilícitas como el narcotráfico, el uso de armas exclusivas del uso del Ejército y la Marina, y otros delitos punibles.
Miles y miles de miembros del Ejército y de la Marina han perdido la vida y han sido responsabilizados del combate al crimen organizado que incluye al narcotráfico, por lo que el hecho de aceptar el uso de sus instalaciones para estos espectáculos no solamente distorsiona y desvía el uso, la vocación de dichos espacios públicos, sino que alienta y promueve actividades contra las que con la vida luchan miles de soldados y marinos.
Aparte, por supuesto, el hecho de alimentar la tan trillada y utilizada políticamente versión de que el gobierno actual apoya y promueve actividades del narcotráfico y el crimen organizado, los que han sido desmentidos permanentemente por el presidente López Obrador.
No se explica, por tanto, ni hay justificación alguna para este tipo de contradicciones de las que, con toda seguridad, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, no tiene conocimiento o “se lo brincaron” y lo engañaron o lo distrajeron.
En otro orden de ideas, la onda cálida que azotó el país la pasada semana agudizó la sequía que estamos padeciendo y puso a prueba incluso al sistema eléctrico nacional, que hubo de ser declarado en emergencia ante la excesiva demanda de luz, lo que dio lugar a apagones sucesivos, programados y no, en muchas ciudades del país.
Este grave problema del servicio eléctrico tiene como origen también la privatización del servicio y que se convirtió en “tierra de nadie”.
Hoy por fortuna es el gobierno el que, junto con la conservación del patrimonio energético nacional, se responsabiliza del servicio con la participación, no la dirección, del sector privado y social.
En lo que va del siglo, las señales de alarma climática se han multiplicado en el mundo, aunque ni la cultura de la población ni la acción de los gobiernos se han transformado con la velocidad requerida para afrontar el reto.
El incesante crecimiento poblacional, la destrucción sistemática de bosques y selvas, de lo poco que queda en el planeta, y el uso sostenido de combustibles fósiles, son algunos de los factores que han producido el cambio climático que hoy nos agobia.
El futuro nos ha alcanzado y nos ha rebasado. La disminución de los cuerpos de agua dulce, el deshielo de los glaciares y el aumento notable de la temperatura ambiente, amenazan el equilibrio del planeta e incluso la vida como la conocemos hasta el día de hoy.
La paradoja es que se trata de un asunto de la mayor relevancia, evidente y urgente. Pero la clase política no lo ve como un tema redituable en términos electorales, y la gente misma no detecta la necesidad inaplazable de que los esfuerzos colectivos apunten en esa dirección. Así ha ocurrido por décadas y no se advierte que eso vaya a cambiar.
Entonces, como vemos en las campañas políticas actuales, el centro del debate y las escaramuzas de partidos, alianzas y candidatos, se ubican en las demandas más sentidas y detectadas a partir de la opinión de los electores, pero se deja de lado o sólo se menciona marginalmente la catástrofe ambiental que ya vivimos.
Desde luego hay razón en que el clima de violencia y la inseguridad en vastas regiones del país sea lo que más preocupe, y junto a ello otras urgencias muy sentidas por la gente, como la pobreza y la desigualdad, la inflación y el poder adquisitivo, o la educación y la salud.
Si la doctora Claudia Sheinbaum se convierte en la próxima presidenta de México, ha prometido que el medio ambiente será una de sus prioridades, aunque no sea un tema que aborde mucho en su campaña, por las razones que hemos expuesto.
Por su lado, si el triunfo lo obtiene la ingeniera Xóchitl Gálvez podrá atender ese flanco, pues ha presumido que su formación técnica le permite afrontar los problemas y encontrar soluciones prácticas para aplicar.
Lo cierto es que, quien encabece el nuevo gobierno, tiene enfrente una tarea inaplazable que, por su dimensión, tiene que acompañar un esfuerzo internacional para revertir una crisis que involucra al planeta entero.
En Guerrero también se sufre esta emergencia de manera dramática. Las cifras oficiales registran cerca de 40 incendios forestales en el estado durante las últimas semanas, la mayor parte de los cuales continúan activos por la tardía e ineficaz acción gubernamental; se han dañado 14 mil hectáreas de bosque, flora y fauna, así como la salud de la población en 22 municipios.
Estos fenómenos han obligado incluso a la suspensión de clases en escuelas de todo el sistema educativo en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y Coyuca de Benítez, y se han afectado dos reservas naturales de la entidad, el Parque Nacional El Veladero de Acapulco y la biósfera de la sierra Tecuani, en Coyuca de Catalán. La devastación ambiental es una realidad que necesitamos detener, pues ahí radica la viabilidad de la vida a futuro.
Volviendo al inicio de estas líneas, la privatización, está a todas luces comprobado, es una panacea, un apoyo, pero no es la solución. Ni el patrimonio común, ni las obligaciones ineludibles del gobierno para su pueblo son privatizables, los espacios públicos deben estar estrictamente controlados y de una vez por todas seguir luchando y acabar con la corrupción que este modelo provocó.
Ni las calles, ni los espacios públicos como jardines, instalaciones militares o de uso colectivo y cívico pueden ser usadas para fines comerciales y privados y mucho menos para la exaltación o apología del delito, por más fama y dinero que se involucre en esto.
