No espía el gobierno a periodistas ni defensores
de derechos humanos, afirma Florencio Salazar
Presentan un informe al Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye. La Unidad Estatal para su protección sólo tiene registrados como homicidios los de Francisco Pacheco y de Cecilio Pineda Birto. En la presentación, no se mencionaron los ataques a reporteros de El Sur
Texto: Anarsis Pacheco Pólito
Foto: Luis Daniel Nava
Chilpancingo, Guerrero.- El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye se reunió este sábado con el secretario general de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, que le presentó un informe del Mecanismo Estatal para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“El gobierno del estado no tiene ningún equipo para rastrear celulares, interferir ningún medio de comunicación de los ciudadanos, de comunicadores, de políticos o dirigentes religiosos, el gobierno del estado carece de este equipo, no se adquirió ni se adquirirá”, dijo el funcionario estatal.
Salazar Adame dijo que la actual administración ofrece a los comunicadores y defensores de derechos humanos todas las facilidades para su protección y solicitarles que informen sobre a dónde saldrán a trabajar no es para vigilar su trabajo, sino su integridad.
Frente a la comisión de la ONU, Salazar Adame sostuvo que de ninguna manera se busca limitar el trabajo periodístico, e insistió que, inclusive tienen un mapa de las regiones de riesgo para su labor, pero hasta el momento ningún comunicador ha solicitado la información.
A las 2:35 de la tarde, la comisión de la ONU encabezada por David Kaye ingresó al salón de juntas Emperador Cuauhtémoc, en Palacio de Gobierno, para recibir el informe presentado por la titular del Mecanismo, María Elena Jaimes Martínez.
Durante la presentación de las acciones del gobierno del estado para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la funcionaria enumeró las reformas que se han aplicado, y afirmó que la actual administración diseñó políticas públicas para atender el sector; insistió en que en este año fueron creados cuatro instrumentos para la protección periodística.
En el informe se detalla que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, ha brindado desde el 12 de mayo de 2017, 6 mil 72 asesorías en carpetas de investigación, mil 126 asesorías sin denuncia, 378 atenciones en trabajo social y 294 atenciones psicológicas, sin detallar cuantos casos se han llegado a resolver.
En la reunión que duró más de una hora y media se describió el trabajo de la unidad, que consiste en detectar una posible agresión contra un periodista y defensor, entrar en contacto con éste; también aseguró que la unidad coordina la cooperación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de implementar y operar medidas de prevención y protección del defensor, y de ahí incorporarlo al mecanismo nacional que determina las medidas de salvaguarda, la vida y el desempeño periodístico.
También se dijo que del Mecanismo Nacional esta administración recibió 30 casos, de los cuales 19 fueron agresiones a periodistas, y 11 a defensores de derechos humanos, que fueron cometidos de octubre de 2012 a septiembre de 2015; también, de octubre a noviembre de 2015 se registraron 23, 12 contra periodistas y 11 contra defensores de derechos humanos.
De junio a noviembre de este año, el gobierno ofreció atenciones diversas, entre ellas seguridad pública, medidas cautelares, asesorías jurídicas, vinculación con autoridades y monitoreo de agresiones, a 22 reporteros y a cuatro defensores de derechos humanos.
Este Mecanismo encargado de dar seguimiento a los casos de atentados, únicamente tiene registrados como homicidios el de dos periodistas Francisco Pacheco, el 25 de abril de 2016, y el de Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de este año en Ciudad Altamirano.
En cuanto a atentados a comunicadoras, sólo ha registrado uno, el de Marcela de Jesús Natalia, de Ometepec, agredida del 3 julio del 2017; en su presentación, no se mencionaron los ataques a reporteros de El Sur.
En privación de la libertad y robo se registra el ataque contra los periodistas Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Jair Cabrera, Pablo Pérez García, Ángel Galeana y Hans Máximo Musielik.
Se informan de agresiones mediante alertas en Google y una cuenta de WhatsApp
El Relator Especial cuestión a los funcionarios sobre la brecha que debe haber entre la definición de “periodista” y “defensores de derechos humanos”, y aseguró que dentro de los mecanismos se debe de dividir, además de reconocer que el problema de agresiones contra reporteros no es exclusivo de México, sino del mundo.
Aprovechó para pedirles que detallaran si existe una estrecha comunicación con el mecanismo nacional para atender las emergencias que van surgiendo cada día, además de cómo es el trabajo de la unidad especializada para detectar el ataque contra los periodistas.
A la última pregunta, la encargada de la unidad, María Elena Jaimes Martínez respondió que ellos se informan de estas agresiones a través de la aplicación de Google Alerts, es decir que utilizan las alertas de Google para saber cuándo se publica algo en internet sobre una agresión, sean notificados.
También dijo que otro mecanismo es un grupo de WhatsApp, en el que se notifican a través de los mismos medios de comunicación.
Asistieron a la reunión la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el vice fiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe; el comisionado estatal de Atención a Víctimas, Luis Camacho Mancilla; y la fiscal especial para Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Rigoberta Román Orea.
Exponen periodistas de Guerrero al Relator
de la ONU los graves riesgos en que trabajan
Los gobiernos están obligados a garantizar el derecho de los periodistas a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados, dice David Kaye. Escucha en privado los testimonios de agresiones. Entregan un documento sobre 32 agresiones a 40 reporteros en lo que va de este año, y de dos asesinados en los dos años de la actual administración
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero . – El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye se reunió este sábado con periodistas e integrantes de radios comunitarias del estado, quienes le expusieron la grave situación de riesgo en que desempeñan su trabajo.
Ante ellos, Kaye dijo en una reunión previa abierta que los gobiernos federal y estatal están obligados a garantizar el derecho de los periodistas a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados, y en seguida escuchó en privado los testimonios de agresiones.
En la tarde, David Kaye se reunió también con funcionarios del gobierno estatal encabezados por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y según un boletín, el funcionario le aseguró al enviado de la ONU que en el estado “hay políticas públicas consistentes para la seguridad de los periodistas”.
En la reunión con los reporteros, representantes de distintas agrupaciones de periodistas en la entidad y víctimas de agresiones entregaron al relator un documento sobre 32 agresiones a 40 reporteros en lo que va de este año, así como dos asesinados en los dos años de la actual administración estatal.
El relator de la ONU se reunió de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde con los periodistas y miembros de radios comunitarias en la Casa Diocesana ubicada al poniente de la ciudad. El encuentro se dividió en dos etapas, primero encabezó una reunión abierta y después se fue reuniendo en privado con grupos de periodistas que han sufrido agresiones o amenazas, para escuchar sus testimonios.
Fungieron como enlaces el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Kaye dijo que los gobiernos federal y estatal están obligados a que los ciudadanos puedan tener un “disfrute de buscar, recibir, y compartir información e ideas de todo tipo”, y que tienen mayor responsabilidad en una situación en donde abunda la violencia, “como ustedes han visto de manera repetida en Guerrero o en Veracruz”.
Agregó que las autoridades tienen que hacer que las personas se hagan responsables por los crímenes contra la libertad de expresión, “y eso incluyo los delitos en contra de periodistas, delitos contra los defensores de los derechos humanos y en contra de cualquier persona que pudiera expresar una opinión que sea diferente a aquella de la que el gobierno o los agentes criminales quieren que ustedes tengan”.
Adelantó que este lunes entregará un reporte al gobierno federal y a los medios de comunicación sobre las conclusiones de su visita en esta última semana, y que también elaborará recomendaciones acerca de lo que piensa que se debería mejorar para la protección de periodistas y defensores, “pero también para México y en su conjunto, puesto que México debería de estar promoviendo la libertad de expresión”.
Aclaró que no solamente se trata de proteger a los periodistas, que sería el primer paso, sino también crear un ambiente en el que compartir información sea parte de la vida pública, porque eso es de suma importancia para obtener una democracia, tanto nacional como local.
Antes de escuchar en privado los testimonios de agresiones, amenazas y hostigamientos de los periodistas, David Kaye explicó que no solamente vino a escuchar y reportar al gobierno las quejas, “sino que también estoy aquí para amplificar y dar más valor a sus voces y a sus ideas, que podrían no siempre escucharse en el gobierno”.
“Trabajamos literalmente bajo fuego”
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el documento que se llevó el enviado de la ONU.
Destacan que sólo en este año en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones a 40 periodistas, “la mayoría por parte de servidores públicos”, y agrega que el común denominador en todos los casos, “es la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”.
Consignan en su escrito que, ante este ambiente de violencia y de riesgo, “los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan”, y exigen que las autoridades cumplan su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia, “en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.
Denuncian que en esta administración han sido asesinados los reporteros Francisco Pacheco Beltrán, en Taxco, y Cecilio Pineda Birto de Ciudad Altamirano, que los casos no se han investigado y los responsables siguen gozando de impunidad. Junto al escrito entregaron un anexo con todos los casos de agresiones y la situación en que se encuentran.
Después de reunirse con los comunicadores, el relator se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “con el propósito de dialogar sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el estado”, se informó en un boletín de prensa.
Según este boletín, Salazar Adame señaló el compromiso del gobierno del estado en la protección de los derechos humanos y de los periodistas, y reconoce que éstos “cumplen una función indispensable en toda democracia”.
Agrega el comunicado que el funcionario reiteró que en esta administración “no se cuenta, ni se contará con ningún tipo de equipo tecnológico de escucha o infiltración porque vulnera los derechos a los comunicadores” y subrayó que en el Estado “hay políticas públicas consistentes para la seguridad de los periodistas”.
Según el boletín el funcionario refirió que el Mecanismo Estatal mantiene una relación de cooperación estrecha con las instancias federales, “a fin de detectar amenazas para los comunicadores, monitorear los casos y de operar de manera inmediata los mecanismos para su protección”.
El comunicado informa que la titular del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, María Elena Jaimes Martínez, presentó un informe de la creación y funcionamiento del Mecanismo, de los casos que se han atendido y las políticas de atención implementadas en esta administración.
“El comisionado de la ONU, David Kaye, felicitó al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, por la creación del Mecanismo y las políticas implementadas a favor de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Argumentó que está consciente como Institución de que existe una amenaza global hacia los periodistas, que no sólo es en México y que no es privativa de Guerrero”, se informa en el boletín del gobierno.
También refiere que el gobierno del estado y la ONU coincidieron en la necesidad de apoyar a mujeres periodistas y comunicadoras de comunidades indígenas, y que al respecto, Salazar Adame propuso diseñar un programa de atención mediante las instancias estatales.
Según el comunicado, asistieron a la reunión la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el vice fiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe; el comisionado estatal de Atención a Víctimas, Luis Camacho Mancilla; y la fiscal especial para Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Rigoberta Román Orea.
Por su parte, firmaron el documento entregado al Relator, el dirigente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Eric Chavelas Hernández; el coordinador de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), Sergio Ocampo Arista; el presidente de la Asociación de Reporteros de Nota Roja del Estado de Guerrero, Israel Díaz Acosta; la representante de la Red de Periodistas Guerrerenses con Visón de Género, Guadalupe Francisco Cabañas; la representante de corresponsales regionales, Antonia Ramírez; el representante de foto reporteros, Lenin Ocampo Torres; y reporteros independientes que no pertenecen a ninguna agrupación.
Lea toda la información en su edición impresa de este domingo 3 de diciembre:
Páginas 4, 5 y 6
