Vidulfo Rosales Sierra
El 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Algunas autoridades hicieron festejos y actos de corte folclórico. La gobernadora fue a uno de ellos dando un discurso insípido, superficial y vacuo ante una pasarela de arte textil indígena que organizaron.
Al Congreso del Estado por su parte no le mereció ninguna mención el día. En la sesión de la Comisión Permanente nada se dijo a pesar de que indígenas y afromexicanos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y de los cinco municipios indígenas y afromexicano hicieron un mitin a la entrada del recinto minutos antes exigiendo el reconocimiento de sus derechos a la justicia y libre determinación.
El gobierno federal por su parte refiere que hay una atención directa a los pueblos indígenas y afromexicano a través de los programas sociales, vaticinan que eso coadyuvará a revertir los niveles de pobreza en que se encuentran. Pero los programas sociales per se no sustituyen su reconocimiento constitucional, es necesario garantizar su derecho a la libre determinación y carácter de sujeto de derecho público como condición para lograr su igualdad y una vida digna.
Dentro del elenco de sus prerrogativas son tres los que resultan relevantes para superar las asimetrías, pobreza y marginación secular que padecen: 1. La propiedad ancestral, uso, aprovechamiento y cuidado de las tierras, territorio y bienes naturales, 2. El ejercicio de las tareas de seguridad, justicia y reinserción social y 3. El autogobierno, la participación y representación política.
En el primer aspecto las empresas y gobiernos siguen destruyendo los territorios indígenas, saqueando los bienes naturales sin consulta previa, libre e informada a los pueblos. Con este gobierno se reformó la Ley Minera y se tuvo la oportunidad de adicionar la obligación de consultar antes de otorgar una concesión, reducir el tiempo de otorgamiento e imponer obligaciones ambientales y sociales a las empresas mineras pero no se hizo, la discusión se centró en el litio y todos aplaudimos cuando fue declarado propiedad de la nación, mientras la minería a cielo abierto devasta los territorios indígenas y deja desolación y muerte para los pueblos indígenas y nadie dice nada.
En el segundo, no se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a tener su propia seguridad, justicia y reeducación, a pesar que en la vía de los hechos en varios municipios de la Montaña y Costa Chica organizados en la CRAC-PC desde el año de 1995 realizan esta ardua labor en sus territorios logrando una disminución colosal de los índices de violencia, por el contrario, se les sigue criminalizando.
En el año 2011 se creó Ley 701 que reconocía la seguridad, justicia y reinserción social de los pueblos indígenas y afromexicano, pero al reformar la Constitución local en el año 2014 ya no se elevó a rango constitucional, a la CRAC-PC se le limitó a ser un cuerpo de seguridad. Lo peor vendría en el periodo de gobierno del PRI. En el 2018 se eliminó lo poco que quedaba en el texto constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicano. La CRAC-PC desapareció del marco constitucional local.
Los pueblos indígenas con el apoyo de la CNDH y una fracción de Morena en el año 2018 impugnaron la legislación priista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la declaró inconstitucional por falta de consulta, ordenando al Congreso local hacer lo propio. La Consulta le tocó a esta legislatura. Nunca la realizó, no llamó a un diálogo a los pueblos, por el contrario, los diputados hicieron formatos de actas y recabaron firmas al por mayor en las comunidades. Simulando una consulta entregaron toda la documentación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró cumplida la Consulta. Simultáneamente reformaron la Constitución y las Leyes secundarias quitando de un plumazo los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano.
De manera concomitante a la impugnación legal, los pueblos indígenas y afromexicanos vieron la oportunidad de transitar la reforma indígena ante una mayoría relativa de Morena en la legislatura pasada por lo que emprendieron con el apoyo de algunos diputados una consulta exitosa que derivó en una iniciativa de Ley que presentó en diciembre de 2019 el diputado Aristóteles Tito Arroyo. Nunca le dieron trámite legislativo.
En el tema de autogobierno y representación política, tampoco se ha avanzado. El gobierno municipal de Ayutla es atacado por distintos flancos. A la fecha los partidos políticos lo han infiltrado y diezmado, yace dividido y enfrentado con las comunidades que son su columna vertebral. Los partidos se han negado a que los pueblos indígenas y afromexicano puedan proponer sus candidatos a distintos cargos de representación popular de manera directa. La reciente reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero dispone que la participación es a través de los Partidos políticos haciendo nugatorio el derecho de los pueblos indígenas a acceder a cargos públicos. Por lo demás, el Congreso del Estado se niega a declarar municipios por usos y costumbres a Huehuetán, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal, Huixtepec y Chimalapa. Ni siquiera se ha dignado responder su solicitud que se encuentra en la gaveta de la legislatura desde hace un año. Los índígenas y afromexicanos de estas comunidades han tenido que recurrir a los amparos para obligar a los diputados a dar contestación a la solicitud.
Así, a los pueblos indígenas y Afromexicano se les reconoce su vestimenta, su música, sus artesanías y se les dan programas sociales, pero se les niega la propiedad ancestral de sus territorios, se les impide que sean gobierno y operen la justicia en sus territorios.
Este gobierno al igual que los anteriores siguen viendo a los pueblos indígena y afromexicano como entes manipulables a los que hay que darles carreteras artesanales, pagarles para que siembren árboles y otros apoyos sociales, pero se les niega el derecho a que ellos decidan libremente qué hacer con su seguridad, su justicia, sus tierras y territorio, conformar su gobierno, acceder a la jurisdicción del estado y cargos de elección popular de manera directa.
Por lo anterior ni la reforma a la Constitución local ni la federal han avanzado. Los diputados locales se han convertido en férreos opositores de la reforma, son lacayos del cacicazgo y la derecha rancia y conservadora. En el plano federal el INPI realizó los foros de consulta, pero nunca se presentó la iniciativa. El gobierno privilegió otras reformas como la Ley de la Guardia Nacional, mientras los indígenas y afromexicanos tenemos que seguir esperando.
