Silvestre Pacheco León
Todos recordamos el año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada porque fue el levantamiento del EZLN en Chiapas, lo cual fue visto por la derecha como el aguafiestas de su éxito para acceder al mundo globalizado y a la oportunidad de que la clase patronal se modernizara para competir con sus pares sin el apapacho ni la protección del Estado.
Con el TLCAN en México se vivió la euforia por lo que significaba la llegada de grandes masas de capital con su gama de empleos. Hasta los burócratas celebraban incluso que en sus adquisiciones el gobierno podría comprar a mejor precio y de superior calidad productos y servicios que antes estaban reservados para las empresas mexicanas acostumbradas a negociar contratos a modo con sus respectivos moches.
Pero sin que la mayoría lo supiera, con ese tratado que anunciaba el ingreso de nuestra economía al bloque de las economías primermundistas entraba también en vigor un mecanismo que el capital trasnacional, con el apoyo del Banco Mundial, había ideado para evitar la tentación de los países llamados periféricos de buscar otros caminos de desarrollo sin dependencia.
Fueron los llamados Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) firmados por las empresas y los Estados para asegurar los privilegios de su inversión mediante el establecimiento de tribunales llamados supranacionales que podrían atender las quejas y demandas cuando se pusieran en riesgo sus ganancias.
Todos los países de nuestro continente han aceptado esas condiciones que son como el moderno pago de tributo, aunque ahora no sea frente a un poder de fuerza disuasivo, sino mediante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que siempre tiene proclividad por las empresas.
Pues México ya está siendo víctima de ese mecanismo neocolonial que se opone a todo cambio que los Estados nacionales determinen aunque estos sean para favorecer a su población y busquen la preservación de sus recursos naturales en los que se puede sustentar el desarrollo.
Como la política del gobierno federal busca recuperar el control de las empresas estratégicas de energía y la soberanía alimentaria cuidando los recursos naturales y combatiendo la contaminación, está confrontando a toda la gama de inversionistas foráneos que no se ajustan al interés nacional.
Su oposición a la contaminación ambiental en la extracción de minerales por parte de empresas extendidas en el territorio nacional, poniendo por delante la salud y el bienestar de la población, también entra en contradicción con el capital trasnacional contrario al desarrollo nacional independiente porque significa una ruptura con el modelo neoliberal cuyos efectos nefastos han puesto ahora en contra hasta al propio gobierno de Joe Biden.
El investigador del Institute for Policy Studies con sede en Washington, Manuel Pérez Rocha Loyo ha publicado en esta semana datos alarmantes sobre esta situación en la que México está siendo amenazado por empresas mineras como la canadiense First Majestic Silver la que, de acuerdo con una nota de la agencia Reuters, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional en el que reclama una compensación de 500 millones de dólares porque se siente agredida debido a la acusación que le hace el gobierno mexicano porque se niega a pagar una deuda de 11 mil millones de pesos en impuestos.
El investigador que participa en la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, organismo creado por sindicatos, ONG, ambientalistas y pueblos originarios, ha trabajado sistemáticamente analizando el impacto económico de esos convenios sobre los gobiernos nacionales, sugiriendo la conveniencia de derogarlos porque afectan el interés nacional y ponen en riesgo a la sociedad mexicana que requiere asegurar gastos para la atención a la salud y la pensión universal de sus adultos mayores.
Pero claro que para cancelar dichos convenios no basta solo la decisión del gobierno, sino una amplia movilización popular que exhiba y haga recular la pretensión de esas empresas que se niegan a aceptar la prevalencia del interés nacional sobre sus ganancias.
Recuérdese que el presidente de Bolivia Luis Arce nos ha informado del diseño ideado por los gobiernos del partido Movimiento al Socialismo para participar en las ganancias de las empresas foráneas establecidas en su país. Eso es algo benéfico y posible para el caso nuestro.
Para alertar al gobierno de la 4T que se opone a la voracidad de las empresas trasnacionales, Manuel Pérez Rocha Loyo ha traído a colación el caso de la República Musulmana de Pakistán (el país de los hombres puros) del sur de Asia, cuyo gobierno está tomando la iniciativa de derogar esos tratados frente a una demanda en su contra que acaba de perder por más de 5 mil 500 millones de dólares de la empresa minera Antofagasta con sede en Australia que exige dicha cantidad como compensación porque el Estado pakistaní le denegó una licencia para explotar el yacimiento de oro y plata calificado como el más grande del mundo.
Al cabo de siete años de litigio la empresa fue notificada que ganó su reclamación que obliga a Pakistán a pagar el monto de la demanda, los gastos del litigio y hasta los intereses del 2011 a la fecha por no dejarla beneficiarse con las ganancias que le generaría la explotación del mineral.
Según lo que escribe este investigador en revistas y periódicos que divulgan la problemática de la minería en nuestros países, México enfrenta ya tres demandas de ese carácter. En el 2018 lo demandó la minera Legacy Vulcan por una controversia ambiental en su explotación de caliza cerca de Playa del Carmen en Quinta Roo, y en 2019 la Odyssey Mineral Exploration por no haber aprobado los permisos ambientales para la explotación de fosfatos en el fondo marino de la península de Baja California por 3 mil 540 millones de dólares.
Pérez Rocha Loyo nos previene de que si no se revisan y derogan los tratados mencionados, México pronto estará enfrentando demandas de pago por un monto que puede llegar a los 8 mil millones de dólares.
Por eso frente a la coyuntura de la reforma a la ley eléctrica de AMLO y el malestar de las empresas trasnacionales que se sienten afectadas conviene estar atentos a lo que resulta de la confrontación entre la minera Antofagasta y el gobierno del país de la recordada Benazir Bhutton, la primera ministra asesinada en un ataque terrorista en el 2007.
- El desmantelamiento de una planta industrial ilegal dedicada al robo de combustible en Ecatepec, descubierta por la Conagua que detectó altos niveles de explosividad en la infraestructura a su cargo provocada por fugas en las tomas, ha sido un golpe determinante contra el huachicoleo en pleno inicio de las campañas electorales que antes incluían ganancias mal habidas canceladas para no volver.
