La difusión de una lista de posibles víctimas de los “vuelos de la muerte” durante la guerra sucia en México, en los años setenta del siglo pasado, interpela enérgicamente a las autoridades y a la sociedad entera.
Esa relación de nombres, seudónimos, lugares y fechas de detención y entidad policial o militar responsable, asociada con vuelos de destino no identificado, forman una pieza adicional en la reconstrucción de ese episodio del horror que vivió el país hace cincuenta años.
Entre familiares de desaparecidos e investigadores ha suscitado asombro la comprobación de que los datos ahora exhibidos pueden relacionarse en el tiempo y en el espacio con otros indicios de la suerte que pudieron correr decenas de personas, militantes, activistas o incluso ciudadanos sin actividad política, bajo la sanguinaria ola represiva de aquella época.
En este diario hemos dado seguimiento a investigaciones y hallazgos de ese tramo de la guerra sucia. En el rescate de la memoria política y social del estado, importan en particular acontecimientos como los citados, por su impacto tan cercano: hasta donde se sabe, los vuelos despegaban de la base militar y aérea de Pie de la Cuesta, buena parte de las fuerzas operativas de la represión provenía de la 27 Zona Militar y, sobre todo, las víctimas eran en una gran proporción originarias y residentes en la entidad.
La exposición pública de esta valiosa información ocurre en un momento en el que está en declive la política de derechos humanos del gobierno federal. El impulso que tuvo esa parte de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador al principio del sexenio, perdió vigor hasta llegar a un estado deplorable.
Así lo muestran, por ejemplo, la parálisis a la que ha llegado la investigación del caso Ayotzinapa o la involución de instancias llamadas a mejores resultados, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración o la Comisión Nacional de Búsqueda y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Quizás por esa atmósfera refractaria a la transparencia y la rendición de cuentas, la divulgación de la lista de presuntas víctimas de los “vuelos de la muerte” surgió de la sociedad. Fueron familiares que recibieron el reporte de manos de autoridades o investigadores y periodistas que lo obtuvieron por sus medios, quienes pudieron divulgar el hallazgo.
Es notable, en cambio, la ausencia de una autoridad que se haga cargo de los datos, que ubique la información en su contexto histórico y que ofrezca respaldos documentales que ratifiquen o rectifiquen el relato que se desprende de la relación de nombres.
Si esa autoridad brilló por su ausencia a la hora de difundir el documento, no debiera seguir fuera de la escena una vez que la información es conocida. El gobierno federal, sus organismos relacionados con los derechos humanos y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, están obligados a exponer sus apreciaciones, a definirse sobre los datos que están a la vista, a emprender las acciones necesarias para cobijar a esa relación de nombres con el contexto necesario.
Las autoridades a las que corresponda están obligadas a reconocer la responsabilidad, a pedir perdón a los familiares de las víctimas y a garantizar la no repetición de las atrocidades que en mala hora estremecieron a la ciudad, al estado y al país. Toca a la sociedad, una vez más, reclamar el cumplimiento de esos deberes.
