EDITORIAL
El mensaje del obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, arroja luces y sombras sobre su caso. La señal más luminosa del texto difundido por la Conferencia del Episcopado Mexicano es que el prelado por fin se manifiesta por sí mismo, aunque sea de manera indirecta.
Concluyen así doce días de incertidumbre sobre su situación personal. Él mismo reporta que “mi vida, edad y mi salud” están en condiciones “desfavorables”. Aún en esa precaria circunstancia, es alentador que el prelado haya salvado la vida y logrado una recuperación que lo lleva, al menos, a expresarse.
Su primera manifestación abierta al público fue para anunciar que no presentará denuncia sobre los hechos que lo afectaron. La decisión, entendible y respetable, deja, sin embargo, una zona de oscuridad en un asunto que es del mayor interés social.
El esfuerzo de memoria y el testimonio del obispo pudieron haber precisado, cotejado, confirmado o impugnado cualquiera de los extremos que han difundido autoridades, sin que hasta la fecha haya certeza sobre lo que realmente pasó el último fin de semana de abril en relación con el clérigo.
El obispo confirma que hubo victimarios que le hicieron daño y deplora su “revictimización” a causa de la “desinformación”. Es decir que señala haber sufrido un ataque y rechaza versiones infamantes que circularon sobre su caso.
A falta de su denuncia, todo queda en manos de las autoridades de Morelos, lo cual produce un hondo escepticismo. Sólo la decisión de ventilar el caso en público con cabos sueltos y sin pruebas fehacientes y las contradicciones entre la Fiscalía local y el gobierno estatal, llevan a dudar de una investigación seria, responsable, profesional y por lo tanto certera. Sin embargo, aún con tan débil expectativa, es necesario insistir en que proceda la pesquisa, que se recaben pruebas y que se presenten los resultados por la vía judicial, a fin de que se persiga y castigue a los presuntos responsables del daño causado al obispo Rangel.
Un ángulo adicional de este episodio es el que expuso el domingo pasado en su homilía el obispo de Cuernavaca y secretario general de la CEM, Ramón Castro Castro. Allí el prelado aseguró que “ya saben quién” –en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador–, activó su “fábrica de bots” para enrarecer el ambiente en torno al caso del emérito, a fin de dañar la autoridad moral de la Iglesia católica en México. El mandatario rechazó que su gobierno hubiera emprendido una campaña de ataques contra Rangel y dijo que, por el contrario, defiende la libertad de creencias.
El choque verbal no tuvo de inmediato mayores consecuencias, pero confirmó que se mantiene el diferendo entre el gobierno federal y parte del clero católico por diversas causas, pero centralmente en torno a la violencia del crimen organizado y la política de seguridad pública a raíz del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara en junio de 2022.
Por último, aunque no menos importante, la declaración del anterior titular de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirma una sospecha que anidaba en el ánimo social desde los primeros reportes de desaparición del prelado: un agente activo de pacificación en el estado de Guerrero parece que ha quedado fuera del escenario.
Rangel llegó a la diócesis hace nueve años y emprendió un peregrinaje por poblados y serranías, donde conoció de primera mano la pobreza de la zona, el imperio del crimen organizado, las complicidades entre autoridades de gobierno, corporaciones policiacas, militares y delincuentes, la tala ilegal, el desplazamiento forzado de familias y la violencia como denominador común.
Pronto enfrentó ataques de los gobiernos estatales –lo mismo el anterior del PRI que el actual de Morena– y la incomprensión o rechazo de sectores sociales por su esfuerzo para buscar la pacificación de la zona, incluso mediante entrevistas con jefes de la delincuencia. Apenas en febrero pudo conocerse su gestión para frenar la espiral de violencia, que ya se disparaba una vez más en Chilpancingo y municipios vecinos.
Al parecer ha desaparecido ese factor de paz. El obispo Rangel ha dado por lo pronto un paso al costado y deja un vacío muy difícil de llenar. Lo lamentará la sociedad de Guerrero, tan escasa de recursos para enfrentar la violencia endémica que se mantiene ante el fracaso de la política de seguridad de los gobiernos.
