Gaspard Estrada
El presidente Lula lanzará hoy en Río de Janeiro, durante la cumbre ministerial del G-20, la Alianza Global contra el hambre y la pobreza. Este programa, que tendrá por objetivo transformarse en un organismo intergubernamental independiente del G-20 este año, representa una de las mayores apuestas del tercer mandato del fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT). En efecto, uno de los peores efectos de la pandemia fue el aumento del hambre y de la pobreza en el mundo. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de personas que padecen hambre en el planeta aumentó en más de 120 millones durante este periodo. En algunos países de América Latina fue revertida buena parte de los avances en materia de desarrollo social que se habían llevado a cabo durante los años 2000, provocando que esta agenda sea más indispensable que nunca, no únicamente para los países más pobres, sino también para las economías emergentes.
Sin embargo, la arquitectura financiera actual no está adaptada para hacer frente a este desafío mayúsculo para la comunidad internacional. Si bien las instituciones multilaterales existentes tienen el mandato de reducir la pobreza y las desigualdades, los recursos disponibles no son suficientes para responder a las necesidades de las sociedades y de los gobiernos.
Por ello es indispensable generar mecanismos financieros e institucionales innovadores, para revertir esta situación y lograr reducir –o eliminar, si es posible– el hambre y la pobreza extrema, lo que correspondería a cumplir, finalmente, con los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (1, erradicación de la pobreza, y 2, hambre cero y agricultura sostenible).
Es en este contexto que, durante la Cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi, hace poco menos de un año, el presidente Lula da Silva anunció la creación de un Grupo de Trabajo para asentar una Alianza Global contra el hambre y la pobreza, a ser construida y formalizada durante la presidencia brasileña del G-20. En efecto, Brasil tiene una amplia experiencia y es reconocido internacionalmente por sus políticas de transferencia de ingresos y programas de reducción de la pobreza y la desigualdad –como el programa Bolsa Familia, lanzado por Lula durante su primer gobierno, en 2003, que beneficia a más de 55 millones de personas en el país y que ha sido fuente de inspiración para otros países en materia de política social. Por otro lado, la diplomacia brasileña ha venido insistiendo en la necesidad de reformar la arquitectura global del financiamiento al desarrollo.
Por ello, el grupo de trabajo constituido por la presidencia brasileña del G-20 se ha enfocado en crear las reglas de financiamiento y de gobernanza de esta nueva institución internacional, que tendrá como misión principal compartir políticas públicas que han funcionado a nivel nacional, gracias al financiamiento de instituciones multilaterales de desarrollo, que usarán nuevos mecanismos de préstamo. Pensamos, en particular, en el uso innovador de los derechos especiales de giro, administrados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que al día de hoy solo pueden ser empleados por los países miembros del FMI. Gracias a la reforma emprendida hace unos meses por el FMI con el apoyo de múltiples naciones (en particular, de países emergentes), será posible en un futuro próximo que los bancos multilaterales de desarrollo usen parte de estos derechos especiales de giro para financiar programas y proyectos sociales. Y gracias a estos recursos, las políticas de lucha contra el hambre y la pobreza podrán tener un impacto mucho mayor, contribuyendo a eliminar –o al menos, reducir sustancialmente– la pobreza y el hambre en el mundo. Esperemos que esta vez, los líderes pasen de las palabras a los hechos.
* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
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