Madrid, España, 18 de enero de 2023. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cesado a casi medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas que se desempeñaban en funciones de seguridad del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, evidenciando aún más la desconfianza que ya expresó tras el asalto de las instituciones.
Entre los cesados están cuarenta militares de las Fuerzas Armadas que se desempeñaban en un departamento de la Secretaría General de la Presidencia que se encarga de la seguridad de la residencia oficial y otros que hacían parte del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más señalados tras los ataques del pasado 8 de enero en la Explanada de los Ministerios.
La decisión del presidente Lula evidencia los recelos que ya manifestó en relación a la connivencia que habrían mostrado ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y los militares con la turba de acólitos de Jair Bolsonaro, afirmando que estaba seguro de la presencia de “cómplices” en aquellos hechos violentos.
“Hubo muchos cómplices, cómplices en la Policía Militar, cómplices en las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que las puertas del Palacio del Planato se abrieron desde dentro porque no estaban rotas”, dijo el pasado jueves.
Por otro lado, al menos quince agentes de las fuerzas del orden de Brasil, incluyendo policías militares, soldados de las Fuerzas Armadas e incluso un bombero, estarían implicados de alguna manera en los actos golpistas del pasado 8 de enero en Brasilia, cuando una turba de seguidores de Jair Bolsonaro atacó las sedes de los tres poderes.
Mientras, e Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha incluido el borrador de golpe de Estado que las autoridades brasileñas encontraron en el domicilio del exministro de Justicia y Seguridad Nacional Anderson Torres en una investigación sobre la campaña del expresidente Jair Bolsonaro a la reelección.
El juez Benedito Gonçalves ha decidido este lunes incluir el documento de borrador de decreto en el expediente de Bolsonaro, a quien le ha dado tres días para pronunciarse sobre el contenido del documento.
Además, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, la magistrada Rosa Weber, ha anulado el último indulto de Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por la muerte de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de Sao Paulo, en lo que se conoció como la masacre de Carandiru.
Texto: Europa Press
