Foto EFE.- Vista Tarraco Arena donde este 14 de septiembre se celebró un acto unitario del independentismo en favor de la celebración de un referéndum el 1 de octubre.
DPA
Madrid, 15 septiembre 2017. – La crisis por el referéndum independentista convocado en Cataluña para el 1 de octubre y considerado ilegal por el gobierno español sumó hoy un nuevo frente: Madrid acordó un mecanismo para asumir los pagos de la región nororiental e impedir así que se usen fondos públicos para organizar la consulta.
La intervención “de facto” de las cuentas catalanas por parte del Estado central añade un obstáculo a los independentistas dos semanas antes del polémico referéndum y se conoce solo un día después de que el “Govern” catalán anunciara que dejará de enviar su informe semanal de gastos a Madrid por considerarlo un modo de “control político”.
“No se utilizará dinero público de todos los catalanes para una ilegalidad que solo interesa a una parte de ellos”, prometió el portavoz del gobierno en Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, al anunciar la medida. A su lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, detalló el alcance de la medida.
“Ante la situación de manifiesta ilegalidad en Cataluña, se ha establecido un mecanismo de pagos para garantizar los servicios públicos de los catalanes”, señaló el ministro, según el cual el control se prolongará “el tiempo que dure la situación de excepcionalidad” creada por Cataluña.
El “mecanismo de control de pagos novedoso” —definió Montoro— prevé que el Estado asuma el pago de servicios públicos fundamentales en Cataluña como nóminas, educación, sanidad o servicios sociales. “No se ha hecho nunca y se está haciendo en razón de la excepcionalidad que estamos viviendo”, explicó.
La respuesta de Madrid al desafío secesionista fue interpretada en la prensa española como una “intervención de facto” de las cuentas catalanas, una definición que Montoro no negó. El ministro admitió que la medida “afecta a la autonomía financiera de la ‘Generalitat’ (el gobierno catalán)”, pero aseguró que no implica asumir competencias de la Comunidad de Cataluña.
El enfrentamiento entre Madrid y Barcelona sigue así escalando a falta de dos semanas para el polémico referéndum que el “Govern” catalán insiste en seguir organizando pese a la suspensión de la Justicia y las medidas del gobierno central para impedirlo.
En ese clima de incertidumbre, los principales impulsores del referéndum y la independencia enviaron una carta a Rajoy y al rey Felipe VI para pedirles negociar una consulta pactada y abrir “un diálogo abierto y sin condiciones”.
“Escuchar la voz de la ciudadanía no es un problema y aún menos un delito”, añade el texto firmado por el presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, la presidenta del “Parlament” catalán, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La carta critica también la “ofensiva de represión sin precedentes” que atribuye al Gobierno central, refiriéndose así a los diversos mecanismos legales activados por el Estado para frenar la consulta.
Los firmantes de la carta insisten en que su “disposición al diálogo ha sido, es y será permanente” y aclaran que envían una copia al rey Felipe VI “para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas”.
La carta se difundió horas después de que Puigdemont abriera la noche del jueves al viernes la campaña para el referéndum unilateral. “¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?”, preguntó en el acto ante cerca de 9.000 personas.
Pese a su llamado al diálogo, las dos partes reaccionaron con escepticismo a la carta. El propio portavoz del “Govern”, Jordi Turull, comentó hoy: “Si no han tenido altura de miras hasta ahora, tampoco creo que la tengan estos días”. El portavoz Méndez de Vigo, por su parte, consideró “un sarcasmo” que Puigdemont pida ahora dialogar cuando se ha instalado en una “desobediencia palmaria”.
Tras años de tensiones entre Cataluña y Madrid, el gobierno de la región española lanzó hace una semana un desafío inédito al Estado español al convocar de forma unilateral la consulta sobre la ruptura con España. Si gana el “sí”, Cataluña pretende declarar la independencia de España en 48 horas.
Pocas horas después de que se concretara la convocatoria, el gobierno de Rajoy la impugnó y el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente. Méndez de Vigo volvió a prometer hoy que “el referéndum no se producirá porque es ilegal” y pidió a los ciudadanos “confianza” en que el Gobierno sabrá impedirlo.
