El INAH no requiere ser propietario de las tierras con monumentos arqueológicos para ejercer sus facultades, explica en entrevista el especialista Alfredo Barrera sobre el conflicto en Yucatán
Ciudad de México, 16 de julio de 2021. Integrantes del ejido Chablekal, en Yucatán, mantienen cerrada, desde el 3 de julio, la zona arqueológica de Dzibilchaltún, una de las más visitadas del estado.
Exigen la expropiación y el pago de los terrenos ejidales donde se localizan los monumentos arqueológicos mayas.
Esta zona se ubica dentro del Parque Nacional Dzibilchaltún, que comprende más de 539 hectáreas de Chablekal. De éstas, el sitio patrimonial abarca unas 110, supuestamente cedidas de modo voluntario al INAH en 1962, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán.
Los ejidatarios, quienes reclaman el pago de 53 hectáreas, desconocen este acuerdo por considerarlo irregular, según explica en entrevista, desde Mérida, Manuel Abán Can, comisario ejidal de la localidad.
“No es válido, porque lo hace la antigua Reforma Agraria, pero sin ninguna asamblea de por medio. Es un compromiso a la palabra, por decirlo así”, señala.
Además, según denuncia, el decreto de 1987 que declara estos terrenos como Parque Nacional Dzibilchaltún tampoco consideró la voluntad de los ejidatarios.
Se decidió cerrar la zona arqueológica, dice Abán Can, porque, aún con lo anterior, desde 2009 el INAH se comprometió a promover la expropiación, pero han transcurrido los años sin que el tema reporte avances.
En 2018 se instalaron mesas de diálogo, sin resultados, y en julio de ese año los ejidatarios cerraron la sede del Instituto en Yucatán.
Este 2021, las negociaciones para firmar un convenio de ocupación previa comenzaron en mayo, pero tampoco prosperaron, acusa Abán Can.
Un convenio de ocupación previa se refiere a un acuerdo de expropiación entre el ejido y las autoridades federales, que requiere un primer pago o abono mientras se efectúa el proceso, explica.
Consultado, el INAH envió a Reforma una tarjeta informativa en la que se indica que “la solución a las peticiones de los ejidatarios se dará sólo a través de la negociación y el diálogo”.
Asimismo, informan que han mantenido el trabajo de coordinación interinstitucional con las secretarías de Gobernación y Recursos Naturales, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Agraria, “para buscar propuestas conjuntas que den atención a las demandas planteadas por los representantes ejidales”.
Propiedad de la nación
Aunque sería ideal que las tierras con monumentos arqueológicos fueran propiedad del INAH, el instituto no requiere de esto para ejercer sus facultades, explica en entrevista el arqueólogo Alfredo Barrera, quien dirigió la representación de la dependencia en Yucatán de 1989 a 2000.
“El INAH no requiere de la propiedad de los terrenos para hacerse cargo de sus funciones. Gran parte de las zonas arqueológicas de país no son de su propiedad, pero tiene facultades para proteger el Patrimonio de la Nación”, asevera.
“Aunque un particular tenga vestigios arqueológicos en su terreno –ya sea privado, ejido, parcela o de cualquier otra índole–, estos no son de su propiedad, porque pertenecen a la Nación, como lo indica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que da facultades al Instituto para la exploración, restauración de los mismos, etcétera”.
El acuerdo de cesión voluntaria de terrenos de 1962, ahora cuestionado por los ejidatarios, no fue impugnado cuando se hicieron en Dzibilchaltún obras como el Museo del Pueblo Maya o el parador turístico, en los años 90, recordó Barrera.
La expropiación, añadió, es un proceso largo y complejo que no depende del INAH e involucra a varias instituciones y a la Presidencia de la República.
Mientras el tema sigue su curso, el ejido de Chablekal, según se informó, mantendrá cerradas las instalaciones de Dzibilchaltún hasta obtener una respuesta satisfactoria.
Texto: Yanireth Israde / Agencia Reforma
